Intervención de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en Nueva Economía Forum

Susana Díaz

Presidente de la Junta de Andalucía

Nota de la Redacción. Hoy, 3 de octubre de 2013, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pronunciado una conferencia en el Foro Nueva Economía, en Madrid. Reproducimos íntegramente su intervención. El resalte en negritas corresponde a nuestro medio.

Susana Díaz

Hace tres semanas que mis consejeros y consejeras tomaron posesión de sus cargos y, en tan corto recorrido, hemos tomado ya iniciativas de amplio alcance como la Ley de defensa de los consumidores en las hipotecas o contra el fraude fiscal y en el acceso a los beneficios públicos.

Asimismo, me he reunido con los agentes sociales y económicos, con los rectores de las diez universidades andaluzas, he visitado Granada, Almería, Huelva y Málaga y he celebrado encuentros con los alcaldes de la tres últimas, tuve una audiencia con el Rey, he puesto en marcha un paquete de iniciativas relativas a la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Transparencia que comienza por mí misma, al entregar en la Cámara mi declaración del IRPF y la de mi marido, un gesto al que ha seguido todo el Consejo de Gobierno. Como ven, han sido días intensos y es natural que así sea porque, tal como están las cosas, no tenemos derecho a perder ni un minuto. Cuando anuncié un nuevo tiempo en Andalucía realizaba una expresión de mi voluntad política, que responde, a su vez, a una exigencia de los ciudadanos y ciudadanas. Una ciudadanía que ve todos los días como se intensifican sus problemas más cercanos, aquellos que les afectan vitalmente y que tienen que ver con su trabajo, con su salario, con la atención a su salud, con sus pensiones o con la educación de sus hijos y que observa, sin embargo, que siendo sus problemas tan cercanos, tan inmediatos, tan cotidianos, las soluciones aparecen lejanas e inaccesibles. Los ciudadanos perciben la impotencia de la política para plantear soluciones. Lo que oyen todos los días es hablar de imposiciones, bien de Europa, bien de unos mercados que exigen austeridad sin crecimiento, continuos recortes de derechos sociales y además sin alternativa. Siempre se sostiene descarnadamente que se hace "lo que hay que hacer”, incluso que "no tenemos libertad para hacer otra cosa". Unos ciudadanos que en consecuencia, con toda legitimidad, se preguntan para qué sirve la política. Es decir, se está produciendo una reacción lógica ante lo que sin duda constituye un debilitamiento de la democracia, de manera que la política es percibida por muchos ciudadanos no como una forma de solucionar en común los problemas, sino como un problema en sí misma.

Ese estado de cosas es el que hay que cambiar. Porque lo que estamos viviendo no es una crisis política más, sino una crisis de la política en profundidad. En realidad, aunque solemos decir que ha disminuido el interés de los ciudadanos por la política, creo que se trata de un error de apreciación. Los datos del CIS, por ejemplo, demuestran que la gente habla más de política, lee más sobre política y sigue más las noticias políticas que en momentos de bonanza económica. También hay más gente en las manifestaciones y movilizaciones. Lo que sí sucede es que la gente se interesa por la política pero rechaza una determinada forma de hacer política. Una política impotente y a menudo inútil. Eso explica que crezca más la democracia de protesta que la democracia de propuesta. Si no somos capaces de equilibrar protesta y propuesta estamos poniendo en peligro la democracia entendida como gobierno del pueblo, porque ya estamos viendo que la mera protesta no resuelve nuestros problemas. La crisis está provocando un estrés social inaguantable e inasumible y hemos alcanzado un grado de desafección para el que no bastan las palabras. Por eso me he comprometido a gobernar con las ventanas abiertas, a hacerlo con transparencia, a escuchar siempre a todos y todas, a facilitar e incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y a apostar decididamente por un gobierno abierto en Andalucía. Nuestra preocupación tiene que ser menos pensar en cómo ganar unas elecciones sino pensar cómo lograr que los ciudadanos se sientan a gusto en su país. Tal vez parezca un planteamiento ilusorio, pero creo, sin ningún género de dudas, que es lo que los ciudadanos esperan de los políticos. Si lo hiciéramos, tal vez abandonaríamos ese deshonroso liderato en la clasificación entre los principales problemas de los españoles.

Soy consciente de que esa desafección hacia la política tiene que ver también con los casos de corrupción que escandalizan a la sociedad y que avergüenzan a los que nos dedicamos honestamente a la política, que somos, y es duro hasta tener que decirlo, la mayoría hombres y mujeres decentes y honestos que cada día entregan su esfuerzo al servicio público. Por ello, es imprescindible combatir la corrupción con todas nuestras fuerzas y con todos los instrumentos del Estado de Derecho. En esa dirección, he anunciado una serie de medidas que pondremos en marcha inmediatamente. Ya les he citado el acuerdo político que comprometa a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de renta, de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes. Pese a su resistencia inicial, yo confío en que el PP se sume al acuerdo que ya cuenta con el respaldo del resto de fuerzas parlamentarias en Andalucía. Asimismo, he propuesto reforzar la capacidad de control de la Cámara de Cuentas de Andalucía, incluyendo la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. Y reforzar el control también que ejerce sobre las ayudas públicas que reciben todo tipo de organizaciones civiles, entidades y sindicatos entre otros. Y establecer multas coercitivas a los responsables públicos que eludan la rendición de cuentas. También he impulsado una iniciativa legislativa autonómica ante el Congreso para prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos. Contra la corrupción: reforzar la Cámara de Cuentas, prohibir donaciones privadas a partidos políticos y presentar las declaraciones de IRPF.

Me he propuesto que la transparencia sea, pues, un principio rector de mi Gobierno. Por eso estamos culminando el proceso de elaboración y consultas del Proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que remitiremos próximamente al Parlamento. Las leyes de transparencia han de estar pensadas para generar confianza entre los ciudadanos y es muy difícil que lo logremos si no alcanzamos, en primer lugar, consenso entre nosotros mismos. Tenemos que seguir trabajando hasta conseguir que la corrupción deje de ser un problema para nuestro país. Es una tarea que nos concierne a todos y por eso, en la reunión que dentro justo de una semana mantendré con el presidente del Gobierno tengo la intención de plantearle la necesidad de que él impulse un pacto nacional para la regeneración política de nuestro país. Un acuerdo global, que se extienda hasta cada rincón de la vida pública y que establezca normas claras sobre todo, absolutamente todo, lo que preocupa a los ciudadanos: desde las incompatibilidades a la limitación de mandatos, la limpieza en la gestión, los compromisos con la ciudadanía, los mecanismos de rendición de cuentas o la exigencia de responsabilidades, que no puede ser un arma política sino un compromiso claro de todos los que estamos al servicio público. Como les señalaba anteriormente, la decepción de los ciudadanos ante la política también tiene que ver con la incapacidad de ésta para dar respuesta a los graves y acuciantes problemas de la sociedad, especialmente los derivados de la crisis económica.

Más allá de datos coyunturales, lo cierto es que España y especialmente Andalucía tienen un enorme problema en unas cifras de paro que son inasumibles y que nos señalan con toda claridad cuál tiene que ser el principal objetivo de cualquier gobierno responsable: el crecimiento económico y la generación de empleo. Soy muy consciente de que no habrá creación sostenida de empleo si no son las empresas las que lo crean y lo mantienen. Por eso afirmé en mi investidura que los empresarios andaluces, los que invierten, los que innovan, los que crean riqueza y empleo, van a encontrar en mi gobierno su mejor aliado. Mi objetivo es ayudarles a crecer con una política económica que les permita que puedan ganar tamaño, innovar, internacionalizarse, invertir y, en consecuencia, crear empleo. Creo firmemente que es el momento de pasar de la cultura de la subvención a la cultura del incentivo. Y, desde luego, avanzar en la agilización de los trámites administrativos. En España no tenemos un problema de democracia, tenemos un problema de burocracia y tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos, todas las administraciones y gobiernos, para que no se malogre ni un solo proyecto o se deje de crear un solo empleo por culpa de trabas o ineficiencias administrativas. Voy a reducir los trámites administrativos para la creación e instalación de empresas en Andalucía. Necesitamos también una redefinición de nuestro modelo productivo y, en consecuencia, de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo económico. En el pasado, hay cosas en las que hemos acertado, pero también hay que reconocer que en otras no y ahora es el momento de que encontremos nuestro mejor lugar en el escenario de la globalización. Porque lo que nos estamos jugando no es sólo si vamos a salir de la crisis, sino en qué condiciones vamos a salir.

Por eso voy a abrir un proceso de diálogo con todos los agentes económicos y sociales de Andalucía y cuantos tengan algo que aportar en esta redefinición del modelo productivo. Y aunque el abanico es muy amplio, pienso que es especialmente importante la contribución que tiene que realizar la universidad andaluza en la investigación y el conocimiento para fortalecer la competitividad del tejido productivo de Andalucía. Un diálogo que les anuncio iniciaré el próximo lunes, cuando mantendré un encuentro con empresarios y que continuaré con el resto de agentes sociales en Andalucía. La reflexión que nos tenemos que hacer es si el deterioro evidente que se está produciendo en los niveles de protección, de igualdad y de justicia social, es una consecuencia inevitable de la crisis y sólo de la crisis. De ser así, superada ésta, recuperaríamos la calidad de vida y los derechos propios de una sociedad democrática avanzada. Pero también podemos temer que este deterioro no es sólo consecuencia de la crisis sino del conjunto de recetas empleadas con el pretexto de la misma. Unas recetas, que, ya lo estamos viendo, cristalizan en un nuevo modelo social menos democrático, más desigual, más pobre y sustancialmente más injusto. No voy a cansarles, pero sí creo conveniente darles algunas cifras. Por un lado, las estadísticas de Eurostat consideran que el 27% de la población española está en riesgo de exclusión social. Es decir, doce millones de personas. Doce millones de españoles y españolas.

Como elemento de comparación, en un país como Estados Unidos, que ha sido calificado en muchas ocasiones como paradigma de la desigualdad en el primer mundo y atendiendo al informe de rentas y pobreza de la población hecho público recientemente por la Oficina Federal de Estadísticas, el número de pobres se ha fijado en el 15% de la población. Hace unos días también, una organización seria y prestigiosa como Intermón Oxfam ha presentado su informe sobre la desigualdad con datos especialmente escalofriantes que vienen a confirmar algo por otra parte bien sabido, que los recortes sociales repercuten de forma directa en un aumento muy notable de la pobreza. Aumentan no sólo el número de ciudadanos que pasan a la pobreza, sino que se está agrandando la brecha social en España. La bajada de sueldos, el aumento de impuestos sobre el consumo, el encarecimiento de la educación y la sanidad, la supresión de becas, ayudas de comedor, o las ayudas a la dependencia están adelgazando el colchón familiar que palia los efectos de la crisis. Debo decirles que mi Gobierno ni comparte, ni participa de estas políticas. Por ello, un eje esencial de mi programa de gobierno es el de la cohesión social. Así lo volveremos a demostrar en los próximos presupuestos, en los que la sanidad, la educación pública y los servicios sociales concentrarán gran parte de nuestros esfuerzos. Tendremos unos presupuestos centrados en la creación de empleo y en las personas. Soy consciente, y mi gobierno también, de la responsabilidad y de la esperanza que suponemos para muchos ciudadanos dentro y fuera de Andalucía. Y acabamos de aprobar una norma para que a los beneficios públicos solo tengan acceso aquellos a quienes realmente les corresponde. Eso sí, nos resistimos a hacer barbaridades como cobrar los medicamentos a enfermos crónicos de cáncer o de esclerosis múltiples. Nos resistimos a gobernar desde la insensibilidad social.

Una insensibilidad social que además se combina con buenas dosis de triunfalismo como ha sucedido con motivo de la presentación, esta misma semana, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que van a ser, nos dice el Gobierno, los presupuestos de la recuperación. Nada nos gustaría más, pero lo cierto es que en estos PGE es muy difícil advertir señales de recuperación económica. ¿En qué datos se apoya el Gobierno para estimar que se van a recuperar el consumo y la inversión?

Si el empleo disminuye, si los salarios no crecen, si las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios se congelan; si el IRPF mantiene la subida de 2012; si se reducen las prestaciones públicas o se implantan tasas y copagos, ¿cómo es que va a crecer el consumo?

Si el dinero de los bancos no circula; si los empresarios no encuentran crédito; si el crédito oficial no llega a las empresas, si las Administraciones Públicas vuelven a reducir su volumen de inversión, ¿cómo es que va a crecer la inversión privada?

No se trata de negar la posibilidad de una mejoría económica. De hecho las condiciones de financiación pública han mejorado y las economías centrales del euro parece que están saliendo de la recesión. Son buenas señales pero tampoco son diferentes a las que se dieron en España en 2010 para luego volver a caer en la recesión. Ante el deseo de mejoría económica que todos tenemos y la realidad, tenemos que preguntarnos:

¿Se va a recuperar el empleo? Los Presupuestos Generales del Estado dicen que va a reducirse en un -0,2% (es decir, que se destruirán unos 35.000 empleos). Si con ese dato disminuye la tasa de paro en siete décimas es que la población activa se va a reducir en unas 200.000 personas que saldrán del mercado laboral. Y si al mismo tiempo disminuyen los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social un 4%, entonces comprenderemos que lo que se está creando es empleo precario y con salarios bajos. ¿Es que acaso podemos esperar una recuperación de los salarios? La reforma laboral está haciendo estragos en las remuneraciones de los trabajadores. No olvidemos que hace apenas unos años, se consideraba a los llamados mileuristas la parte más vulnerable del mercado laboral. Hoy son miles de familias las que han de sobrevivir con unos ingresos inferiores a mil euros, en Andalucía una de cada tres familias se encuentran en esta situación ¿Se va a recuperar el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas? En uno y otro caso sus rentas crecerán por debajo del coste de la vida. ¿Se va a recuperar la protección social? Todo lo contrario, pues se exige a las Administraciones gestoras de esta protección social, las comunidades autónomas, un esfuerzo mucho mayor que a la Administración del Estado. ¿Se va a recuperar la inversión pública? Pues a todas estas preguntas, lamentablemente, tenemos que responder que no. Parece que nos cuesta trabajo aprender de los errores cometidos por los que nos antecedieron. Comprenderán que no me agrade recordarlo, ¿pero ya nos hemos olvidado del efecto demoledor de anunciar brotes verdes cuando en realidad nos hallábamos en la antesala de una nueva recesión?

Como ven, no reduzco al actual Gobierno los errores en la gestión de la crisis, pero déjenme decir que hay que ser extremadamente cauteloso con los pronósticos porque crear el espejismo de la recuperación es temerario. Temerario y decepcionante si la mejoría no se traduce en empleo y oportunidades empresariales, algo que, en este momento, aun parece poco probable. Sin embargo, de la misma manera que creo que otros Presupuestos Generales del Estado son posibles, también otra España es posible. Una España mejor, con confianza en el futuro y que comience cuanto antes a dejar atrás este particular calvario que están atravesando miles de familias españolas. Por no hablar de los enfermos crónicos, las personas dependientes, los estudiantes o los pensionistas. Sobre estos últimos quisiera detenerme brevemente. En este terreno conviene huir de la demagogia pero también hay que tener las ideas claras. Ideas claras: la Seguridad Social tiene hoy un problema de ingresos, que es coyuntural, y un problema de gasto que es estructural y que depende de la evolución futura del sistema, marcada por la evolución de la demografía. En cuanto a la primera, es difícil entender que el Gobierno se resista a utilizar, o lo haga mínimamente, el fondo de Reserva de la Seguridad Social, ideado precisamente para que el superávit de las épocas de bonanza pudiera compensar el déficit de las coyunturas negativas, como la actual. Si las previsiones apuntan a que a final de año el Fondo aún contará con unos 56.000 millones de euros, ¿es razonable reducir los ingresos de los pensionistas y quitarles 33.000 millones en los próximos ocho años?

Lo diré con claridad: en mi opinión, es una barbaridad y una crueldad reducir los ingresos de los pensionistas. En cuanto al problema estructural, para prevenir las consecuencias futuras de la evolución de la demografía, ningún comité de sabios puede desplazar los consensos alcanzados en el Pacto de Toledo. La sociedad española ha envejecido, es cierto, y la media de edad ya supera los 41 años, de manera que el número de personas que percibe una pensión o está próximo a la jubilación empieza a ser mayoritario. Pero la alternativa a las incógnitas del futuro no es arruinar los consensos que hemos alcanzado. Como tengo 38 años, tengo mi propia perspectiva sobre este asunto. Y precisamente desde mi perspectiva y desde lo más profundo de mis convicciones, creo que lo que es necesario es un pacto entre generaciones. Un pacto que nos permita analizar sin límites la evolución de cuestiones que sin duda tendrán especial incidencia en el medio y largo plazo como la natalidad, la dependencia, la esperanza de vida, el empleo o la productividad. Creo, en este sentido, que el Gobierno nunca debió pasar la línea roja que significa el Pacto de Toledo ni haber devuelto, como ha hecho, el sistema de pensiones a la refriega política entre partidos. Ha sido, también en este sentido, un paso atrás. Acuérdense de lo que les digo, sobre todo cuando llegue el momento de las elecciones y el Gobierno sienta la tentación de subir, precisamente ese año y sólo ese año, la cuantía de las pensiones. En ese momento entenderemos la gravedad de lo que ahora estamos diciendo.

Pero a la crisis económica y social y a la desafección política se une la existencia de una auténtica crisis del modelo territorial. Centrándonos en el desafío soberanista en Cataluña, que es la expresión más cruda del problema territorial, es evidente que en su base se encuentran razones de diversa índole: razones de carácter económico, social y también las derivadas de la pérdida de prestigio de las instituciones. Las cosas han llegado muy lejos. Demasiado lejos, y urge empezar a reconducirlas por las únicas vías que corresponden: las del diálogo, la democracia y las del Estado de Derecho. El problema es que una parte muy significativa de los catalanes, -mayoritaria o no, pero en todo caso muy importante- ha dejado de creer en la posibilidad de un proyecto común con el resto de España. Es importante tener una idea de por qué hemos llegado hasta aquí. Seamos claros: al independentismo catalán le ha venido como anillo al dedo el “España nos expolia” para eludir las propias responsabilidades y para justificar que está aplicando las mismas recetas que la derecha de España. Tenemos que reconocer que ese argumento, por así llamarlo, ha calado en una población que, como la del resto de España, ha venido sufriendo un deterioro general de su calidad de vida y una pérdida de los derechos sociales. Y ello, sin dejar de reconocer que Cataluña tiene motivos para sentirse agraviada por la aplicación del sistema de financiación actual, como por cierto los tiene Andalucía, igualmente perjudicada.

Yo les voy a ser sincera: creo que no se acertó cuando se proclamó que se aceptaría cualquier estatuto que viniera de Cataluña. Pero hablemos todos con franqueza. Desatar por toda España una ola de anticatalanismo mediante una campaña de recogida de firmas contra el Estatut fue un inmenso error y una irresponsabilidad dirigida a captar votos a cualquier precio. O mejor dicho: al precio que ahora estamos pagando. Además, no podemos olvidar lo que ocurrió después. Tengamos en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 recayó sobre un texto legal que había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña, enmendado y aprobado por las Cortes Generales y ratificado en Referéndum por la ciudadanía. ¿Alguien pensó que eso no iba a pasar nada? Sí que ha tenido consecuencias: esto que vemos hoy en Cataluña es lo que ha pasado. Lo que nunca deberíamos haber consentido. Y así hemos llegado al actual estado de cosas. Hacen falta iniciativas que contribuyan no a crear nuevos problemas, sino a aportar soluciones. No es solución ofrecer, como hace el Gobierno de España, la continuación de un proceso de recortes sociales, de empobrecimiento, de destrucción de conquistas y de ausencia de expectativas de mejora a los ciudadanos. Ante un envite de esta naturaleza, el Gobierno de España tiene que dar una respuesta, pensando no tanto en el Gobierno de Cataluña, sino en la sociedad catalana, que lo necesita y lo merece. Una respuesta que pase, en primer lugar, por la claridad. A favor del derecho a decidir estamos todos. En una sociedad democrática estamos decidiendo continuamente: quién nos gobierna, qué leyes nos rigen, dónde se destinan los recursos públicos.

Ahora bien, sin engaños. ¿Decidir qué? ¿Decidir la independencia de Cataluña? Ese derecho no existe en ninguna constitución del mundo y a ese pretendido derecho a decidir nos oponemos como nos opondríamos a que una mayoría, si es que existiera en un momento dado, pudiera privar de su nacionalidad a un gran número de ciudadanos que desean seguir siendo españoles. Yo he estado en Cataluña y he visto cómo a miles de catalanes de origen andaluz les supone un desgarro tener que elegir entre dos identidades, la española y la catalana, que ahora viven con naturalidad. Y creo que eso sucede a la inmensa mayoría de catalanes, cualquiera que sea su origen. Lo diré claramente: creo que el independentismo catalán se está aprovechando del sufrimiento de muchos ciudadanos, causado por la crisis y por las recetas neoliberales, para encauzar ese descontento hacia una aspiración, la de la independencia, que hasta hace tan sólo unos años ha sido minoritaria y que estoy segura que lo seguirá siendo si ofrecemos, como decía antes, la respuesta adecuada. Una respuesta que, necesariamente, ha de pasar por la vía de la reforma de la Constitución. Los que hemos defendido siempre la Constitución de forma coherente, sabemos muy bien que ninguna Constitución es intocable y que debe saber recoger las demandas de una sociedad como la española que tanto ha cambiado en las últimas tres décadas.

Una reforma que ha de ser coherente, seria, rigurosa, realista, y también adecuada al momento histórico que vivimos. Y que, en consecuencia, ha de reconocer la singularidad de comunidades que tienen una identidad bien diferenciada y, al mismo tiempo, garantizar el principio irrenunciable de la igualdad básica de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de este país, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Quiero decirles que desde Andalucía estamos dispuestos a contribuir a esa tarea, a arrimar el hombro. Y puedo asegurarles que, al igual que ocurrió en otros momentos decisivos de nuestra historia, Andalucía sabrá jugar su papel equilibrador, respetuoso con las identidades de cada uno, integrador de todos y de defensa del principio de igualdad. Desde Andalucía defendemos la unidad de España y vamos a seguir haciéndolo. Y yo personalmente creo que España tiene un gran futuro como proyecto nacional. Y porque somos españoles y porque queremos seguir siendo españoles creemos que tenemos que poner los medios necesarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país puedan reconocerse y encontrarse cómodos e integrados en un proyecto común que tiene futuro y que es España. Pero con la misma claridad les digo que ésa no es la única realidad que hemos de tener en cuenta. Si alguien tiene la tentación de intentar resolver el problema planteado en Cataluña por la vía de reconocer su singularidad al tiempo que se atenta contra la autonomía de Comunidades como Andalucía, que sepa que nos tendrá enfrente. Y donde ahora hay un problema, pasaríamos a tener dos. Ni lo necesita Cataluña, ni lo aceptaría Andalucía, ni le convendría a España. Pensar que, de esta situación vamos a salir retrocediendo al centralismo que tanto daño ha hecho a comunidades como Andalucía, disculpen que se lo diga así, es otra ensoñación del mismo calibre que los que defienden el independentismo.

Necesitamos, pues, renovar el pacto constitucional para que se garanticen mejor los derechos de los españoles, la salud, la educación, la asistencia social, y que dé lugar a un nuevo modelo de convivencia que reconozca y respete la diversidad de nuestro país. Una pluralidad que ha de encontrar nuevos cauces y nuevas formas para integrarse con comodidad en un proyecto común, y que, al mismo tiempo, evite cualquier privilegio que dificulte la solidaridad entre territorios y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles. Pertenezco a una generación de españoles que no pudo votar la Constitución porque no teníamos edad para hacerlo. Creo que es nuestra responsabilidad ofrecerles a casi esos dos tercios de españoles y españolas la posibilidad de sentirse protagonistas del tiempo que les ha tocado vivir, tal como sucedió con los de la generación de la Transición. Y soy socialista. Estoy orgullosa de formar parte de un partido que ha sido esencial en este último tercio de siglo democrático que ha vivido España. Esencial y decisivo para lograr la mayoría de las cosas que valen la pena y que queremos conservar: los derechos civiles, los derechos sociales, la democracia, el autogobierno. En definitiva: la modernización de España. Por eso les decía al principio que estamos obligados a estar a la altura de los retos de un nuevo tiempo.

Si lo conseguimos, si trazamos el nuevo horizonte de convivencia y progreso para los próximos 30 años, habremos cumplido con nuestra obligación pero sobre todo estaremos dando esperanza e ilusión a un país que lo necesita y que lo merece.