¿Cómo se gestiona el dinero público en los departamentos universitarios?

Jorge Lirola Delgado

Profesor de la Universidad de Almería

En la reunión del Consejo del Departamento de Filología de la Universidad de Almería ayer había un único punto del día: el reparto del dinero concedido a las áreas de conocimiento. Las propuestas hechas por éstas eran dispares, desde el dejar una cantidad para coordinar actividades y compras conjuntas de material y asignar otra a cada profesor, caso del área de Filología Inglesa, hasta el repartir todo entre los profesores para que cada cual lo gaste a su antojo, como quieren aplicar en mi área (Estudios Árabes e Islámicos) y en otras muchas. 

Uno de los grandes males de la enseñanza universitaria es la falta de coordinación entre el profesorado en la docencia, en la adquisición de material bibliográfico y en tantas otras cosas, imponiendo votaciones antes de buscar consensos y haciéndolo hasta para determinar lo que es legal. A veces me da la impresión de que son capaces de decidir incluso por votación qué escribió Averroes. Por eso, mi postura es la de no apoyar la irresponsabilidad que desde mi punto de vista supone el que cada cual actúe a su libre albedrío sin ningún tipo de coordinación, pues me consta que algunos profesores son responsables, pero la forma de actuar de otros deja mucho que desear.

Como yo iba a estar a favor de las propuestas hechas por unas pocas áreas de mantener espacios de gestión común y en contra de las que querían aplicabar lo que yo entiendo un pésimo neoliberalismo a ultranza en contra de obligarnos a lo que creo que es nuestro deber de consensuar la gestión común, pedí que las votaciones de cada propuesta diferente se realizaran una a una por áreas, pues, aparte, requerí yo del Director del Departamento la información de quiénes partía cada propuesta, dado que no se aplicaba un criterio común en cada área, ni tampoco se había informado si en cada una las decisiones tomadas eran unánimes o no. Solo sabía mi caso: no habíamos estado de acuerdo y considero que es una información crucial que cada uno de los miembros del órgano colegiado competente para aprobar ese punto, que es el Consejo del Departamento y no las áreas, debíamos saber (yo lo exigí sin que se me facilitara) con qué respaldo se había hecho cada proposición. Si tenemos que aprobarlo en el Departamento es porque las áreas no tienen entidad jurídica para hacerlo y por no tener no tienen ni secretario que levante acta de las reuniones.

La postura del Director, Javier Aguirre Sádaba, la conocía previamente pues, al ser catedrático de mi área, la expuso en la reunión previa: él quiere que repartamos el dinero y quien quiera correr llevándoselo que lo haga y quien apueste por organizar actividades y adquisiciones conjuntas de material, que proponga al resto que se sumen puntualmente. El mundo al revés. Nuestra obligación es dar clases (aunque hasta a veces lo dudo pues nadie controla si las damos o no y si los alumnos protestan, como no lo demuestren con notario, no consta); el que estén coordinadas esas clases o no depende de la buena voluntad de cada cual pues no es ningún deber. Y lo dice un catedrático.

Otro catedrático, José Valles Calatrava, intervino en la reunión para decir que a él no le interesa saber en qué se gastan los demás el dinero. Era previsible, pues siempre ha mantenido que las áreas deben ser cortijos autónomos, lo que le sirvió para adueñarse del suyo, controlar quien entraba, aburrirlo si se rebelaba y sacar la cátedra propia, aunque, cuando fue convocada una cátedra de árabe hace ya más de 15 años, no dudó en ser él el que propuso a los miembros del tribunal de esa otra área para que obtuviera la cátedra una candidata concreta que le convenía a él y quedó en evidencia por la forma chapucera como lo hizo, sin conseguir finalmente su objetivo. Yo le contesté que a mí sí me importa cómo se gastan todos, incluido él, el dinero que pagamos los españoles con nuestros impuestos y creo que tengo derecho a que me importe y más cuando lo tengo que votar en el departamento por imperativo legal.

Ya no es solo cómo se gasta el dinero público, sino también de qué forma y con qué maneras se decide cómo se gasta. Hasta ahora, por lo que he comprobado en mi departamento, sin garantías y saltándose la legalidad pues no se da la información completa antes de votarse las propuestas y éstas no se hacen de forma individualizada sino conjunta. Sin duda, una nueva y rápida modalidad para aprobar propuestas. En el próximo consejo en el que haya muchos puntos los votamos todos de una vez y acabamos antes los pocos miembros que vamos a las reuniones.

Los otros miembros de mi área, Luisa Arvide y Bárbara Herrero, ni asistieron a la reunión. Lo mismo ya habían echado a correr antes de tiempo a ver en qué se pulen el dinero público. ¿Podremos saber en qué se lo gastan o habremos de votar si podemos saberlo? Y el rector, Pedro Molina, ¿qué resolverá sobre los procedimientos tan garantistas dignos de un capítulo de Chanchullos University?, pues habrá de pronunciarse al recurrir yo la decisión por considerarla nula de pleno derecho por no seguir el procedimiento establecido (defecto de forma).