Acabar con el paro a ladrillazos

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

Andalucía han desaparecido 32.009 empresas del sector de la construcción, que ha perdido 356.500 empleos directos en seis años. Cinco de cada diez parados andaluces son víctimas del estallido de la burbuja inmobiliaria. Los datos dejan claro que si hay una comunidad en España especialmente damnificada por la crisis del ladrillo esa es Andalucía. También demuestran los números que durante años la comunidad basó su crecimiento en un modelo de gigante con pies de barro. Aquella promesa de pleno empleo técnico que llevaban PSOE y PP en el programa electoral de 2008 dependía en gran parte de una construcción desaforada y sinrazón. Hoy son millón y medio los parados andaluces. En la comunidad, hay que recordar, se contabilizan 700.000 viviendas vacías y se ha suspendido la obra pública nueva. El Presupuesto de 2014 retrotrae la inversión al año 2002, con un recorte del 13%, sumado a otro recorte y a otro. Así hasta cinco tijeretazos consecutivos.

Los datos no son nuevos. Son una constante de esta crisis. Lo que sí sonó muy nuevo fue la apuesta que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hizo el pasado miércoles en el Parlamento andaluz. La socialista, que gobierna en coalición con Izquierda Unida, rompió el guión que había escrito hasta la fecha su Gobierno en materia económica. Basta revisar su discurso de investidura para darse cuenta de que entonces (4 de septiembre de 2013) no dedicó ni una sola palabra al sector de la construcción. Ni una. “Una de las primeras actuaciones de mi gobierno será lanzar una gran iniciativa que tenga como finalidad la búsqueda de un amplísimo consenso político, social, y ciudadano para que, en un plazo razonable, sentemos de común acuerdo las bases de esa renovada estrategia de crecimiento económico y social de nuestra tierra. En definitiva, Señorías, acabar con las inercias para definir nuevos horizontes”. Ese fue el objetivo que fijó la presidenta que después ha apostado reiteradamente por “abrir en canal” la economía y cambiar el modelo productivo. “Nueva economía, nuevos instrumentos”. Esa era el eslogan. Un lema traducido en planes como el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que el PP ha recurrido en los tribunales por considerar que frenaba el poco desarrollo urbanístico que quedaba vivo en algunos municipios andaluces. O una apuesta que se refleja también a la perfección en las políticas puestas en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, de IU, que entiende el plan de la bicicleta como “palanca del cambio de modelo productivo” o que trabaja en un plan de vivienda que contempla cero euros para nueva VPO.

Estos eran los principios: cero ayudas al sector de la construcción, más allá de los planes de obras incluidos en el decreto contra la exclusión social y puestos en marcha en alianza con los ayuntamientos para sacar albañiles del paro. Pero a partir de septiembre, el discurso económico del Gobierno andaluz, es decir de la presidenta de la Junta porque el consejero de Economía no logra salir del atolladero de los ERE y UGT, ha dado un giro copernicano. Lo esbozó Díaz en un desayuno informativo hace un mes, cuando habló de dejar atrás el “fundamentalismo medioambiental” propio de otros tiempos. Lo terminó de fijar en la Cámara esta misma semana, cuando apostó abiertamente en su diálogo con el líder del PP andaluz por “rescatar” el sector de la construcción. Sin entrar a valorar el fondo de una apuesta que ha concitado el aplauso unánime de empresarios y algo más tímido de los sindicatos, lo que no podrá negar el Gobierno es que, respecto al ladrillo, estrena discurso.

“Un gobernante responsable no puede estar solo pendiente del Ibex 35”. Lo dijo Susana Díaz en su investidura. Entonces defendió que las políticas públicas que pusiera su Gobierno en marcha iban a tener en cuenta una serie de indicadores sobre desigualdad económica y social, más allá de datos macroeconómicos o parqués de la bolsa.

Cuatro meses después, el Gobierno andaluz ha emprendido una estrategia que tiene uno de sus pilares en una ronda de fotos con grandes empresarios del Ibex 35. Comenzó con Emilio Botín y el Santander, continuó con Telefónica y Alierta y seguirá con otros grandes empresarios del país. Aseguran que se trata de reforzar la ‘marca Andalucía’ y proyectar una imagen de confianza y seguridad jurídica, que permita atraer a nuevos inversores. Si los más grandes se fijan en la comunidad, por efecto arrastre otros muchos lo harán, sostienen en San Telmo. Mientras, IU se resigna y recuerda que en una comunidad donde las pequeñas y medianas empresas tienen la llave del tejido productivo, el empleo generado por esos grandes empresarios representan el 4%. Por cierto, se anunció también la foto con Roig, de Mercadona. Será después de que declare ante el juez que indaga si el PP cometió fraude fiscal.