Juan
Folío
Rodrigo
Sánchez, el alcalde de Fines, ha comparecido esta semana en los Juzgados para
dar su explicación sobre unas acusaciones que le ha hecho el PSOE sobre la
operación de compraventa por el Ayuntamiento de una propiedad familiar. A la
salida de los Juzgados, el alcalde se ha mostrado tranquilo y ha tranquilizado,
a su vez, al grupo de vecinos que acudieron para apoyarle.
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| Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines |
Según
manifiesta el alcalde, no hay nada ilegal en la operación, sino un deseo del
PSOE de obtener por la vía judicial lo que no consiguió por la vía electoral.
En
el PSOE de Fines no comparten la misma opinión. Francisca Serrano, portavoz
socialista en el Ayuntamiento, también acudió a las puertas de los juzgados, un
hecho que le recriminó el alcalde. “Lo importante no es que la oposición se
acercara a los Juzgados de Purchena, sino por qué tuvo que entrar el alcalde”.
Las cámaras de Canal Sur, tras la salida del alcalde de la sede judicial,
recogieron la opinión de éste, pero también la de Francisca Serrano.
El
PSOE considera que a Rodrigo Sánchez se le están amontonando los temas
presuntamente irregulares: El primero, la construcción por el Ayuntamiento de
una plaza levantada en zona verde que está siendo utilizada por la hermana del
alcalde y su cuñado como terraza y almacén de su restaurante. Este caso está en
la Fiscalía
y el alcalde ya ha declarado como imputado por un delito de prevaricación y
otro contra la ordenación del territorio.
El
segundo caso se refiere a un presunto delito de prevaricación por comprar una
vivienda que previamente había sido adquirida por la empresa Cars Rodrigo, de
la que era socio el alcalde y administrador único su hermano. En el trasiego,
la empresa del alcalde obtuvo una plusvalía de 48.000 euros.
El
tercer caso se refiere a unas realizadas y sufragadas, no con dinero público,
sino propio, por Rodrigo Sánchez en su cortijo. La Fiscalía Provincial
ha solicitado pena individual de dos años y tres meses de prisión para el
alcalde. Se les imputa un delito contra la ordenación del territorio y otro de
desobediencia a la autoridad.
Por último,
los socialistas han llevado al alcalde ante los tribunales por obstrucción a la
labor de oposición. El alcalde, según el PSOE, “oculta información, se niega a
facilitar expedientes, ordena a los funcionarios que vigilen a los concejales
del PSOE cuando están consultando documentación, y no facilita las copias de
los expedientes que se van a debatir en los Plenos”.
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