Alaya, heroína o villana

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

La jueza Mercedes Alaya, instructora de uno de los mayores casos de corrupción del país, el llamado caso de los ERE, es cada vez más víctima de su propio personaje. No deja indiferente a nadie. Para algunos es la heroína, la mujer valerosa que ha venido a salvar Andalucía y poner freno a años de vergonzosos tejemanejes del PSOE con los fondos públicos en Andalucía. Para otros es una magistrada con excesivo afán de protagonismo, con intereses políticos, que va a ser capaz, con su soberbia, de dar al traste con la investigación sobre la supuesta trama fraudulenta tejida con fondos públicos que deberían de ir destinados a los parados andaluces. Desde luego, no hay medias tintas ante esta mujer, de brillante trayectoria profesional y madre de cuatro hijos, que tiene club de fans en Facebook con 40.000 seguidores, está en los 50 años y es muy celosa de su vida privada, pese a estar cada vez en el punto de mira de los medios.

Mercedes Alaya

Es tanta la expectación que suscita que posiblemente a estas horas ya habrán visto repetidamente la foto de la magistrada de nupcias, celebrando sus bodas de plata, 30 años después de que contrajera matrimonio muy joven por vez primera y después de que parte de su vida privada haya corrido de boca en boca por mentideros políticos y periodísticos. Todos la diseccionan desde que la titular del juzgado número 6 acapara portadas nacionales y minutos de telediario. Ella nunca ha concedido una entrevista. No atiende a los periodistas. Realiza su paseíllo por los juzgados como Cleopatra, sin torcer el rictus, casi sin una expresión en el rostro que permita adivinar lo que realmente está pensando ante la maraña de objetivos y flashes que la persigue. Se comentan sus autos pero también sus trajes y sus zapatos.

Cuando en la redacción de este periódico se ha discutido si su boda ayer en Sevilla debía de ser objeto o no de cobertura, como si de un personaje más de la sociedad sevillana se tratara, ha habido lecturas de todo tipo y muchas opiniones. Interés tiene. A estas alturas de la película negar el protagonismo y la influencia de posiblemente la jueza más conocida en España es absurdo. Se puede discrepar sobre si el personaje se lo han creado los medios o ella misma a golpe de personalísimos autos y una instrucción polémica que la superjueza se encarga de alimentar. También se podría discutir sobre dónde está el límite de la vida privada de un personaje público o el tono con el que deben abordarse estas informaciones._Pero que doña Mercedes –como la llaman– es un personaje público no es dicutible. ¿Por qué no es noticia el juez que instruye el caso Invercaria y que tiene bajo su manto nada más y nada menos que nueve empresas de la Junta?, pregunta Rocío Velis, experta en tribunales de este periódico. Quizás sea cosa del capricho mediático pero puede tener mucho que ver con el propio talante de la magistrada. Ella ha sido la encargada de convertir su trabajo al frente del mayor caso de corrupción de España en toda una fiesta mediática. Interrogatorios hasta altas horas de la madrugada, fianzas millonarias, pulsos con la Fiscalía Anticorrupción y con la Audiencia de Sevilla, rifirrafes con los letrados de la causa, duras llamadas al orden al Gobierno, al Parlamento, a la Cámara de Cuentas, a la Intervención General… Alaya no ha dejado títere con cabeza. A estas alturas es absolutamente imposible, incluso para periodistas de tribunales con memoria de elefante, seguir el rastro del poderoso ovillo en el que ha convertido el caso ERE. Una bola gigante y peligrosa que puede acabar arrollando a la propia instructora.

Son 144 imputados. Se empezó investigando un supuesto fraude en las ayudas sociolaborales de la Junta, concedidas para financiar expedientes de regulación de empleo y para reflotar empresas en crisis. Se conoció que supuestamente y saltándose todos los mandatos legales, se propició, vía Presupuestos de la Junta, que estos fondos salieran del circuito oficial y saltaran, mediante la polémica figura de las transferencias de financiación, de la Consejería de Empleo a una de sus empresas públicas (primero el IFA; después la Agencia IDEA). Se evitaban así controles. Todo esto fue tejido, durante diez años, con varios personajes clave. Un exdirector general de Trabajo, que encima –según su chófer ha declarado –tenía adicciones al alchohol y la cocaína. Un exsindicalista y conseguidor de las ayudas públicas, Juan Lanzas, de quien su madre dijo que tenía «dinero para asar una vaca». Empresas aseguradoras, que cobraron comisiones desorbitadas de las que también, presuntamente, se nutrió el fraude y que pudieron servir para financiar irregularmente a los sindicatos. En la cárcel estuvo Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, sobre quien pesa una fianza de 807 millones de euros. Muy distinta suerte de la que está teniendo su antecesor, José Antonio_Viera, que aunque la Guardia Civil le ha atribuido un papel esencial sigue resguardado en el Congreso, aforado y sin que la jueza parezca que quiera, como le ha pedido la Audiencia, dar el paso de inhibirse hacia un tribunal superior. Los expresidentes de la Junta están señalados; la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, en la picota y el empresario Ruiz Mateos con amenaza de detención. El ovillo sigue engordando y engordando, sin que la mayoría sea ya capaz de encontrar un hilo argumental sensato en la instrucción y con peligro cierto de que prescriban los delitos. La heroína Alaya o la soberbia y ambiciosa jueza, según quien la considere, ha creado un personaje y sea responsabilidad suya o no todo esto está perjudicando a una causa que investiga el uso de, al menos, 850 millones de euros de dinero público.