Otro caro error

Joaquín Jiménez

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería

Se podrá decir más alto pero no más claro, la externalización de los servicios públicos municipales de los gobiernos del PP comienza a suponer un duro varapalo a las arcas municipales. Lo peor de una mala gestión pública es que la herencia que deja la tienen que pagar los ciudadanos. El último ejemplo lo hemos tenido esta semana. El alcalde acaba de recibir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se condena al Ayuntamiento a pagar 5,4 millones de euros de indemnización a la anterior empresa concesionaria de los cementerios.

Ciudad Digital / Ideal

No me parece una buena noticia el fallo del tribunal, pero tampoco me parece muy halagüeño el futuro que nos podrían deparar otras reclamaciones pendientes. Son decisiones cuya responsabilidad última recae sobre el primer edil. Es su firma y no la de otros la que se estampó en contratos y convenios que ahora se dirimen en los tribunales, y no es justo que los ciudadanos y las futuras corporaciones tengan que arrastrar el peso que supondría nuevas indemnizaciones millonarias como la conocida estos días.

En política los errores se han de asumir. Empresas contratadas por el alcalde ahora exigen lucros cesantes millonarios. Ahí tenemos el esperpento de la concesión de la Ciudad Digital a Telvent. También se le dio y luego se le quitó el servicio. Aguarda su turno en los tribunales el promotor del convenio de la Compañía de María. Tenía un acuerdo para unos desarrollos urbanísticos que nunca se produjeron. Eso sí, el promotor construyó para la ciudad el nuevo cuartel de la policía local.

Más reciente es el caso del campo de golf del Toyo, otra concesión rescindida antes de tiempo. La empresa va a reclamar en los tribunales el dinero perdido. Son decisiones erráticas como la adjudicación de la parcela comercial de esta urbanización a una unión de promotores locales que han incumplido el objeto de la misma.

Y ahí tenemos esos seis millones que el Ayuntamiento debe devolver a miles de contribuyentes que durante años hemos pagado un IBI sobrevalorado.

Este alcalde se ha convertido en un problema para los intereses de la ciudad. Su política de convenios urbanísticos absurdos no sólo no beneficia al municipio sino que provoca el enfado de empresas y promotores que los firman. Y claro, llevan al Ayuntamiento a los tribunales.

Una vez denominé este estado de cosas como una cadena de despropósitos. Como lo es tener edificios municipales abandonados después de años de servicio a la ciudad. Es el caso del antiguo cuartel de la policía local o el de Protección Civil en los Molinos. O comprar inmuebles que no se necesitan, como el hospital de la Virgen del Mar, o adquirir la Casa de Valente para tenerla cerrada.