Roberto Ruiz Oliva
Periodista
A semejaba de la batalla que Don Quijote libró junto a su fiel escudero,
Sancho Panza, contra molinos convertidos en gigantes, los ecologistas se
concentraron en la mañana de ayer a las puertas del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA), sito en Granada, para denunciar irregularidades en
el procedimiento abierto por el hotel El Algarrobico, en primera línea del
litoral almeriense.
«En un lugar de la costa, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace ya algunos
años que corruptos y especuladores, de los más variados pelajes, vinieron a
acordar construir un monumento a la avaricia y la sinrazón…». Así dio comienzo
una particular representación en la céntrica plaza Nueva de Granada, cuyo
protagonista fue el macrohotel de 21 plantas y 411 habitaciones, que fue
autorizado primero por la Junta y luego denunciado por ésta, logrando que la
justicia paralizara las obras.
Foto: Elcorreoweb |
Vecinos, turistas e incluso algún que otro magistrado fueron sorprendidos en
plena calle por el mismísimo Don Quijote y su escudero, que escribieron ayer un
nuevo capítulo de la famosa obra de Miguel de Cervantes, cambiando–eso sí– sus
escenarios y a algunos de sus protagonistas. El penúltimo episodio de esta
«historia interminable», convertida en un auténtico galimatías jurídico, ocurrió
precisamente en la sede del TSJA, que hace unas semanas sentenció que el terreno
del término municipal de Carboneras, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar,
donde se ubica el hotel, es urbanizable.
En lugar de molinos de viento, rebaños de ovejas o pellejos de vino, ahora
los ecologistas libran su particular batalla contra los grandes intereses
inmobiliarios, los políticos «de todos los colores», las administraciones y
hasta «los mismísimos jueces», señaló un enérgico Sancho Panza.
De hecho, la
plataforma Desmontando el Algarrobico, integrada por grupos sociales, culturales
y ecologistas, convocó ayer esta particular protesta para exigir la recusación
de cuatro magistrados del alto tribunal andaluz.
El colectivo respaldó así la
querella criminal presentada ante el Supremo por la asociación Salvemos Mojácar
por presunta prevaricación contra el presidente y los tres magistrados de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha dictado la última sentencia.
También apoya la petición de Greenpeace a la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada para que estudie si la sentencia que
declara urbanizable El Algarrobico puede ser constitutiva de delito, al entender
que contradice veinte resoluciones judiciales que inciden en la ilegalidad del
hotel.
De esta manera, explicó Jaime del Val, portavoz del colectivo, la plataforma
aprecia «graves irregularidades» tanto de los jueces que dictaron la referida
sentencia como del presidente de la sala, Rafael Toledano. Entre esas
irregularidades, está el cambio «repentino» de sección del pleito que dio lugar
a ese «contradictorio» fallo, así como las dilaciones «inadmisibles» en el
proceso y la total «arbitrariedad» de argumentos en una resolución judicial que
hace prevalecer «el urbanismo contra el medioambiente».
Además, considera que los magistrados habrían vulnerado sentencias del
Supremo al dictar un pronunciamiento que choca con los anteriores en relación
con una disposición general como es la norma reguladora del Parque Natural, lo
que afecta al interés general y genera «inseguridad jurídica».
«Consideramos esencial que el caso lo lleven unos jueces que no pretendan dar
al proceso un giro de 180 grados», dijo Del Val, que anunció que la plataforma
seguirá convocando actos de protesta para lograr restablecer la legalidad
respecto a El Algarrobico, la próxima una manifestación el 10 de mayo en
Almería.
(El Correo de Andalucía)
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