La jueza Alaya se supera “a grosso modo”

Fernando de Silva

Abogado / www.sinlavenia.com

La jueza Alaya, actuando por motivaciones políticas, en su afán de ocupar las primeras páginas de los periódicos y abrir los telediarios, se ha convertido en una auténtica y dañina  caja de sorpresas.  Para ello juega con el desconocimiento de los ciudadanos y la escasa preparación jurídica de los periodistas, y  crea la confusión suficiente para que muchos piensen que están debidamente justificadas sus decisiones, aunque éstas carezcan de motivación e incurran en numerosas contradicciones.

Para que todos nos podamos entender es preciso aclarar que una norma legal  propuesta por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo es a todas luces legal, al margen de pueda considerarse por algunos injusta, oscura o poco clara. En consecuencia cuantas normas fueron propuestas en los últimos años por el gobierno andaluz o por alguna de sus consejerías, y refrendadas por el parlamento de Andalucía, en tanto que no fueron recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa ni cuestionada su constitucionalidad mediante el preceptivo recurso ante el Tribunal Constitucional, son legítimas, y su aplicación no puede ser cuestionada por los tribunales, ni mucho menos considerarlas contrarias a la ley.

Alaya, el sábado / Foto: ABC

Magdalena Álvarez se limitó durante su mandato como Consejera de Hacienda a cumplir con unas disposiciones aprobadas por el parlamento andaluz, que no pueden estimarse ilegales por la jueza Alaya, por mucho que más de uno se hubiese aprovechado de su aplicación para apropiarse de dinero público. Y esto es lo que a buen seguro tendrá que decir la futura resolución que dicte la  Audiencia Provincial de Sevilla cuando -como es de esperar- deje sin efecto por segunda vez la imputación de la exconsejera andaluza, o la establecerá la  sentencia absolutoría que se dicte, de ser sentada finalmente en el banquillo de los acusados.

La resolucion dictada la pasada semana por la jueza Alaya, en la que se impone a Magdalena Álvarez una fianza de más 29 millones de euros, es todo un despropósito judicial en el tiempo, por cuanto no espera a que el próximo mes de abril la Audiencia Provincial de Sevilla resuelta el recurso interpuesto por Magdalena Álvarez frente a su segunda imputación, y que tiene muchos visos de prosperar, dado que la nueva imputación no hace más que reproducir los argumentos de la primera, que ya fue desestimada en su día. Resultando baladi el argumento de que puede ocultar sus bienes, que ni por asomo se acercarán en su valoración al importe de la fianza interesada.

La alusión, para justificar su resolución, de que existe una “probabilidad cierta” de ser condenada, es toda una extralimitación en sus funciones como instructora, dado que no es de su competencia juzgar los hechos por los que es acusada, ni hacer juicios de valor en tal sentido. Afortunadamente hace décadas se consiguió separar la instrucción del enjuiciamiento, y de ello parece haberse olvidado la jueza Alaya.

Los motivos por los que fija la fianza en 29.568.129,20 millones de euros, y no otra cantidad,  no están debidamente justificados ni razonados, y la mención “a grosso modo“, no deja de ser un nuevo argumento muy poco afortunado. Pretender que Magdalena Álvarez devuelva el dinero del que se apropiaron otros es todo un dislate judicial carente de un serio fundamento, máxime cuando todos sabemos que no se ha quedado con un solo euro.

A alguien se le puede ocurrir presentar una querella criminal contra Cristobal Montoro por haber ideado la ley que permitió la amnistia fiscal de miles de contribuyentes. Si por suerte le correspondiese en reparto a la jueza Alaya a buen seguro que trataría de  preimputarlo (término que utiliza la jueza para los aforados, que se encuentran fuera de sus competencias), acusando al actual Ministro de Hacienda de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber sido el inventor de un sistema que ha permitido una defraudación masiva, impiendo el ingreso de un dinero a las arcas públicas, con intereses y multas millonarias incluidas, de haberse investigado con eficacia el impago de los impuestos que se les perdonan. Pero sería un dislate admitirla a trámite; la amnistía fiscal es injusta y discriminatoria, pero es legal, y en todo caso nunca podría perseguirse penalmente a su autor, legitimado democráticamente por las urnas, por mucho que nos duela.

Me gustaría saber qué opina de la actuación de la jueza Alaya el fiscal que tuvo a bien exigir responsabilidades penales al juez Elpidio José Silva por encarcelar en dos ocasiones a Miguel Blesa, hasta conseguir que fuese apartado de la carrera judicial; aplicando similares criterios  podría querellarse contra ella. Lo que sí parece claro es que, una vez que todo vuelva a su lugar, Mercedes Alaya se está jugando la posibilidad de que Magdalena Álvarez le presente una querella criminal por prevaricación y le exiga una indemnización millonaria, por el daño irreparable que le está ocasionando a su persona. Los dislates judiciales no pueden salir gratis ni mucho menos quedar impunes.