Emiliano
Domene Fernández
Consejo
Provincial de IU Almería
El
pasado 9 de mayo se publicó la sentencia del Tribunal Supremo, declarando la
nulidad de las cláusulas suelo hipotecarias de tres entidades bancarias, con
especial repercusión en Almería al ser una de éstas Cajamar, cuya cartera
representa más del 50 % de las hipotecas de nuestra provincia -las otras son BBVA y NGC-, por no cumplir con los especiales requisitos de transparencia que
deben de regir este tipo de operaciones.
Una vez más se demostraba cómo la
banca había actuado de mala fe en la comercialización de un producto con
especial importancia al tratarse de contratos prácticamente de por vida.
Lo aberrante del caso es que la misma sentencia declaraba la irretroactividad
de sus efectos, impidiendo por lo tanto la recuperación de las cantidades abonadas
por los ciudadanos como consecuencia de una clausula declarada nula. Según
establece, la recuperación del dinero cobrado indebidamente generaría
“el riesgo de trastornos graves con
trascendencia al orden público económico”.
Indefensión. El
caso de las cláusulas suelo en las hipotecas se ha convertido en un ejemplo
claro de la situación de indefensión en la que estamos los ciudadanos en este
país por varios motivos. Los consumidores llevábamos años reclamando a los
bancos su anulación, precisamente esgrimiendo y demostrando que hubo falta de
transparencia y estos negándolo sistemáticamente. Y resulta paradójico que
cuando al fin se demuestra precisamente aquello que reclamábamos, cuando queda
demostrado y sentenciado que han actuado de mala fe, como premio se quedan con
todo ese dinero conseguido de forma fraudulenta directamente de los
bolsillos de los ciudadanos.
Qué mayor trastorno en el orden público
económico puede existir que miles de familias perdiendo su hogar y su futuro,
con las triste consecuencias que desgraciadamente conocemos.
Mala fe. Queda
claro que la ley no es igual para todos. Este hecho contraviene
entre otros el artículo 1303 de nuestro Código Civil, que establece que, como
consecuencia de la nulidad declarada, deben de restituirse las prestaciones
derivadas de la nulidad de la cláusula, más aun teniendo en cuenta que a las
entidades condenadas se les atribuye haber actuado de mala fe.
Tampoco
encontramos amparo en los poderes públicos, esos que deberían estar al servicio
de los ciudadanos. El Gobierno prefiere mirar hacia otro lado y el Banco de
España decide no tomar medidas para que se retire la cláusula suelo, pese a las
miles de resoluciones “no vinculantes” que emite anualmente en las que declara
que la banca ha actuado de forma contraria a las buenas prácticas financieras y
con falta de transparencia.
Defensa de los consumidores. Se inhiben de sus responsabilidades y su razón de
ser. “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos”, dice el articulo 51.1 de la Constitución española.
Con
esta forma de proceder se está dando un peligroso mensaje: la banca está por
encima de la ley y de los legítimos intereses de los ciudadanos, pueden seguir
saqueando la economía de millones de familias, camino que han elegido el resto
de entidades que aún no han sido condenadas. A fin de cuentas lo máximo que
puede pasarles es que tengan que cesar en sus actos. No tendrán que responder por
ellos ni devolver lo ilícitamente cobrado.
Las consecuencias. ¿Quién asumirá las consecuencias
de aquellos desahucios generados por la aplicación de esta cláusula ilegal?
Eso sí, banca rescatada con dinero público, dinero de todos, de los
mismos a los que aprieta, y luego ¿alguien se extraña de que haya aumentado la
conflictividad social en nuestro país? ¿Lo único que puede hacer el gobierno
es promulgar una nueva ley de seguridad ciudadana?
Ataquemos los problemas en
su origen. Nosotros y solo nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas.
¡Despertemos!
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