Juan
Folío
Nos
lo anunciaba el sábado en su perfil de Facebook: a partir de ahora el
exdirector regional de Onda Cero Pepe Fernández inicia un periodo de
colaboraciones en la edición almeriense de ‘Ideal’. La primera, más que una
colaboración al uso, ha sido un amplio informe de los muchos casos judiciales
que aún están pendientes de juicio en la provincia de Almería. Reproducimos
a continuación algunos párrafos del amplio informe de Pepe Fernández. El artículo
puede ser leído íntegramente en el enlace que se indica al pie.
 |
| Pepe Fernández |
Que
los juzgados de Almería estén atascados y saturados de procedimientos no es
ninguna novedad. Ocurre en prácticamente en todos los órganos jurisdiccionales
del país. Solo en Almería, durante el ejercicio de 2012, la Fiscalía tramitó un total
de 88.906 diligencias previas, frente a las 73.938 del año anterior. Una
institución, la del Ministerio Fiscal, claramente infradotada de medios y
posiblemente la que mayor trabajo soporta porcentualmente en todo el Estado,
según manifestaba en la correspondiente Memoria Anual el Fiscal Jefe de
Almería.
Con
el nuevo año llegan o están por llegar más casos de este tipo a los juzgados de
instrucción de Almería, con costurones políticos muy notables. No obstante,
dados los precedentes en actuaciones similares, procede dar la voz de alarma y
llamar la atención sobre los que, desde hace años, siguen atrancados en las
respectivas sedes judiciales. En unos casos posiblemente por falta de medios,
pero también no convendría descartar una aparente falta de voluntad de los
instructores a la hora de dictar resoluciones que, sin duda, incomodan
especialmente al poder político o económico.
Máxime en una provincia donde el caciquismo de
uno y otro signo son más que evidentes por conocidos. Hay casos en los que han
sido varios los jueces o magistrados que han intervenido en los mismos, una
situación que necesariamente provoca el lógico retraso hasta que el sustituto
se entera de lo instruido por su predecesor. Testigos y sufridores de estas
situaciones son los profesionales, abogados y procuradores, pero sobre todo los
justiciables o usuarios de una administración judicial que, cuando es lenta en
su aplicación, no es verdadera Justicia.
Tampoco
conviene olvidar el papel que, en algunos casos, pueden estar jugando los
poderosos a través de sus tentáculos con terminales en las sedes judiciales.
(Ahí quedaron las charlas de Juan Enciso con el Teniente Fiscal, Fernando Brea,
en el caso Poniente). Esta circunstancia se hace evidente, sobre todo, cuando
influyentes personajes son los que acuden pidiendo amparo y denunciando a
quienes les denuncian.
Un
sistema de «autoprotección» que singularmente escapa a la sensibilidad de las
togas que, en estas ocasiones, sí aceleran los procesos de forma inaudita. Sin
olvidar que, esos influyentes bajo sospecha, disponen de dinero, poder y medios
suficientes como para costear caras defensas jurídicas, algunas veces
financiadas desde las instituciones que pagamos todos.
Operación
Poniente
De
todos ellos el de la ‘Operación Poniente’ es el más llamativo y escandaloso,
aunque no el único. El
latrocinio de El Ejido en torno a la empresa semipública Elsur, más de un
lustro después, arroja un balance social y político estremecedor. Un
ayuntamiento en la bancarrota, capitaneado por el delfín de Enciso al que
abandonó y un centenar de trabajadores ‘‘heredados’’ de forma traumática y
cruel.
Caso
Rambla Morales
Más
de un centenar de millones invertidos, privados y públicos. Una gestión
discutida. Más de quinientos agricultores denunciantes, afectados por la
ejecución de embargos pretendida por la entidad - La Caixa- que prestó el dinero
para la faraónica obra, impulsada por el líder del PSOE Martín Soler. Hoy la
desaladora está inactiva. Hace años se sigue tramitando lentamente en el
Juzgado Nº 6 de Almería.
Caso
Rifá
Desde
el 31 de mayo de 2012 en el Juzgado Nº 3 de Almería se investiga una trama de
personas, liderada por el conocido empresario Miguel Rifá i Soler, «perfectamente
organizadas para defraudar a la Hacienda Pública a gran escala» según el Servicio
de Vigilancia Aduanera que judicializó sus investigaciones con una denuncia con
cerca de 600 folios, incluida su documentación correspondiente. Rifá, con
familiares y testaferros, están acusados de una serie de delitos fiscales como
falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales
hacia el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes en el Caribe. En la investigación
del SVA, además, aparecen de forma reiterada socios del empresario, siendo los
más llamativos los familiares del más poderoso político almeriense, Gabriel
Amat Ayllón.
Caso
Auditorio de Roquetas
El
asunto está desde hace tiempo en manos de la Audiencia donde aún no
se han recibido los Autos. La acusación, ejercida por el letrado Antonio Ruano
en nombre del PSOE, ha incorporado documentación de la contabilidad B de HALSA
donde se demostraría el pago de millonarias comisiones a políticos y técnicos
con cargo a la obra del auditorio. IU ha anunciado que llamara próximamente al
alcalde Gabriel Amat al Parlamento para que explique un sospechoso sobrecoste
del 120%, superior al del Canal de Panamá.
Caso
La Fabriquilla
Lentamente,
desde hace años, un juzgado de Roquetas investiga un pelotazo urbanístico
protagonizado por dos cargos de la Caja Rural /Cajamar a través de la SAT Las Hortichuelas con
la complicidad del Ayuntamiento de Roquetas. Una finca rústica de la familia
Kaiser fue vendida por 450 millones de pesetas, tras la negativa municipal a
modificar el PGOU para que una parte pudiese ser urbanizada. Tras la compra por
parte de la SAT ,
en el pleno municipal, el portavoz de la oposición del PSOE, Juan Francisco
Ortega Paniagua, fue el que ‘in voce’ propuso las mismas modificaciones que la
familia Kaiser que esta vez sí fueron aceptadas.
Caso
Trama Gabriel Amat
Hace
casi dos años, la asociación anti corrupción AMAyT, presentó en la Fiscalía Superior
una extensa denuncia contra el alcalde de Roquetas y presidente del PP Gabriel
Amat. En la misma, junto a un extenso catalogo de supuestas irregularidades,
también se incluyó el Caso de la Fabriquilla. La Fiscalía dictó decreto de
remisión y, considerando que existía conectividad en el tiempo en los hechos
denunciados, trasladó al Juzgado de Roquetas el contenido de la misma para que
la uniese al de La
Fabriquilla.
Caso
cheques de la Junta
El
robo de casi 300.000 euros de una cuenta de la delegación de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta ,
no controlada por la
Intervención , en talones sistemáticos al portador, fue
denunciado en abril de 2013 por el propio delegado.
Caso
Facturas del Patronato
Tras
más de un año del PP en el gobierno provincial y parece que como respuesta a la
ofensiva del PSOE por el Caso Auditorio, el vicepresidente popular llevó a
Fiscalía una denuncia sobre el hallazgo de facturas falsas en el Patronato de
Turismo. El caso recayó en el juzgado Nº 6 y con una celeridad insólita, su
titular Durbán Sicilia, ordenó imputaciones e incluso medidas de prisión contra
los principales responsables como el exgerente del Patronato y el
exvicepresidente Luis Pérez Montoya que se salvó de El Acebuche bajo una fianza
de 12.000 euros.
Caso
Tres Reyes
La
denuncia de una operación de compra de millones dinares iraquíes, sin valor
legal en la actualidad, en manos de un empresario del Poniente, Manuel
Rodríguez Lozano, fue la excusa formal del inicio de la investigación que
condujo a la detención de siete personas, con el Abogado Jefe del Estado en
Almería, Demetrio Carmona del Barco, como la más conocida. Luego, en los Autos,
se sabría que la investigación sobre Carmona había comenzado meses antes de la
denuncia, sin que nadie sepa explicar a día de hoy quien y por qué ordenó esas
actuaciones de la
Guardia Civil de Almería. Las diligencias, instruidas por la
jueza del Nº 1, Alejandra Dodero, están sustentadas fundamentalmente en
escuchas telefónicas y, también, en otros dos denunciantes, los empresarios
Estanislao Berruezo - implicado en la ‘Operación Lila’ - y Antonio Subiela.
Ambos en litigios judiciales interpuestos contra ellos por la familia Carmona
del Barco por supuestos delitos económicos en antiguas sociedades comunes.
Caso
Hispano Almería
Una
denuncia el 23 de octubre de AMAyT en la Fiscalía Superior ,
ha dado paso a la judicialización del caso que afecta a la constructora que más
obra pública ha realizado al amparo de administraciones del PP, especialmente
en Roquetas y Níjar. (También en Vícar donde el alcalde Antonio Bonilla ha
impulsado una comisión de investigación, cosa que se ha negado a hacer el PP en
sus instituciones salpicadas). Infinidad de recibos «originales» de supuestas
comisiones a políticos y técnicos, vieron la luz en las páginas de El País,
originándose un gran escándalo político y mediático. Entre la documentación que
ha visto la luz figura una escritura notarial en la que los dueños de HALSA
vendieron acciones de su empresa filial, Gesponiente, al alcalde de la Mojonera y diputado
autonómico José Cara González (aforado).
Reconocimiento
de deuda
He
aquí otro novedoso caso que comenzó su rodaje en sede judicial el pasado día 22
de enero. Se trata de investigar las posibles irregularidades o delitos
cometidos entorno a un reconocimiento de deuda por un total de 4,7 millones de
euros en la Diputación
de Almería. Deuda contraída en la etapa del PSOE/PAL en Diputación, que se
negaron a abonar en su día, pero pagada por el gobierno del PP de Gabriel Amat.
Entre los perceptores de importantes cantidades aparecen mercantiles
propietarias de medios de comunicación en Almería en concepto de publicidad
institucional.
Caso
Gasolineras
Este
es otro caso que está por llegar al juzgado y del que la Fiscalía Superior
ya ha procedido a su traslado a la de Almería. En esta ocasión el denunciante
es un empresario que, en 32 paginas, desgrana un total de ocho asuntos que
afectan, fundamentalmente, al Ayuntamiento de Almería. De momento la Fiscalía del TSJA no ha
hallado aforados autonómicos, aunque en la denuncia se apunta al alcalde y
Senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador (aforado ante el TS) y, sobre todo, a
su hombre en Urbanismo Pablo Venzal. Se acusa al edil popular y a técnicos
municipales de presuntas ilegalidades - trafico de influencias, prevaricación,
falsedad y cohechos- encaminadas a beneficiar los intereses de mercantiles
propiedad de las familias Tejera y Sáez Lozano.
(http://www.ideal.es/almeria/20140202/local/almeria/sumarios-nunca-acabar-201402021242.html)
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