Isabel Morillo
Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía
No
es nuevo. El 75% de los ciudadanos se considera tan andaluz como español y el
56% cree que el Estado de las Autonomías ha sido positivo. Los andaluces, pese
a que la crisis ha vuelto a colocar a la comunidad en catastróficos índices de
paro –hay un millón y medio de desempleados– y los recortes en educación o
sanidad socavan los pilares del Estado del Bienestar, están cómodos. No hay
indicios de que crezcan los descontentos con el Estado autonómico ni tampoco de
que ahora haya más andaluces que aspiren a mayores cotas de autonomía. Los
datos son la Encuesta de la Realidad Social en Andalucía 2013,
elaborada por el Centro de Estudios Andaluces con 1.200 entrevistas.
36
años después de que dos millones de ciudadanos colapsaran las calles en una
multitudinaria manifestación que dejó claro que Andalucía iba a pelear por una
autonomía de primera, los andaluces han moderado sus ansias pero se ha
consagrado la idea de que el Estado de las Autonomías ha sido fundamental para
el desarrollo socioeconómico. Basta con echar la vista atrás tres décadas para
comprobar los avances en la región en términos de Producto Interior Bruto –se
ha triplicado– o infraestructuras, el proyecto de la conexión de las capitales
andaluzas por AVE está, ralentizado, pero en marcha. Las valoraciones negativas
del Estado autonómica quedan, según la encuesta, por debajo del 20%. Para los
andaluces, las decisiones de la
Junta son tan importantes e influyen tanto en su vida como
las del Gobierno y se afianza una concepción abierta de la identidad. Cualquier
que viva o trabaje en la comunidad o que se simplemente se sienta andaluz, es
considerado como tal por la mayoría.
Mientras
que en Cataluña la crisis ha acusado el sentimiento nacionalista, en Andalucía
no ha ocurrido. Gran parte de la agitación política en las calles catalanas
proviene de que ha ido, en los últimos años, calando el mensaje de sus
dirigentes de que los recortes son responsabilidad del Gobierno central y fruto
de una balanza fiscal injusta, que “expolia” las arcas catalanas a favor del
Estado. Esta controvertida tesis, que podría ser discutida por muchos expertos,
ha vuelto a cobrar fuerzas a las puertas de que el Gobierno vuelva a publicar
las controvertidas balanzas fiscales –que miden lo que cada comunidad aporta y
recibe del Estado– y cuando hay una reforma de la financiación prometida para
2014. Ayer la presidenta de la
Junta , Susana Díaz, volvió a situarse en el ala menos
incendiaria delPSOE y frente a los avisos de Alfonso Guerra –quien sostuvo que
la forma de combatir un referéndum “ilegal” es la suspensión de la autonomía
catalana– insistió en que el camino es el “diálogo”.
Frente
a los arreones independentistas de Cataluña, también han cobrado auge las
teorías centralistas, que piden la devolución de competencias de las
comunidades al Estado o la supresión de órganos autonómicos defendiendo un
coste menor de la administración . Precisamente el debate vuelve a agitarse
estos días después de que el presidente del Gobierno, MarianoRajoy, haya vuelto
a pedir a las comunidades que supriman órganos como los tribunales de cuentas o
los defensores del pueblo. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego
Valderas, advirtió ayer que Andalucía no dará “ni un paso atrás”. La réplica se
la dio el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel
Amat (PP), que defendió la supresión de organismos para evitar
“duplicidades” y tildó las críticas vertidas por IU como una “barbaridad propia
de quien no tiene dos dedos de luces”. 36 años después del 4-D hay debate. El
Partido Andalucista conmemoró la efeméride con un acto reivindicativo a las
puertas de San Telmo e IU reclamará en el Congreso que Manuel José García
Caparrós, asesinado en Málaga durante la manifestación, sea considerado víctima
del terrorismo.
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