Juan
Torrijos
Periodista
Desde
hace algunos años las administraciones embargan a los ciudadanos con una facilidad
que raya en la usura. Les es tan fácil y tan cómodo mandar un papelito al banco
y que estos te resten la cantidad de tu cuenta y la ingresen en la del Ayuntamiento,
que nada, a los embargos. De seguir por ese camino que no se extrañen los
responsables políticos de que nos busquemos la forma y manera de tener las
cuentas corrientes a nombres de segundos, terceros o cuartos y se coman ustedes
un colín, por no decirles lo que de verdad estoy pensando que se tendrían que
comer ustedes.
Todavía
no sé cómo hacerlo, pero ya verán como a través de la red salen ideas para
poner en práctica un movimiento contra los embargos de los gobiernos. Es
lamentable que el contribuyente tenga que tomar estas determinaciones, pero es
que para poder mantenerse ellos van a acabar con la hierba debajo de nuestros
pies.
Viene
a cuento lo anterior ante la campaña que el Partido Socialista ha puesto en marcha
(la presentaba el ex alcalde Fernando Martínez hace unos días) sobre los embargos
del Ayuntamiento que preside el popular Luis Rogelio Rodríguez-Comendador en lo
tocante a las multas de la famosa zona azul, y que según los socialistas son
ilegales, los embargos.
Ya
se ha producido alguna sentencia que así lo ha recogido, y que ha llevado a la
devolución de la cantidad embargada. No es mala campaña ciertamente. Y si viene
acompañada con asesoramiento y ayuda para lograr la devolución de algo que se
le cobra de una forma ilegal al ciudadano, y más en tiempos de crisis, es algo
de agradecer.
En
la presentación de la campaña manifestaba el PSOE que el equipo de gobierno municipal
del PP es consciente de lo que está ocurriendo. Si es así, o muy mal de fondos debe
estar el Ayuntamiento cuando permite un cobro ilegal a través de embargos o le importa
un rábano el ciudadano embargado, ese al que dice entregarse en alma y cuerpo
cada vez que va a pedirle el voto.
Grave
cuestión la que pone sobre la mesa el PSOE: acusa a Luis Rogelio de estar
embargando a los almerienses a sabiendas de que eran embargos ilegales. Algo nos
tendría que contar el alcalde-senador. La señora Abad asegura que cumplen la
ley. ¿De quién nos fiamos?
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