El peor presupuesto de la crisis

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

La salida de la recesión y el despegue de la economía que pronostican algunos expertos y miembros del Gobierno central, en nada se notará en el Presupuesto de Andalucía para 2014, que será el más raquítico desde que estalló la crisis. Según los datos que trasladó uno de los socios del Gobierno andaluz, Izquierda Unida, se afronta otra caída del Presupuesto del 4,3%. Andalucía dispondrá de 29.400 millones de euros. Cifra que retrotrae el gasto público a 2007. El Gobierno encara los peores números en la sexta ley presupuestaria elaborada desde que se desplomó la economía en 2008 y en un escenario insostenible de paro en la comunidad, con millón y medio de andaluces desempleados, el 36,37% de la población.

María Jesús Montero

Ya no vale hablar de apretarse el cinturón. Éste es un Presupuesto “al límite”. Casi un milagro volver a recortar 1.200 millones de euros sin pisar líneas rojas que sí han saltado en otras comunidades, como la privatización y el cierre de centros de salud, la subida de la ratio profesor-alumno en las escuelas o el despido masivo de empleados públicos. Aunque la coalición de PSOE e IU repite como un mantra que no son recortes sino imposiciones del Gobierno central –Andalucía debe bajar un déficit público al 1% y bajan las transferencias del Estado–, lo cierto es que la Junta vuelve a meter la tijera y caerán las partidas de gasto de todas las consejerías y especialmente del sector público empresarial, donde en este momento de escasez total de recursos se desvían todas las miradas. La presidenta Susana Díaz prometió preservar el empleo público y destinar la mayor parte de los recursos a educación, sanidad y dependencia. Tres áreas que, a duras penas, volverá a mantenerse sin bajadas drásticas. A cambio se eliminará “lo superfluo” y la Junta “tendrá que dejar de hacer cosas que hasta ahora hacía”, admitió Díaz semanas atrás.

Según ha informado el Partido Popular, que por vez primera ha desvelado datos del anteproyecto de ley antes de que éste viera la luz, se congelará la partida para los ayuntamientos –dispondrán de 460 millones de fondos incondicionados y no los 600 prometidos– y los empleados públicos volverán a quedarse, por tercer año consecutivo, sin el complemento autonómico a la paga extra de Navidad y verano. Los funcionarios son, de nuevo, los grandes damnificados de unas cuentas que vuelven a recortar 322 millones en nóminas.

Los sindicatos hablan de un “desmantelamiento” de los servicios públicos. Menos de una hora duró ayer la reunión de la Mesa General Común de Negociación  del Empleado Público y es que tras la filtración del mantenimiento de los recortes a los funcionarios previsto en el Presupuesto que se aprueba hoy, sindicatos y Junta tenían poco que decirse. En la reunión, las secretaria generales de Hacienda y Administración Pública, María José Gualda y Lidia Sánchez respectivamente, expusieron a los representantes de CSIF, UGT y CCOO lo que ya temían: que en 2014 los 250.000 empleados públicos andaluces seguirán cobrando solo la parte de las pagas extra de verano y Navidad que corresponde al Gobierno central. La Junta seguirá ahorrándose el complemento autonómico –unos 400 euros de media– e igualmente mantendrá los recortes del 10% en los complementos variables y diferentes pluses de las nóminas.

El Ejecutivo andaluz defiende que es la única manera de garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Pero los sindicatos ven un “agravio comparativo” con los funcionarios de otras comunidades e incluso dentro de Andalucía con los que dependen del Estado o de los Ayuntamientos. Alegan que han perdido más de un 30% de sueldo en tres años y que sí hay destrucción de empleo público porque abundan los contratos al 75% de la jornada y han bajado las contrataciones porque no se cubren las bajas (el Estado impone un límite a la tasa de reposición de jubilaciones y sustituciones).

UGT se levantó de la mesa y al igual que CCOO anunció que estudiarán su respuesta en la calle. CSIF, el sindicato mayoritario en la Función Pública y el más beligerante con la Junta, iba ya preparado y anunció que la primera movilización será el miércoles. La Junta no informó de los planes de la Junta para las empresas públicas, fundaciones y otros organismos. Según IU, existe un acuerdo para hacer un informe antes del 31 de enero y determinar dónde y cómo meter la tijera.