Jueces frente a la ecología

Miguel Ángel Blanco Martín

Periodista

Los jueces no son ecologistas. Cuando se trata de hacer justicia (?) en asuntos que tienen que ver con cuestiones medioambientales y ecológicas, el resultado en la mayoría de los casos es desconcertante cuando no sorprendente. Como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el caso del hotel del Algarrobico y lo que le rodea, en Carboneras.

"Los jueces no son ecologistas"

No hay muchas sentencias, más bien son pocas, que resuelvan desaguisados ambientales, a favor de denuncias ecologistas, según qué salas. En la mayoría de los casos, en que así sucede, lo más probable es que las sentencias no lleguen a ejecutarse. Y de esta manera, urbanizaciones o edificaciones “ilegales” y destructoras del paisaje, que surgen por intereses particulares o municipales del negocio y del capital, sonríen en su interior cuando reciben la notificación de una sentencia en contra. Los medios de comunicación informan de ello, que la urbanización tiene que ser demolida.

Los promotores y ayuntamientos que lo han permitido, tras haber sido “comprados”, sonríen en su interior, a sabiendas de que la urbanización seguirá adelante, en la mayoría de los casos. Y a los ecologistas sólo les queda el derecho a la crítica, a la protesta, a la denuncia, frente a quienes ven en la tierra, el paisaje, la naturaleza, como su propiedad para la oportunidad de hacer negocio. En la mayoría de los casos predomina el concepto de “propiedad privada”, como un derecho permanente e inalterable. Para nada, el trasfondo del bien social que tiene que emanar de toda propiedad pública o privada, que no es ni mucho menos inmutable.

Cuando, hace ya años, por ejemplo surgió un proyecto de urbanización en la Fabriquilla, en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) lo rechazó porque afectaba al orden del Parque Natural. Al principio, las resoluciones judiciales fueron favorables a la Junta. Hasta que llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de los intereses de los promotores de la urbanización. En estos casos, es factible el llegar a un acuerdo para una permuta de terrenos o de una indemnización a los promotores o propietarios ante la inviabilidad de la urbanización, por la Junta, en este caso.

En estas situaciones, el tribunal suele fijar la cantidad de la indemnización que, en este caso, si no recuerdo mal, la Junta de Andalucía estaba dispuesta a asumir. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo resolvió que no había lugar a la indemnización, que no había más salida que la construcción de la urbanización de la Fabriquilla que, afortunadamente hasta ahora, no se ha levantado.

Y ahora nos encontramos con el dilema del Hotel del Algarrobico, otro disparate que nunca tuvo que iniciarse. No sería mala idea que se hicieran públicas las actas de la Comisión provincial de Urbanismo donde se debatió el tema, para saber qué y cómo se votó, quiénes apostaron por el proyecto y quiénes no. No sé cómo quedará al final el tema del Algarrobico, pero personalmente creo que su destino tiene que ser la demolición y la puesta en evidencia pública de quienes lo permitieron y fueron cómplices de tal  aberración.

Y así un asunto tras otro ante la Justicia (?), siempre con interese urbanísticos, que han planificado invadir el territorio dónde y cómo sea. Son situaciones que suelen terminar en los tribunales, en la mayoría de los casos para nada. Para eso están los jueces, bueno, la mayoría de los jueces, en defensa de las razones, lamentablemente “sagradas”, de la propiedad privada y frente al espíritu, noble y justo, de la Ecología, del Paisaje y de la Tierra.