José
Fernández
Periodista
Los
andaluces soportamos un 36% de paro, vivimos con una renta 73% más baja que en
Europa, tenemos en aulas prefabricadas a miles de alumnos que luego adquieren
un nivel académico muy inferior al del resto de España, disfrutamos de un
sistema sanitario con enfermos encamados en los pasillos de los hospitales,
carecemos de una red de comunicaciones vertebradoras y llevamos más de tres
décadas de régimen político que ha hecho de la corrupción y el clientelismo dos
de sus señas de identidad más notables.
Es
comprensible, por tanto, que ante tan inquietante presente se despierten dudas
sobre nuestro futuro colectivo. Pero que no cunda el pánico, porque estamos
gobernados por una coalición de juiciosos estadistas de PSOE e IU que han
comprendido que para asegurar el futuro no hay nada más efectivo que revisitar
el pasado. Así y con la que está cayendo, la Junta de Andalucía está empeñada en sacar
adelante un proyecto de presunta memoria democrática que corrige (para
aumentar) los propósitos revanchistas y sectarios del inolvidable presidente
Zapatero y pretende reescribir la historia andaluza en el período entre 1931 y
1982. Ahí es nada.
Amparándose
en el comprensible dolor de los familiares de los desaparecidos y las numerosas
injusticias cometidas, pero superadas por la Transición y su pacto
de amnistía y perdón, IU pretende cobrarse su apoyo al PSOE en la Junta con una ley
innecesaria, costosa y disparatada. Una ley instalada en el pensamiento mágico
de considerar que la eliminación física de los símbolos supone la supresión de
los hechos, la inexistencia de los recuerdos y la acomodación de la realidad a
unos intereses concretos.
Por
eso creo que la contestación a esta ley no debe ser parlamentaria, sino
psiquiátrica. Hay especialistas capaces de ayudar con éxito a superar
obsesiones y psicodramas.
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