Un cuatrienio para olvidar

Iván Gómez

Jefe de Local de Diario de Almería

Un cuatrienio para olvidar. Los empleados públicos atraviesan en nuestro país, sobre todo en las provincias andaluzas, una etapa de recortes y pérdida constante de derechos laborales y salariales que los retroceden 30 años atrás. Desde que en 2010 se aprobó el recorte de entre el 5 y 7% del sueldo de los empleados públicos (hoy 34.882 en el conjunto de las administraciones en Almería), la primera bajada de salarios de la era democrática que tuvo lugar en el Gobierno de Zapatero, se han ido sucediendo una serie de medidas de contención del gasto que los ha situado en el epicentro de las políticas de austeridad. Congelación salarial, supresión de la paga extraordinaria y de los complementos autonómicos, no aplicación de la subida del IPC, aumento de la jornada laboral, supresión de las ayudas sociales, pérdida de los días de permiso por asuntos particulares y los de vacaciones adicionales, bajada de las bases de cotización de la Seguridad Social y prestaciones a la baja en supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral… se sienten el comodín con el que los distintos gobiernos cuadran sus cuentas y no van a permitirlo.

Manifestación en el Paseo

Al menos, no se van a resignar. En Almería los sindicatos se han echado a la calle y, después de un 2012 que fue el año de mayor conflictividad social, aún no han dicho su última palabra. Han sido numerosas las movilizaciones que se han sucedido a lo largo de los últimos meses ante diversas instituciones públicas en señal de protesta por los nuevos recortes de Gobierno y Junta. El lunes en administración autonómica, los martes en empresas públicas, justicia y educación y los jueves en sanidad… Es el calendario de la contestación de UGT que el 24 de noviembre confluirá con el de Comisiones Obreras en una gran manifestación en defensa de los servicios públicos y el sistema de pensiones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería también se mantiene firme y contundente en protesta contra las medidas de la Junta, sobre todo a raíz de la sentencia de un juez de Sevilla en la que ordena la devolución íntegra de la paga extra. Es más, hay más de una veintena de sentencias contrarias al recorte que el Gobierno aplicó en diciembre de 2012 al entender que la extraordinaria forma parte del sueldo que se genera cada mes, así como otras seis cuestiones han sido elevadas al Tribunal Constitucional para que determine si es legal. En la provincia, según estima CSIF serán más de 28.000 las familias perjudicadas por la supresión de los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias y ya ya han liderado, enfundados en caretas de Susana Díaz y Diego Valderas, varias protestas hacia la administración andaluza para exigir su devolución íntegra. Han iniciado una campaña de recogida de firmas que harán llegar a los grupos parlamentarios para que tomen cartas en el asunto. Claman contra la administración andaluza porque entienden que los empleados públicos de esta comunidad tienen los complementos retributivos más bajos de España, agravio que unido a otros recortes está repercutiendo considerablemente en su bolsillo. Una vez culminado el cuatrienio de la austeridad (2010-2014) habrán perdido nada menos que un 44% de su poder adquisitivo.

El próximo año se verán afectados por la congelación salarial del Gobierno central y por la decisión de la Junta de eliminar los complementos autonómicos,  por lo que consideran que los han vuelto a señalar como fuente inagotable de ahorro, víctimas de una “caza de brujas” que de momento no tiene fin. Los sindicatos entienden que es inadmisible que los gobiernos fijen su programa de austeridad en los empleados públicos y con más saña en los andaluces, con el doble de recortes, y van a plantarse contra un modelo de administración basado en despidos, amortización de plazas y progresiva privatización de los servicios que reciben los ciudadanos. Desde los sindicatos lamentan, además, la aplicación de medidas que ponen en cuestión su profesionalidad y dignidad, como ocurre con los docentes al ser penalizado su dudoso derecho a ponerse enfermos con la reducción del salario al 50% los tres primeros días y al 75% desde el cuarto al vigésimo día de baja. Lo dicho, un cuatrienio para olvidar.

Recortes sufridos por los empleados públicos en la provincia

2010. Los empleados públicos andaluces sufrieron un 5% de bajada de sueldo entonces con el Gobierno de Zapatero lineal para personal laboral, del 5 al 10% para funcionarios según escala y categoría, más el 2% de congelación salarial. Media de un 6% de pérdida de poder adquisitivo, a la que se sumó la no aplicación del IPC.

2011. Se mantiene la congelación salarial (2%), al igual que la no subida del IPC. Aumento de la jornada laboral en todas las administraciones hasta las 37,5 horas y además se suprimen ayudas sociales a trabajadores (becas, guardería…).

2012. Siguen las medidas de congelación salarial y se pierde un 7% más de sueldo con la supresión de la paga extra de navidad. La suma de las medidas anteriores supone una pérdida del poder adquisitivo del 30%.

2013. Sigue la rebaja salarial con la congelación y la supresión de los complementos de pagas extras de junio y Navidad. Se eliminan los días adicionales de vacaciones por antigüedad.

Ayuntamientos y reforma local
Los malos tiempo para lo público y sus trabajadores han generado, además de un recorte salarial y pérdida de derechos laborales, una merma constante de puestos desde que comenzó la crisis en la provincia. En un sólo año (entre los meses de enero de 2012 y 2013) las administraciones local, estatal y andaluza destruyeron casi 2.200 empleos del personal contratado y funcionarios, un 5,6% menos de trabajadores que superó en gran medida la pérdida de un 0,6% registrada en relación al año anterior. El recorte de los puestos, vinculado a la crisis y al déficit que arrastran la mayoría de las administraciones públicas, fue de 1.523 trabajadores entre los años 2008 y 2013, según datos del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda. En la provincia hay 34.882 empleados públicos, una cifra muy inferior a los 37.065 que había contratados en 2008.

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Sunsi Requena, explica que la destrucción de empleo público continúa este año porque sólo se están cubriendo el 10% de las bajas definitivas y jubilaciones por la tasa de reposición impuesta por el Gobierno, así como por la no renovación de programas y el cese de los contratos a interinos y personal laboral. El mayor exterminio de plazas desde el inicio de la crisis se ha producido en los ayuntamientos, dónde se ha tenido que prescindir de nada menos que de 1.136 personas. Y lo peor es que para buena parte de los consistorios al borde del colapso, los que llevan años contra las cuerdas, todavía no hay luz al final del túnel y van a ser más los puestos de trabajo sacrificados a corto plazo. Y eso que Almería, a pesar de contar con 102 municipios y 2 entidades locales -bastantes más que Cádiz con 44 o Córdoba con 75- es la provincia andaluza con menos empleados en los ayuntamientos por los duros planes de recorte del capítulo de personal.

Desde el sindicato CSIF han elaborado un estudio en el que constatan con la reforma laboral 2.600 trabajadores municipales y otros mil de puestos indirectos en empresas concesionarias -en total 3.600- pasarán a formar parte de la lista de paro con la aplicación de la Reforma de la Administración Local. El sindicato está trabajando para que los empleados de los ayuntamientos recuperen la paga extraordinaria de diciembre de 2012, una negociación de la que se beneficiarán en torno a 8.200 familias que recuperarían de 300 a 500 euros en función de su escala y salario. El panorama de los funcionarios de los ayuntamientos se ha ido nublando con la crisis, sobre todo a raíz de la aplicación del plan de pago a proveedores que obligó a reestructurar las plantillas municipales en base a la destrucción de empleo y la precariedad, y cada vez son más los consistorios que han tenido que tomar medidas drásticas. Entre los despidos que enumera UGT en la provincia se encuentran los 13 del ERE de Macael, 5 de la no renovación de programas en Vera, los 70 ALPES que trabajaban por la provincia, 8 más en Níjar, en Albox se pasó de un posible ERE de 22 personas al despido de 2 trabajadores, la jubilación de otros dos y la reducción de un 20% del sueldo al resto, otros 15 despidos en El Ejido más 113 de Elsur, 14 en Garrucha, 20 trabajadores de Carboneras a la empresa privada, 4 trabajadores a media jornada en Lubrín, otros 4 despidos en Vélez Rubio y seis en Huércal Overa, ayuntamiento que tiene paralizado el convenio al igual que los de Berja y Adra.