José
Luis Vidal Coy
Periodista
/ Cuarto Poder
Veinte
sentencias después y unos cuantos años de lucha contra el hotel edificado en la
playa de El Algarrobico pueden irse al traste si la Junta de Andalucía no
reacciona y ejecuta el dictamen que le otorgó en enero de este año la propiedad
de los terrenos sobre los que está edificado. Ese auto fue declarado “firme”
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril y otorgaba al
gobierno andaluz el derecho de retracto sobre los terrenos en que se levanta
esa mole que invade el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.
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| Manifestación contra el Algarrobico |
Ejercer
esa acción cuesta 2,3 millones de euros. Susana Díaz tiene la pelota en su
alero, por si encuentra un hueco en su apretada agenda política intrapartidaria
para dedicarlo a solucionar el desaguisado, habida cuenta de la indiferencia
que muestra la Consejería
de Medio Ambiente que dirige María Jesús Serrano. No acaba de entenderse el
motivo por el que la administración andaluza actúa ya de una vez, puesto que el
famoso hotel tiene incluso una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara
ilegal la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras y gracias a la
cual se construyó.
Pero
recientemente el mismo TS ha desestimado la querella interpuesta por
asociaciones ecologistas contra los cuatro jueces de la sección tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que
el pasado 21 de marzo declararon “urbanizable” el terreno del Hotel, en contra
de lo establecido por esas sentencias anteriores citadas.
El
peligro que ven inminente las dos decenas de asociaciones nucleadas en la
plataforma Desmontando El Algarrobico es que esos mismos jueces –Rafael
Toledano Cantero, María R. Torres Donaire, Jorge Muñoz Cortés y María del Mar
Jiménez Morera–. ahora libres de la querella por presunta prevaricación,
aprovechen este periodo estival adormecedor de conciencias y protestas para
seguir adelante con la idea de dar respaldo jurídico a la supuesta legalidad
del hotel construido por Azata del Sol sobre la playa de El Algarrobico,
municipio de Carboneras (Almería), invadiendo los límites del parque costero
almeriense.
El
caso es que la situación que puede cristalizar ahora en una decisión
judicial con la “agostidad y alevosía” que teme la plataforma Desmontando El
Algarrobico refleja fielmente lo expresado hace seis años por el magistrado de
lo contencioso-administrativo Jesús Rivera Fernández –que fue
convenientemente apartado del caso– en referencia a las actuaciones de las
administraciones concernidas, en la sentencia que invalidó la licencia de obras
concedida por el Ayuntamiento de Carboneras para edificar el hotel de Azata del
Sol y que luego ratificó el Supremo.
“La
abulia y desidia de la
Corporación Local demandada y de la Junta de Andalucía en la
defensa del interés general representado por el respeto a la normativa
sectorial de costas y de medio ambiente, (…), presentan, sin perjuicio de una
ulterior y más depurada calificación jurídica, los caracteres de los delitos de
prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio”, rezaba el
fundamento de derecho VII de aquel dictamen de Rivera, fechado el 5 de
septiembre de 2008.
Se
refería ese texto, indudablemente, a que el Ejecutivo andaluz no hubiera
ejecutado el derecho de retracto sobre los terrenos que le fue otorgado dos
años antes, en tiempos en que el mandamás era todavía Manuel Chaves, antes
incluso de José Antonio Griñán. Claro está, vista la trayectoria, que el
Ayuntamiento de Carboneras, lo gobierne quien lo gobierne, no está por la labor
de derruir el hotel en El Algarrobico con los consabidos argumentos de supuesta
creación de riqueza y puestos de trabajo. ¿Pero por qué motivo la Junta Andaluza no
ha ejercido aquel derecho y bloqueado definitivamente las esperanzas que aún
albergan quienes desean ver el denostado hotel abierto y funcionando? Lo dicho:
Susana Díaz tiene la palabra.
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