Iván
Gómez
Jefe
de Local de Diario de Almería
A
primera hora de la mañana del 20 de octubre de 2009 un amplio despliegue
policial tomaba el Ayuntamiento de El Ejido, detenía al entonces alcalde Juan
Enciso, al interventor Pepe Alemán y a una veintena de personas, además de
registrar varias subcontratas con las que tenía relaciones comerciales la
empresa municipal Elsur. Estallaba la mayor trama de corrupción de la
provincia, por la que se pueden haber malversado nada menos que 150 millones de
euros de las arcas públicas ejidenses.
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| Una mañana ajetreada |
Ríos de tinta brotaron sobre la vida y
obra de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias,
blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y malversación de
caudales públicos, entre otros, así como sobre sus conversaciones telefónicas
cuando en marzo de 2010 se abre una parte del sumario tras once meses de
secreto de las diligencias incoadas. Poco después llegó la libertad bajo fianza
para Enciso, Alemán y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate -los
últimos en salir de la prisión- y ya en enero de 2011 se libera casi la
totalidad del sumario, el más extenso y complejo de la historia judicial de
Almería y también el primero que se digitaliza. Más de 260.000 folios, casi 80
imputados, 13 testigos, 9 protegidos, 38 abogados y una veintena de
procuradores en la misma causa.
Desde
entonces, la
Operación Poniente se ha ido apagando, pasando a un segundo
plano informativo, y el interés se ha concentrado en el retraso de una
instrucción judicial que en cuestión de tres semanas cumplirá cuatro años.
Desde principios de 2011 todas las miradas están puestas en los profesionales
de la Agencia
Tributaria y su rastreo del dinero arrebatado a los ejidenses
a través del cruce de datos de rentas, patrimonios, movimientos bancarios,
cuentas y sociedades de los implicados en la red delictiva.
El Juzgado de
Instrucción nº 2 de Almería sigue a la espera de los informes definitivos de la Agencia Tributaria
y la judicatura (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y vocales del
Consejo General del Poder Judicial) viene manifestando en repetidas ocasiones
que no entiende la demora de un proceso que, a juicio del juez decano Luis
Columna, no debería prolongarse más allá de tres o cuatro meses. Desde la Dirección General
de la Agencia
Tributaria (AEAT) han querido anunciar, a través de este
periódico, que no hay ninguna parálisis, sino todo lo contrario.
Ya se han
emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales y se están
ultimando los informes periciales definitivos para entregarlos al instructor
del caso antes de que finalice el año. Este organismo dependiente del Ministeri
o de Hacienda y Administraciones Públicas aclara que ya a finales de 2009 se
produjo la petición y designación de funcionarios de la AEAT en funciones de auxilio
judicial del expediente. “A estas tareas se vienen dedicando desde esa fecha
unos efectivos, dirigidos por un inspector de Hacienda del Estado, que suponen
una porción muy relevante de la plantilla de funcionarios del Área de
Inspección Financiera de la sede de Almería”, afirma Máximo Suchowolski,
portavoz de la
Agencia Tributaria.
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| Se requisaron cajas enteras de documentos |
Desde
finales de 2010, cuando culminó la organización de toda la documentación
intervenida en papel, la AEAT
tuvo que aportar también medios materiales y humanos para facilitar al Juzgado
la labor de digitalización. Los documentos escaneados ascienden a más de 500
archivadores de aproximadamente 400 páginas cada uno. De manera que el equipo
de auxilio judicial de la
Agencia Tributaria , según indican, no pudo empezar a trabajar
con la ingente documentación intervenida y digitalizada hasta julio del pasado
año. Es más, ese mismo equipo ha tenido que copiar y analizar toda la
información contenida en los soportes informáticos que fueron incautados, casi
1,7 millones de archivos repartidos en 78 dispositivos diferentes. De todos
esos datos de la trama, ya se han analizado alrededor del 90%. Previamente, la AEAT ha depurado más de un
tetrabyte, eliminando archivos de los sistemas operativos que no tenían
relevancia alguna para la investigación.
De
hecho, más de 4.000 conversaciones de las grabaciones telefónicas a los
presuntos cerebros del entramado fueron descartadas porque sólo contenían
detalles de la vida privada privada, e incluso íntimos, sin valor para la
instrucción. Desde la
Dirección General de la Agencia Tributaria
destacan que la
Operación Poniente se deriva de las investigación realizada
por su Unidad de Planificación y Control en relación al grupo empresarial Elsur
y sus relaciones con el Ayuntamiento de El Ejido.
“La operación tuvo como
origen las investigaciones de la Agencia Tributaria y desde el comienzo los medios
asignados han sido extraordinarios para la dotación de personal de la AEAT existente en Almería”,
añade Máximo Suchowolski. En este sentido, han querido subrayar el “espíritu de
colaboración” que han mantenido tanto en los medios humanos asignados como en
la realización de tareas ajenas a su competencia y el escaneado de la
documentación con el único objeto de impulsar el avance del proceso penal. Han
hecho todo el trabajo sucio. El juez Jesús Miguel Hernández podrá abrir el
juicio oral en cuestión de meses.
Mientras
los grandes partidos en la provincia se enzarzan en batallas parlamentarias
sobre el déficit de medios y recursos judiciales en la instrucción de la Operación Poniente ,
los propios magistrados han sido los que en los últimos meses han señalado a
los informes de la
Agencia Tributaria como causantes del retraso de un proceso
que determinará la responsabilidad de los cerca de 80 imputados por cohecho,
tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales,
malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en la mayor
trama de corrupción de la provincia.
Los socialistas elevaron una iniciativa al
Congreso de los Diputados el miércoles en la que instaban al Gobierno, en
colaboración con la Junta ,
a dotar de los medios necesarios al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.
En su Proposición No de Ley pedían un juez de refuerzo, así como la asignación
de expertos de la
Hacienda Pública y el Banco de España. El Grupo Parlamentario
Popular rechazó la propuesta y optó por preparar una enmienda que no llegó a
ser admitida por la parte proponente.
El PP entiende que debe ser el Consejo
General del Poder Judicial el que debe determinar las medidas de refuerzo de la
instrucción, con la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros
órganos mediante comisiones de servicio. Es más, los populares sostienen que se
tuvo un juez de refuerzo hasta que el momento procesal lo requirió. A partir de
ahí, todo lo demás han sido cruces de acusaciones sobre intereses ocultos de
unos y otros porque la verdad -del juez- no se conozca.
Pero
el reproche más relevante no ha partido de la clase política. Han sido los
jueces los que han criticado el retraso de la causa achacándolo al peritaje de la Agencia Tributaria.
Hace un par de semanas lo hicieron en una visita a la provincia cuatro vocales
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Miguel Carmona, Pío Aguirre,
Manuel Torres Vela e Inmaculada Montalbán manifestaron que harían llegar una
petición de diligencia al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para
la conclusión de los periciales, una queja expresada con anterioridad por el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
El
juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, considera que “dos años es
demasiado tiempo de espera de unos informes, lo razonable habría sido que
llegaran en tres o cuatro meses”. En este sentido, aclara que “no se ha pedido
ningún refuerzo, en cuanto lleguen se pedirá un juez de apoyo y más personal a
Gobierno y Junta”.
Cronología
de la Operación
Poniente
Noviembre
de 2007. La
Fiscalía Anticorrupción inicia la investigación. Da
órdenes para que se empiece a investigar la presunta trama en torno a las
subcontratas vinculadas a Elsur, empresa mixta del Ayuntamiento de El Ejido, y
las relaciones de cuatro familias.
Abril
de 2009. Autorizan las grabaciones. Las diligencias de la Fiscalía fueron
judicializadas en abril, mes en el que la jueza Montserrat Peña acuerda la
intervención telefónica de los terminales de los hombres clave de la presunta
trama de una quincena de empresas.
Octubre
de 2009. Intervención del Ayuntamiento de El Ejido y 21
detenciones. El día 20 de octubre la Policía interviene el consistorio, dónde recopila
cajas de información y ordenadores, y también de varias empresas ligadas a
Elsur. Los agentes detienen 21 personas, de las que finalmente seguirán en
prisión durante un mínimo de ocho meses los empresarios José Amate y Juan
Antonio Galán, el alcalde de El Ejido, Juan Enciso y el exinterventor
municipal, Pepe Alemán. Los demás quedan en libertad bajo fianza o con cargos a
los pocos días de su ingreso. Las detenciones se elevan después a 23.
Diciembre
de 2009. Declaración voluntaria. El todavía alcalde de El Ejido pide
declarar ante la jueza de forma voluntaria, pero ni con tres horas de confesión
logra que cambie su situación procesal. De hecho, su abogado Paco Torres, pidió
en dos ocasiones libertad provisional que fue denegada por la Audiencia Provincial
al entender que existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. El 28 de
diciembre se produce la detención de los hermanos Lirola, por las relaciones de
su grupo con Elsur, y consiguen eludir el ingreso en prisión con el pago de
fianzas de 50.000 euros.
Febrero
de 2010. Operación de Juan Enciso. El regidor ejidense se traslada a
la prisión granadina de Albolote para su posterior intervención quirúrgica en
el Hospital Virgen de las Nieves. La operación se realiza con éxito, vuelve a
prisión.
Marzo
de 2010. Levantamiento parcial del secreto de sumario. La jueza abre
veinte tomos del sumario, unos 16.000 folios, con las transcripciones de las
conversaciones telefónicas de los principales imputados en la trama de Elsur,
grabadas desde abril de 2009 hasta el mismo momento en el que se produce la
operación policial.
Junio
de 2010. Libertad para Enciso. Montserrat Peña decreta el 15 de junio
libertad bajo fianza de 300.000 euros para el alcalde de El Ejido. Un mes antes
hizo lo mismo con el empresario Juan Antonio Galán. Pepe Alemán y José Amate
siguen encerrados en la cárcel hasta el 29 de julio.
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