Publique su sueldo y el de su familia

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

El debate sobre la transparencia está recorriendo peligrosos caminos en la política andaluza. Los dirigentes han emprendido una inusual carrera por destapar en la red sus sueldos. Una práctica correcta para que los ciudadanos sepan cuánto le pagan a los políticos que los representan y para que puedan tasar si es mucho o poco en función de cómo hacen el trabajo para el que han sido elegidos. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió durante su investidura que iba a hacer pública su declaración de la renta y la de su pareja. Lo hizo en dos semanas y arrastró a ese ejercicio a todo su Consejo de Gobierno.

Susana Díaz y Juan M. Moreno

También se lo ordenó que todos los diputados socialistas. Esto aún no se ha producido. Alegan que han entregado sus declaraciones y las de sus cónyuges a los letrados de la Cámara y que éstos los custodian a la espera de que se reforme el Reglamento del Parlamento. Antes hubo un debate absurdo, emprendido por los socialistas, en los que invitaban al resto de grupos a hacer lo mismo para desnudarse salarialmente todos a la vez.

Con este debate recibió el PSOE al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que esta semana se ha animado también a colgar en la web de su partido su declaración. Frente a los 59.894,44 euros declarados por Susana Díaz como consejera de la Presidencia, el líder popular acreditó 104.432 euros de ingresos anuales como secretario de Estado. El esposo de Díaz, José María Moriche, empleado en una librería, ganó 15.171,55 euros.

La mujer de Moreno, licenciada en Ciencias Políticas y alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, no ha hecho pública su declaración pero su sueldo es accesible en la web del consistorio de la capital y asciende a los 85.000 euros anuales. ¿Se trata de abrir una competición para ver qué familia lo gana mejor? ¿Aporta algo esta carrera a la transparencia y a un mayor control de los responsables públicos? ¿No ganó lo mismo cualquier secretario de Estado socialista la pasada legislatura?

Fue el PP el primero que, al poner sobre la mesa medidas de transparencia hace año y medio cuando los partidos abrían el primer intento para llegar a un acuerdo sobre iniciativas que permitan recuperar el crédito ante los ciudadanos, reclamó que todos los altos cargos de la Junta y sus familiares hicieran públicos sus ingresos y su patrimonio. Una medida desproporcionada porque nadie tiene la culpa de compartir su vida con un cargo público.

Alegó el PP que, visto lo visto con los ERE, esa era una iniciativa necesaria. Ahora Moreno Bonilla se pregunta por qué su esposa, con la que vive en régimen de separación de bienes y tiene su propia carrera profesional –brillante, por cierto– tiene que estar en el foco, urgida por los socialistas a que revele su declaración ante Hacienda. Ella, dijo, es «dueña» de sus decisiones. Y los cónyuges de los altos cargos de la Junta también. Faltaría más.

Se ha animado el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que tiene que «ir a su pueblo a coger los papeles» de la declaración para poderla publicar y que gana 2.700 euros netos al mes. Dice que no lo ha dicho antes porque no es cargo público. También Moreno tardó porque primero no sabía donde tenía la declaración y después creía tenerla entre las cajas de la mudanza del Ministerio, según contó públicamente.

El debate cae en la demagogia. La transparencia no consiste en que cualquiera, mujer, padre, hijo o pareja de hecho, de un cargo público revele sus ingresos. Hay que tener reglas claras . Los salarios de los responsables públicos y sus declaraciones de bienes tienen que ser públicas. Hay que inventariar sus bienes y patrimonio y que se compare lo que tenían al llegar al cargo y al irse. Es un gesto de coherencia que el presidente del PP-A, cuyo partido ha denostado las indemnizaciones de ex altos cargos, renuncie a su cesantía y opte por un salario del partido.

Resulta llamativo que ya se admita, sin más, lo que se sabe, que el objetivo de todos al designar a sus senadores es fijar un salario público que ahorre gastos a la formación. Fue una barbaridad que todos los diputados andaluces quisieran subirse la nómina a hurtadillas. Todo este debate no acerca a los ciudadanos a la política. Así planteado, los aleja más.