Un auto sin por qué ni para qué

Laura Blanco

Periodista / El Correo de Andalucía

En el mundo jurídico, el auto de Alaya no causó ayer menos extrañeza que entre los políticos. Con la cautela propia del colectivo al hablar de las decisiones de los órganos competentes, conceptos como “ambiguo” o “novedoso” servían para calificarlo.

La juez Alaya

El análisis, desde el punto de vista procesal, está claro: las siete personas apuntadas no están imputadas, por la sencilla razón de que la jueza no tiene competencias para hacerlo, como ella misma indica en el escrito. Su situación, en lo estrictamente jurídico, es la misma antes y después del auto. La jueza sitúa la investigación “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos” y por ello ve “conveniente [...] abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan respecto de las determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatorio acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”.

Ni el fiscal ni sus superiores han elevado cuestión alguna a la jueza para que se pronuncie sobre los aforados. Y pese a sus insinuaciones, que no son nuevas, Alaya no aclara ni avanza ningún paso para elevar el expediente de motivación necesario para solicitar su imputación a los tribunales superiores (el TSJA en el caso de los parlamentarios andaluces y el Supremo en el de los diputados y senadores). Es un paso que solo puede dar ella. Ni el TSJA ni el Supremo actúan de oficio. Por eso el auto no tiene consecuencias procesales.

Solo las defensas de algunos imputados han criticado en sus recursos ante la Audiencia las “imputaciones selectivas” o la “demora de las decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de competencia y la jurisdicción” de Alaya. Es la respuesta que la Audiencia dio a estas críticas en un auto del 6 de agosto en el que rechazaba el recurso del abogado del administrador de Uniter, José González Mata, la que sirve de base a Alaya para indicar a las personas apuntadas un camino que ya apunto la propia Audiencia: la posibilidad legal de personarse voluntariamente como partes, designando abogado, y acudir a declarar a su juzgado de motu propio. Como señalaba la Audiencia en ese auto, el juez instructor sí puede “recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, recuerda la Audiencia en un auto de agosto al que se remite la propia Alaya. Lo que no puede es “realizar actos procesales” como el que conlleva un juicio formal de imputación que supongan “la sujeción a un aforado a un procedimiento penal”.

La imputación judicial protege el derecho a la defensa de una persona acusada de un delito al permitirle declarar en presencia de un abogado (y mentir, algo que los testigos no pueden) y acceder (salvo secreto) al sumario, así como que su letrado esté presente en los interrogatorios de otros imputados pudiendo hacer preguntas.Tanto la Audiencia como ahora Alaya aluden al art. 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido en una reforma de 2002, que extendió a diputados y senadores un derecho que ya el art. 118 reconocía a todo aquel que en virtud de denuncia o querella se viera vinculado en una causa a un acto punible. Cualquier puede hacer uso de ese derecho reconocido en la ley sin necesidad de que un auto judicial lo indique.

En el caso de los aforados, el objetivo del legislador era salvaguardarles de “querellas o denuncias maliciosas, que buscan la repercusión mediática” cuando trasciende que un juez eleva una causa al Supremo porque ve implicaciones para un aforado. Mientras el Supremo determinaba si lo imputa o no, el afectado no sabía los delitos que indiciariamente se le atribuían. La propia redacción del artículo habla de “toda persona a quien se imputa un acto punible” cuando en realidad prevé reservar el derecho a la defensa previamente a la imputación formal.

Alaya critica el artículo porque “no evita las denominadas denuncias maliciosas” ni “la presión mediática” sobre los aforados –que dice “lamenta” sabiendo que su auto de ayer tendrá “un efecto multiplicador” de la misma–. Denuncia que “produce consecuencias procesales extrañas” porque permite personarse en la causa sin estar sometido a procedimiento penal y con ello, pudiendo desvincularse a su voluntad mientras un tribunal superior no decida, “lo que ha ocasionado que en alguna ocasión se les denomine imputados provisionales”, figura que no existe.

Pero ayer la jueza dictó un auto de 13 páginas para decir a siete pesos pesados de la política andaluza que existe esa posibilidad que rechaza y ordena que se les comunique “en calidad de imputados” pese a admitir que no tiene competencias para imputarlos. Mientras, sigue su tarea de “apurar y depurar la instrucción” que le apuntó la Audiencia. Y el TSJA y el TS, a la espera.

LAS CONSECUENCIAS

¿Ha cambiado la situación procesal de los aludidos?

• No. El auto de Alaya no tiene ningún efecto en lo estrictamente jurídico. Las personas apuntadas no están imputadas (la jueza no puede hacerlo). Tampoco pide formalmente su imputación al TSJA o el TS. Para ello, debe elevar un expediente motivando los indicios de delitos encontrados contra ellos.

¿Qué ocurre si se personan voluntariamente ?

• Tras designar abogado, tendrán acceso a todo el sumario (desde el principio) y sus defensas podrán entrar en los interrogatorios de otros imputados y preguntarles. Pueden solicitar o no declarar ante Alaya, una declaración de la que la jueza puede extraer datos y conclusiones que la convenzan definitivamente de su inocencia o en la que vea más material para pedir su imputación al TSJA o el TS. Como partes también tendrían derecho a pedir la recusación de la jueza y solicitar que se inhiba para que los órganos superiores asuman la causa.

¿Y si no lo hacen?

• Es un derecho y no ejercerlo no carece de consecuencias penales. La jueza seguirá con su instrucción y cuando lo estime oportuno puede elevar el expediente de motivación al TSJA o el Supremo pidiendo su imputación en base a los indicios de delito encontrados durante la investigación.

¿Se puede recurrir?

• Sí, en reforma ante la propia Alaya o en apelación ante la Audiencia, pero solo pueden hacerlo la Fiscalía y las partes ya personadas.

¿Deben decir algo el TSJA y el TS?

• No. Los tribunales superiores no actúan de oficio. Solo si Alaya les remite formalmente un informe o si una parte afectada la recusa por causa de incompetencia.