Pacto por un hospital

Juan Megino

Exalcalde de Almería

Por esta vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar en desacuerdo con la propuesta planteada a los partidos políticos por mi compañero y, sin embargo, amigo el Dr. Martínez Amo, Presidente del Colegio de Médicos de Almería y Presidente de Consejo Andaluz de Colegios Médicos, de un Pacto por el Hospital Materno Infantil de Almería.

Estando de acuerdo en el fondo, estimo, modestamente, que la petición, más bien, la exigencia, a las autoridades sanitarias competentes de la Junta ha de ser muchísimo más contundente que un más que, por otra parte, difícil Pacto político.

Veamos. Después de una serie de años de debate profesional y social en Almería, se llegó a la conclusión de la necesidad absoluta de completar la red hospitalaria pública con un nuevo hospital. No fue fácil hacerle ver a la Junta que todos los ratios manejados eran, una vez más, un agravio para Almería, desde un punto de vista asistencial y desde cualquier otra referencia, con respecto a otras ciudades andaluzas, siendo como somos, creo, ciudadanos con la misma condición y derechos que el resto, y no de menor categoría ni de menores necesidades.

Pues bien, hace aproximadamente tres años, la Junta decidió políticamente la construcción de dicho hospital, y tras la presentación del correspondiente proyecto ante el Ayuntamiento, luego ampliamente corregido en muchos aspectos básicos y fundamentales, obtuvo la correspondiente Licencia municipal.

Doy por sentado el amplio conocimiento que de estas circunstancias tiene el Presidente del Colegio. De lo que no estoy tan seguro es de qué estén tan al corriente los ciudadanos, al final enfermos potenciales todos.

Con el proyecto aprobado, la Junta licitó la obra y la adjudicó a una empresa ampliamente solvente, que, seguro, hubiera ejecutado la obra en tiempo y forma, y es aquí donde está la “madre del cordero”.

Para poder adjudicar una obra es imperativo legal disponer de la partida económica correspondiente en los presupuestos. Por tanto, si se adjudicó, debemos entender que existía el dinero. Si después, al poco de comenzar las obras, la Junta dejó de pagar y, lógicamente, la empresa abandonó el proyecto, quedan en el aire dos interrogantes trascendentales: ¿Había dinero para adjudicar la obra? Y si lo había ¿dónde fue a parar, a donde se derivó, a qué otra atención, para dejar de pagar a la empresa?

Estamos, pues, ante dos presuntas ilegalidades que, en su caso, debieran aclarar los tribunales de Justicia y nunca hacerlo a través de un Pacto político que, por otra parte, sería difícil de alcanzar, para poder dar la respuesta que los ciudadanos precisamos.