El catastrazo del Ayuntamiento de Almería

Joaquín Jiménez

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería

La gestión del alcalde de la ciudad de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, sigue haciendo aguas por todos sitios. Ahí están los recientes fallos judiciales que supondrán para el Ayuntamiento pagar indemnizaciones millonarias por decisiones políticas erróneas tomadas en su momento. Entre tanto, seguimos conociendo nuevos detalles del “catastrazo” que ha recaudado indebidamente el Ayuntamiento desde el año 2008 vía recibos inflados a sesenta mil propietarios.

Quizás recuerde el lector que a finales del mes de julio obligamos al alcalde a convocar

un pleno extraordinario y comparecer ante el pleno de la corporación para dar debida cuenta de los errores cometidos en la ponencia de valores del Catastro así como en la propia actuación municipal. En el transcurso de esa sesión plenaria demostramos que ya en el ejercicio de 2010 el gobierno municipal del PP tuvo conocimiento de ese error del Catastro.

El alcalde conocía el
catastrazo, según Jiménez

La prueba, una sentencia del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía que fallaba a favor de quienes habían reclamado el reintegro del Impuesto de Bienes Inmuebles por habérseles aplicado un coeficiente erróneo. Entre aquellos perjudicados estaba un millar de viviendas en la zona de La Térmica.

Posteriormente requerimos públicamente al alcalde para que informara a cada contribuyente afectado y reconociera, asimismo, la opción individual de solicitar la compensación o la devolución de los cobros indebidos por la aplicación de un coeficiente erróneo en su valoración catastral durante los últimos seis ejercicios contables.

Y, finalmente, en el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado viernes el alcalde y su concejala de Hacienda tuvieron que admitir que la desorbitada cantidad de millones de euros que habrá que devolver no se hará en un ejercicio, como se había dicho, sino en dos: 2014 y 2015.

Esto quiere decir que, a pesar de haber constatado la existencia de resoluciones de 2010 y 2011 estimando alegaciones por este concepto, a partir de la sentencia del TEARA, el alcalde y sus dos concejales de la Hacienda municipal no se enteraban de nada, aunque firmaran dichas resoluciones, y no devolverán lo cobrado de más en la recaudación del IBI de los años 2008 y 2009.

Políticamente ha quedado demostrada la ausencia de diligencia debida por parte del gobierno del Ayuntamiento. Administrativamente, acudiremos a donde corresponda para depurar responsabilidades porque por acción u omisión el alcalde tenía que haberlo evitado a partir del momento en que se produjeron las primeras reclamaciones. Y ésa sí que era su obligación, señor alcalde.