Izquierda Unida y PSOE hacen las paces

Antonio Avendaño

Director de Andaluces Diario

No llegó la sangre al río. Anoche, pasadas la 1,30 de la madrugada, el PSOE e IU rubricaron un acuerdo de continuidad del pacto de Gobierno en Andalucía. Reproducimos a continuación la crónica publicada por el director de Andaluces Diario, Antonio Avendaño:

Las reuniones del jueves duraron cerca de doces horas y las de ayer rozaron las cinco. El encuentro del viernes entre los representantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida duró menos tiempo pero fue más provechoso. Al término de la cita, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijo estar “satisfecho” de los “avances” producidos, mientras que el coordinador de la Ejecutiva de IULV-CA, José Manuel Mariscal, aseguraba antes a los medios que “aún quedaban flecos” y que “pronto habría noticias”.

Maíllo y Díaz / Foto: El Correo

Dos horas y media después, hacia la una y media de la madrugada se comunicaba oficialmente que ambas partes habían llegado a un acuerdo que salvaba la crisis más grave sufrida por el Gobierno andaluz desde su formación, hace dos años. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmaba un nuevo decreto de devolución de las competencias de vivienda da la Consejería de Fomento y Vivienda.

Si la mañana había empezado con los peores augurios al conocerse la convocatoria urgente de la dirección política de Izquierda Unida para evaluar la crisis, por la tarde las cosas empezaron a cambiar cuando la delegación de IU acudía a la cita con sus socios de Gobierno con una valiosa información que hasta entonces estos habían reclamado en vano: la copia del expediente administrativo de realojo de las familias. Precisamente uno de los desencadenantes materiales del decreto firmado por la presidenta arrebatando las competencias de vivienda a Fomento fue la resistencia de este departamento a facilitar a Susana Díaz la información sobre las familias desalojadas de la Utopía y realojadas en viviendas públicas.

El clima de pesimismo empezó a despejarse ayer sobre todo a raíz de que Fomento rebajara sus pretensiones iniciales: las 22 familias de la Corrala Utopía que inicialmente había que realojar se quedaban al final en ocho, que es el número de las efectivamente reubicadas en estos momentos. Así lo explicitaba en la tarde de ayer una nota oficial de la Consejería de Fomento, dirigida por IU, de la que había desaparecido toda referencia a otras nueve familias más que también iban a acceder a un alojamiento en alquiler, según habían dicho por la mañana diversos portavoces de Izquierda Unida, en cuyo caso la suma total tampoco habría sido 22, sino 17. Aun con todo, Fomento no podría haber realojado a estas nueve familias dado que ya no tenía competencias en vivienda, tras el decreto de la presidenta Susana Díaz asignando la titularidad de esas materias a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en manos de la socialista María Jesús Montero.

OCHO FAMILIAS, TRES DISCAPACITADOS Y SEIS NIÑOS

Era precisamente el departamento que dirige Montero quien estaba evaluando ayer si las ocho familias cumplían alguno o los dos requisitos para conservar el alojamiento provisional asignado por la consejería que dirige Elena Cortés: estar en riesgo de exclusión social o tener a su cargo menores o dependientes. Según ha sabido andalucesdiario.es, en esas ocho familias hay tres discapacitados y seis niños. Una vez concluido su informe, Hacienda lo remitiría a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, como es preceptivo: si todas las familias cumplen los requisitos “se quedarán donde están; si no es así, tendrán que salir”, dijeron a este periódico fuentes cercanas a la presidenta.

La Oficina del Portavoz del Gobierno difundía al filo de las dos de la madrugada una nota según la cual “una vez examinados los casos de las 22 las familias del primer compromiso entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía de 5 de marzo de 2014 se comprueba que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, teniendo conocimiento de extractos de informes sociales en los que se acreditaba la circunstancia de existencia de menores y riesgo de exclusión social, emitió resoluciones para el realojo provisional y transitorio de 17 familias”. Revisadas en profundidad “las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos, se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria” hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social. En ese caso, podrán continuar “disponiendo de esos alojamientos, hasta que la Consejería de Fomento pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares”. En el caso de las otras nueve familias, concluía la nota oficial, “queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo. En este sentido, se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas”.

Fuentes conocedoras de la marcha de la negociación se mostraron, a preguntas de andalucesdiario.es, optimistas: “Esta noche [por anoche] se salva el pacto de gobierno, pero dentro de la ley”. El gran caballo de batalla de las discrepancias entre los dos socios de de la coalición de izquierdas ha sido precisamente la legalidad, aunque PSOE e IU no parecían interpretarla con el mismo rasero: mientras la coalición ha recalcado una y otra vez su plena convicción de que los realojos eran perfectamente ajustados a la ley y que las 22 familias estaban en riesgo de exclusión social o tenían niños, desde el palacio de San Telmo se albergaban muchas dudas y bastantes sospechas sobre el perfil socioeconómico real de algunos los desalojados. El hecho de que finalmente las familias reubicadas en viviendas públicas hayan sido ocho y no 22 indicaría que las sospechas de Presidencia tenían algún fundamento.

UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Entre los flecos que quedaban pendientes de resolver hacia las once de la noche figuraba el formato en que Fomento tendría que rectificar o entonar algún tipo de mea culpa que, sin humillar al departamento de Cortés, dejara claro ante la opinión pública que era Fomento quien había cometido errores en la gestión de este conflicto. Tampoco ha trascendido si la recomposición del pacto de Gobierno -suspendido provisionalmente por IU, aunque nadie supiera muy bien qué significaba exactamente esa suspensión- acarreará alguna dimisión en la Consejería de Fomento. Lo que es evidente, en todo caso, es que la confianza de la presidenta Díaz en su consejera de Fomento y Vivienda ha quedado muy deteriorada: de hecho, ambas no han llegado a hablar en ningún momento desde que se desató la crisis, y ello a pesar de que las relaciones personales entre ambas siempre han sido cordiales.

Aun recompuesto el pacto de Gobierno, las cosas no volverán a ser igual. Esta crisis va a dejar heridas y recelos en ambas partes. Si el entendimiento de la presidenta Díaz con su vicepresidente y excoordinador regional de IU, Diego Valderas, o con el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, es muy fluido, no parece ocurrir lo mismo con el nuevo coordinador regional Antonio Maíllo, a quien los socialistas atribuyen parte de la culpa de lo sucedido y al que en privado reprochan que fuera a Plaza Nueva a “hacerse la foto” con los desalojados la noche del miércoles cuando les fueron entregadas las llaves de sus alojamientos provisionales.