Iván
Gómez
Jefe
de Local de Diario de Almería
Las
administraciones públicas han destinado en el último año y medio más de 150
millones de euros a reparar los daños personales y materiales ocasionados por
las riadas del 28 de septiembre de 2012 en una treintena de municipios del
Levante y Almanzora. El duro golpe de la gota fría, que se saldó con cuatro
víctimas mortales y desperfectos en más de 4.000 inmuebles y 200 comercios, se
ha ido superando con el paso del tiempo gracias a la paulatina llegada de las
ayudas e inversiones de Gobierno, Junta y Diputación, pero sobre todo a los
fondos del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública
empresarial adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, que ya ha
aportado más de 75 millones en respuesta a las 4.569 solicitudes de afectados
que se han tramitado por graves destrozos en viviendas, vehículos y negocios
particulares.
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| Daños en Vera |
El diputado nacional del PP de Almería Rafael Hernando hizo ayer balance en comparecencia pública de las compensaciones y ayudas
que han llegado en este año y medio a la provincia y habló de 120,47 millones
de euros, si bien sumó las indemnizaciones del instrumento al servicio del
sector asegurador español y otras partidas como el crédito ICO de 15 millones,
con un año de carencia al 3,8%, del que se han realizado préstamos por valor de
13,3, lo que supone una aplicación del 87%. Con independencia de estas
partidas, la acción del Gobierno de Rajoy en la zona castigada por
las riadas en la provincia ronda los 30 millones, de los que 10,2 los ha
aportado el Ministerio de Agricultura, 8,4 el de Hacienda, 5,7 el de Fomento y
también el del Interior y, por último, 2,2 el departamento de Trabajo.
El
dirigente del PP recuerda que el 7 de septiembre se aprobó un Real Decreto que
luego se tramitó como proyecto de Ley en el Congreso introduciendo enmiendas
para la ampliación de daños precisamente a la provincia de Almería. El Gobierno
tardó un año en dar respuesta a los afectados almerienses, frente a otros
dramas como los ocasionados por los temporales recientemente en el litoral de
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, si bien ha ido cumpliendo los
compromisos que en su día puso sobre la mesa. Y no sólo han sido ayudas
directas a los ayuntamientos para la reposición de infraestructuras locales, de
las que se han satisfecho 80 solicitudes por un importe de 9,6 millones, sino
que además se auxilió a los regantes de la zona con la exención del pago de
módulos (8,4 millones) y con bonificaciones a los afectados en la Seguridad Social
(2,2 millones).
Otros apartados en los que se han intervenido han sido las
comunicaciones, que fueron gravemente dañadas por las lluvias torrenciales, y
obras como las acometidas por la vía de urgencia en la Autovía del Mediterráneo
suman 4,7 millones, de los que casi 1,5 los acaparó la reconstrucción del
puente de Huércal-Overa. Y no sólo se ha invertido en el Levante, la Confederación
Hidrográfica del Segura destinó 4,6 millones a la
construcción de once nuevos diques de defensa contra avenidas en la cabecera de
Rambla Nogalte (Vélez-Rubio).
El
Ejecutivo tramitó y aprobó en este año y medio 140 solicitudes para las
unidades familiares, que ascienden a más de 258.000 euros, y otras 18 para las
obras programadas por las corporaciones locales (840.000), según los datos
facilitados por Rafael Hernando. La diputada nacional del PSOE de Almería,
Consuelo Rumí, ha criticado que el PP trate de engañar a los almerienses
contabilizando entre las ayudas los 75 millones abonados por el Consorcio de
Compensación de Seguros a los damnificados y recuerda que “ese dinero no sale
del Gobierno sino de nuestros bolsillos directamente con las primas que estamos
obligados a pagar todos los asegurados en nuestras pólizas para cubrir este
tipo de sucesos excepcionales que no cubren las compañías de manera común”.
También
quiso aclarar en cuanto a los créditos ICO que el Ejecutivo de Rajoy solamente
han atendido el 14% de las peticiones de ayudas realizadas por familias que han
sufrido pérdidas y graves problemas como consecuencia de las riadas. Pero
más allá del enfrentamiento político y el rédito electoral de una tragedia, hay
otras ayudas y compensaciones que han llegado desde la administración regional.
La Junta
de Andalucía ha invertido más de 22 millones de euros, de los que 18 se
han destinado a la reposición de las conducciones de los trasvases del
Tajo-Segura y Negratín-Almanzora que fueron gravemente dañadas por las
inundaciones de septiembre de 2012. Además de restablecer un suministro de agua
vital para los regantes de más de 24.000 hectáreas y
el abastecimiento de más de 150.000 vecinos de los municipios del Almanzora y
Levante, las actuaciones realizadas han permitido crear 278 empleos. El Gobierno andaluz actuó en doce carreteras de su titularidad, diez ubicadas en
los municipios del Levante, mediante una inversión de 9,4 millones de euros en
la reparación de los viales.
También se intervino de urgencia a la hora de
reparar los daños provocados por las lluvias torrenciales en 16 cauces de ríos
y ramblas de la comarca, así como en la reparación de caminos rurales en una
treintena de municipios con una inversión que supera los cuatro millones de
euros. La inversión de 4,27 millones de euros por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para reparar los daños ocasionados por la
gota fría se repartió en más de un centenar de caminos rurales en torno a los
cuales se ubican 6.112 explotaciones agrícolas. A pesar de los esfuerzos
económicos que se han realizado para paliar los daños del temporal, los
sindicatos agrarios se han mostrado muy críticos en los últimos meses con las
ayudas a las explotaciones que se vieron afectadas por las riadas.
La
organización COAG denunció esta semana que Gobierno y Junta se han olvidado por
completo de los agricultores y ganaderos del Levante almeriense que en
septiembre de 2012 perdieron sus explotaciones en las virulentas lluvias.
“Perdieron su medio de vida y desde entonces intentan recuperarse sin ningún
tipo de ayuda de las administraciones”, argumenta el secretario provincial de
COAG, Andrés Góngora. A su juicio, no han faltado las partidas para
alcantarillado, calles y mobiliario pero nada ha llegado a un sector que viene
atravesando una dramática situación desde que las inundaciones arrasaron con
sus cultivos. La organización registró más de 600 informes pertenecientes a
agricultores que habían perdido sus explotaciones de olivar, viñas, lechugas,
naranjos, limones, patatas, alcachofas, frutales, espárragos y otras ganaderas
de porciones, ovino-caprino y pollos que no han recibido las ayudas e
indemnizaciones que sí perciben otros afectados por las riadas.
La Diputación
Provincial es otra de las administraciones que ha realizado un esfuerzo
inversor en el intento de que la comarca del Levante vuelva a la normalidad. En
los dos últimos años, a raíz de las inundaciones, se puso en marcha un plan
especial para intervenir en las carreteras de su titularidad con más de 4,8
millones de euros. Entre sus principales actuaciones se encuentra la reparación
de la AL-7107
que une as urbanizaciones de Pueblo Laguna y Puerto Rey en Vera en las que dos
personas perdieron la vida.
Una de las principales obras se acometieron en la
carretera del Palacés a Zurgena con una inversión de 1,2 millones de euros.
Pendiente de aprobar estaría la actuación en el puente de la N-340 en Antas, que se
adjudicará en las próximas semanas, con una inversión que ronda los 430.000
euros. Se optó por un camino provisional, pero el tránsito en esta zona es
fundamental para miles de camiones de la agricultura de la comarca. Al ser de
titularidad municipal y debido a la falta de fondos del consistorio de Antas, la Diputación asumirá el
gasto y lo irá recuperando a través de los planes provinciales.
Entre
las asignaturas pendientes que esperan solución año y medio después
de las inundaciones se encuentran las depuradoras de aguas residuales de Antas
y Huércal-Overa, que quedaron inutilizadas por las riadas. La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio se comprometió a intervenir, después del
acuerdo alcanzado con los municipios, pero los trámites se han demorado y en la
actualidad siguen pendientes de licitación.
En el transcurso de la inauguración
de las obras de reposición de las conducciones de los trasvases, María Jesús
Serrano, responsable de Medio Ambiente, aseguró que se iban a licitar de
forma inminente, si bien no precisó fechas. Mientras se adjudica la
construcción de la EDAR
de Antas, la Diputación
optó por una solución provisional para salir del paso aportando más de 150.000
euros para evitar los vertidos incontrolados a la rambla y sus graves daños al
sector turístico.
El secretario general del PSOE, José Luis Sánchez Teruel,
precisó ayer que los convenios de las depuradoras están a punto de licitarse y
aprovechó para reiterar el “compromiso” de la Junta con los afectados poniendo de ejemplo la
rápida reposición de las tuberías de los trasvases. También sigue sin
solventarse el arreglo de la desaladora del Bajo Almanzora, a la espera de que
Acuamed y la adjudicataria lleguen a un acuerdo para la reapertura de una
infraestructura millonaria que quedó destrozada como consecuencia de la gota
fría. Tampoco se ha trabajado en el encauzamiento del Río Antas que se
desbordó a su paso por Vera causando la muerte de una vecina.
Y es que las
administraciones no han llegado a comprender aún que las riadas se produjeron
por la construcción de urbanizaciones como Pueblo Laguna y Puerto Rey en zonas
inundables, tal y como se atrevió a razonar la Consejería de Medio
Ambiente en un informe. El senador y alcalde de Cuevas, Jesús Caicedo, aseguró
ayer que “lo que queremos los ciudadanos es tranquilidad, que las
administraciones arrimen el hombro y pongan los medios necesarios para que no
vuelva a ocurrir”. Sin embargo, sólo han puesto tiritas en la herida, así no
cicatrizará. Requiere cirugía y no están por la labor de pasar por quirófano.
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