Ultimátum y “mafia”

Antonio Felipe Rubio

Periodista

Hay que reconocer que la Junta del PSOE de Sevilla se va superando. A los diez años de retraso de la A-92 le sucede ¡trece años! esperando el cumplimiento del convenio suscrito junto al Ayuntamiento para la rehabilitación de la Plaza Vieja.

Sonia Ferrer

Luis Rogelio, tras una prudente y longeva espera, ha “osado” proponer una generosa oferta que conlleva un plazo para su aceptación o rechazo. La oferta consiste en anticipar el dinero comprometido por la Junta y emprender inmediatamente las obras del Ayuntamiento. Asímismo, el alcalde otorga tres años de carencia (principal e intereses), dejándole a la Junta holgado espacio para satisfacer su compromiso que, hasta ahora, ha venido demorando con las justificaciones más peregrinas: engaños, incumplimientos, triquiñuelas… en definitiva, idéntico proceder al ya conocido en el Materno-Infantil, Corte Inglés, Mesón Gitano, etc.

Pasados los días, la propuesta del alcalde ha sido despreciada y, además, la Junta le afea su conducta por señalar un plazo para contestar al entender que no es nadie para imponer un ultimátum que, en palabras de la delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, “suena como a cosa de la mafia”. Toda una traición del subconsciente que aflora la prepotencia y discrecionalidad con que la Junta acostumbra a despachar sus cosas. En argot aludido por la delegada, cosa nostra.

Una “oferta difícil de rechazar” con un plazo razonable de respuesta no se ha de entender como un comportamiento mafioso; especialmente, cuando se trata de solucionar problemas y liquidar compromisos pendientes que afectan a todos los ciudadanos. La delegada, con este comportamiento, acaba de evidenciar un profundo desconocimiento del ámbito diplomático que, desafortunadamente, lo inserta en el argot mafioso. El ultimátum es consustancial al lenguaje diplomático (gobiernos, legaciones, cancillerías, embajadas…). Por otro lado, el mafioso sólo pone plazo, y añade amenazante, “si lo olvidas, Luciano irá a recordártelo”.

El mal ejemplo del desprecio de la Junta hacia el alcalde evidencia la nula ejemplaridad de la Administración autonómica que, por un lado, exige plazos y ultimátum a los contribuyentes que, de ser incumplidos, castiga con penalizaciones, multas, recargos… y, por otro lado, alardea del privilegio de no atender propuestas, y mucho menos atenerse a plazos: la ley del embudo.

La Junta, y sus representantes, han de entender que los compromisos entre administraciones se fijan en tiempo y forma. La forma es atenerse a la ley, y el tiempo es el plazo. Entender las cosas de otra manera es entrar de lleno en el imaginario de Mario G. Puzo; confundiendo el procedimiento diplomático con el argot mafioso.

En fin, todo es cuestión de talante, costumbre, cultura democrática e inclinaciones que trascienden de la ficción novelada.