Portavoz de UPyD en Almería
El Ayuntamiento de Almería debe presentar con urgencia un plan alternativo al Mesón Gitano tras hacerse público el auto de suspensión dictado por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) que le ordena a suspender este contrato. Lo más importante ahora es que la financiación reservada a este proyecto pueda ser utilizada para actuaciones beneficiosas para el casco histórico antes de que expire el plazo de utilización de los fondos europeos FEDER.
Hay que señalar al concejal de servicios, Manuel Guzmán, como principal aunque no único responsable del bochornoso espectáculo del Mesón Gitano. La mala gestión del concejal Guzmán en este proyecto ha sido la principal causa de que un año después de que comenzasen los trámites administrativos haya sido paralizado nada menos que por el TSJA.
Este proyecto está cuestionado por la Consejería de Cultura y denunciado por UPyD ante la Fiscalía. Creemos que el cúmulo de errores y las consecuencias de los mismos es de tal magnitud que exige la dimisión del concejal o su cese por parte del Alcalde. En cualquier caso, instamos a éste a ser diligente y no paralizar una concejalía que tiene el reto de no perder una subvención tan importante como necesaria para la ciudad.
A pesar de todo, hay tiempo más que suficiente para enmendar el error y solicitamos coherencia y apoyo del resto de grupos políticos para hacer entender a la administración comunitaria la necesidad de estos cambios.
Por otra parte, pedimos al ayuntamiento que deje de especular, y de un lado cuente con las asociaciones vinculadas con el casco histórico, con los colegios de Ingenieros y Arquitectos y otros agentes sociales, para llevar a término los mejores proyectos alternativos posibles.
Es el momento de aprovechar todo lo que la sociedad civil almeriense quiere aportar y esperamos que concejala de distrito, Pilar Ortega, persona que muestra un talante abierto y receptivo, integre las demandas de los colectivos sociales y los objetivos del plan Urban en nuevos proyectos alternativos, que justifiquen adecuadamente el cambio ante la administración comunitaria.
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