Antonia
Sánchez Villanueva
Subdirectora
de La Voz de
Almería
La
subdirectora de La Voz
de Almería continúa desgranando el informe elaborado por la Agencia Tributaria
sobre el presunto desfalco de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido en la
llamada Operación Poniente. En esta ocasión, se detiene en los beneficios del
socio mayoritario, Abengoa, que operaba a través de empresas fialiales, y
algunos funcionarios del Ayuntamiento.
El Grupo Abengoa, socio privado y mayoritario
que el Ayuntamiento de El Ejido seleccionó en el año 1995 para crear la empresa
mixta que gestionaría los servicios públicos (Elsur), también tuvo una parte
muy activa en el saqueo de casi 60 millones de euros de las arcas municipales a
través de dicha sociedad, según deja en evidencia el último y concluyente
informe pericial de Hacienda aportado al sumario de la investigación judicial.
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| Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, socio en Elsur a través de una filial |
Para
ser más concretos, las mercantiles Agensurasa y Aygesa que representaban
sucesivamente el 70% del capital de Elsur se llevaron 16,5 millones de euros de
sobrefacturación a la empresa de servicios de El Ejido entre los años 2002 a 2006 por no hacer
absolutamente nada [en su doble sentido: ni pusieron freno a la situación ni
hicieron ningún trabajo que lo justificara].
Los
peritos de la
Agencia Tributaria se preguntan en su informe lo que se
preguntaría cualquiera: cómo es posible que el socio mayoritario de Elsur
tolerara que las subcontratas controladas por los empresarios José Amate y Juan
Antonio Galán estuvieran “ordeñando” la vaca Elsur, lo que equivale a decir “la
vaca Ayuntamiento de El Ejido”.
Máxime
cuando ya los órganos de dirección de Elsur habían sido avisados por la
aseguradora Marsh. Y que estos, en especial el director gerente hasta 2008,
Manuel Caballos, procedente de Grupo Abengoa, reportara habitualmente con el
presidente de Aygesa y vicepresidente de Elsur, Antonio Borrero, al que
consideraba su jefe. “Es evidente que el socio privado, que tiene la mayoría
del capital (70%) y, por tanto, tiene mayoría en el Consejo de Administración y
ha nombrado toda la cúpula directiva y puede cesarla y está participada por
sociedades del grupo Abengoa, multinacional de amplia experiencia en gestión,
no puede alegar ignorancia”, razona el informe de Hacienda.
Para
los peritos, la respuesta -la que muchos podrían intuir- está clara: si el
accionista mayoritario no tomó cartas en el asunto es porque “estaba ordeñando
igualmente la vaca Elsur, es decir, la vaca Ayuntamiento de El Ejido, y ello a
través de los contratos por asesoramiento genérico”.
Ese
tipo de servicio de apoyo a la gestión que teóricamente Aygesa le prestó a
Elsur no estuvo nunca previsto en las condiciones de la concesión y, según
concluye el informe pericial, tampoco se llegó a prestar realmente. Y, sin
embargo, le supuso a las arcas del Ayuntamiento -puesto que Elsur se lo
repercutió vía incremento del canon anual- 16.548.000 euros en siete años. A
esa cantidad habría que sumar otros 567.000 euros en servicios que Elsur sí
prestó a Aygesa y que, sin embargo, nunca fueron facturados.
El
cargo de esos supuestos asesoramientos a Elsur comenzó de manera tímida en 1997
con la cantidad de 29.499 euros pero fue experimentando una “escalada
espectacular” hasta alcanzar un pico de 3,9 millones de euros en 2008.
Argumentan los expertos de Hacienda que “de ser necesario recibir asesoramiento
y apoyo a la gestión, la lógica nos diría que hubiese sido necesario al
constituirse la sociedad y ponerse en marcha, justo al contrario de lo que aquí
ha ocurrido”.
Pero,
además, al mismo tiempo que se registraban esos exorbitantes incrementos de
facturación por asesoramiento y apoyo a la gestión, Elsur cada vez estaba peor
gestionada, pagaba a las subcontratas al doble de su valor y, aunque los
precios cobrados al Ayuntamiento de El Ejido no paraban de incrementarse
termina declarándose en concurso de acreedores en junio de 2011.
Todos
estos hechos confirman, según consta en el informe pericial, que “realmente no
se prestaron servicios de asesoramiento ni de apoyo a la gestión, sino que
tales facturas tuvieron como única finalidad detraer fondos de Elsur a favor
del socio privado y, como paso intermedio, incrementar los costes de Elsur para
justiricar ante el Ayuntamiento de El Ejido la necesidad de incrementarle los
precios”.
Las
facturas, además, aparecen con descripciones genéricas que no permiten saber
qué trabajo se había hecho ni por qué se fijaba ese precio. “Con esa
documentación y esa descripción podría haberse puesto cualquier cantidad, el
doble, la mitad, la quinta parte, la centésima parte, cualquier cosa”. En la
abundante documentación intervenida en los registros no se ha encontrado
tampoco ningún indicio que avale la existencia de los pretendidos trabajos de
asesoramiento.
En cambio, sí se han hallado en los registros en el Ayuntamiento
de El Ejido y en las oficinas de Elsur documentos que ponen de manifiesto,
según los peritos judiciales, que “el socio privado decide primero cuánto se va
a llevar y después fabrica el contrato, las facturas, los pedidos y los resúmenes
para tratar de justificar las cantidades facturadas e intentar dar soporte
documental a unos supuestos trabajos”.
Cinco
funcionarios de alto escalafón del Ayuntamiento de El Ejido, el hijo y la esposa
de dos de ellos y un cargo directivo de Elsur también percibieron jugosos
ingresos procedentes en última instancia del Ayuntamiento de El Ejido. Lo
hicieron a través de una sociedad creada en 2004, Urdial-Maryya SL, que
facturaba a Elsur por la subcontratación de asistencias técnicas, a Clabert
(empresa a su vez contratista con el Ayuntamiento) y a Diiesa (Diseño y Desarrollo
de Infraestructuras Eléctricas de El Ejido, participada al 60% por Elsur).
Urdial
ingresó entre los años 2004 y 2009 cantidades que suman por encima de los 2,3
millones de euros. La mayor parte de ese dinero (1,9 millones) procedía de
Elsur. El segundo ‘cliente’ más importante era Clabert, que abonó en seis años
317.000 euros. A Diiesa le facturó solo en el año 2007, por un importe de
53.800 euros.
Los
pagos que hizo esta sociedad estuvieron destinados a Agustín Santaella Rodríguez,
jefe del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (250.682 euros);
Agustín Santaella Aguilera, arquitecto, hijo del primero(44.163 euros); Francisco
Javier Martíez, ingeniero industrial y director técnico de Elsur, (77.842
euros); María Natividad Castillo Gualda, esposa de Emilio García Alcántara, jefe
de la Unidad
Administrativa de Obras Públicas del Ayuntamiento (28.753
euros); Francisco Gabriel García Lirola, arquitecto del Ayuntamiento (321.825
euros); María Jesús Maldonado Maldonado, jefa de Vías Públicas del Ayuntamiento
de E Ejido (160.946 euros); y Antonio Cara Gallegos, técnico de Obras Públicas
del Ayuntamiento de El Ejido (82.577 euros).
Como
fundadores de Urdial figuran Agustín Santaella Aguilera (hijo de Agustín
Santaella Rodríguez); María Natividad Castillo Gualda (esposa de Emilio García
Alcántara y administradora) y Alicia González Fuentes (esposa de Francisco Javier
Martínez-Pais Los Certales).
Sin
embargo, en el análisis de los ordenadores intervenidos tras los registros, los
investigadores han encontrado abundante intercambio de correos electrónicos
entre las tres personas sobre las que recaían las sospechas de ser los verdaderos
artífices y creadores de la sociedad: el jefe del Área de Obras Públicas, el de
la Unidad
Administrativa del mismo área y el director técnico de Elsur,
según se hace constar en el informe pericial de Hacienda.
De
ese intercambio de mensajes se deduce, entre otras cosas, que Agustín Santaella
hacía propuestas al concejal delegado del Área de adjudicación de asistencias técnicas
a Elsur que, posteriormente, la empresa mixta subrogaba con Urdial.
A la
vista del análisis de esa documentación, el informe de los peritos judiciales
concluye que la constitución de Urdial-Maryya por funcionarios del Ayuntamiento
tenía como propósito “enriquecerse” a costa del propio Ayuntamiento a través de
la facturación a Elsur. Diversos funcionarios recibieron ingresos económicos
procedentes de esta sociedad, bien directamente, bien a través de sociedades interpuestas,
por trabajos en asistencias técnicas de obras también municipales.
Esos
funcionarios eran los que tendrían que haber controlado los trabajos de Elsur y
de Urdial-Maryya, o sea, controlarse a ellos mismos.
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