Fernández Sevilla puede ser el segundo almeriense imputado por Alaya

Juan Folío

La Opinión de Almería

De los casi doscientos imputados por la juez Mercedes Alaya por el caso de los ‘eres’ solamente uno es almeriense. Hasta ahora. Porque dentro de pocos días, al exconsejero Martín Soler se le puede sumar el exsecretario general de la UGT Francisco Fernández Sevilla. Uno de Poniente, de Berja, y otro de Levante, de Cuevas del Almanzora, si bien es cierto que las actividades por las que la juez Mercedes Alaya acusa a estos dos almerienses no tienen nada que ver con sus municipios de procedencia, sino por sus cargos en el Gobierno de Andalucía y en la Unión General de Trabajadores.

Francisco Fernández Sevilla

En el caso del sindicalista virgitano, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Alaya que investigue el ‘ere’ que promovió Altadis en sus fábricas andaluzas en 2005 y por el que la Junta de Andalucía abonó 22 millones de euros hasta 2010, “prescindiéndose”, dice, “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Por ello, la Fiscalía reclama que se impute y se citen a declarar a cinco personas, entre las que se encuentran Francisco Fernández Sevilla, entonces miembro de la dirección de UGT-A y luego secretario general.

Los fiscales Anticorrupción dicen que Altadis llevó a cabo un ‘ere’ nacional, aprobado por el Ministerio de Trabajo, para el que suscribió tres pólizas destinadas a los trabajadores andaluces, y en las que la Junta asumía como compromiso pagar 35 millones de euros. Según el Ministerio Público, el que era director general de la Junta Francisco Javier Guerrero confirmó el abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis tras un acuerdo alcanzado “por Blanca Uruñuela Aguado y Francisco Fernández Sevilla, por el sindicato UGT; por Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo, por CCOO; y por José Luis Relea Laso por Altadis”, además del propio Guerrero. La Fiscalía pide que todos ellos sean imputados.

La Intervención General llega a una serie de conclusiones, que la Fiscalía recoge, en las que se detallan una serie de irregularidades. Así, considera que la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa, como es el pago a los trabajadores, sin que conste la existencia de ningún análisis económico por parte de la Administración andaluza en el que se detalle si Altadis no tenía capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta.

“En la concesión de esta subvención”, dice el informe remitido a la juez Alaya, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, por lo que para la Fiscalía plantea incluso su nulidad. Además, “no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo”.