Emilio Ruiz
www.emilioruiz.es
Hace
unos años, en Madrid, en una reunión de empresarios, un industrial gallego me preguntó:
“¿Es verdad que en Andalucía, para mover un esparto, es necesario el permiso de
la Junta ?”.
Sentí herido mi orgullo patrio. “Literalmente dicho”, le respondí, “es decir,
para arrancar un esparto, sí es necesario el permiso de la Junta , pero, por lo demás,
tampoco es para tanto”. Mentí. El Gobierno andaluz es, de lejos, el más
intervencionista de toda España. Esto no lo digo solo ahora. Lo he dicho
siempre, y mis amigos cercanos al poder también siempre me han respondido que exagero.
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| Amigos del papeleo |
Me
he alegrado al oír decir al consejero José
Sánchez Maldonado que la
Junta va a eliminar, de golpe, 220 trámites administrativos
“para reducir trabas burocráticas que afectan a las empresas”. Han tenido que
pasar treinta años para darnos cuenta del marasmo legislativo en el que los
andaluces nos hallamos inmersos. El cruce de misivas entre el alcalde Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y la
consejera Elena Cortés no existiría
si la remodelación de la Plaza Viejala Casa Consistorialla Junta reparando Ayuntamientos?
Parece
que, por fin, nos hemos dado cuenta del entramado burocrático que hay que
superar para ver aprobado un PGOU. Apenas media docena de municipios de Almería
lo han logrado. “Preparamos un decreto involucrando más a los Ayuntamientos y
reduciendo los plazos”, dice Susana Díaz.
¿No se podía haber pensando antes? “Es la enésima vez que nos lo prometen”, recela
Alicia Martínez, vicesecretaria de
Territorio del PP. Pues si es la enésima y última, bien está.
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