El Mesón Gitano, sin resolución judicial, no

Laura Rodríguez-Carretero

Portavoz de UPyD en Almería

Las últimas declaraciones de Manolo Guzmán (concejal del PP y responsable del Plan Urban), anunciando que las obras del Mesón Gitano comenzarán la semana próxima, suponen una temeridad que puede volver a costar el dinero a los almerienses si el Ayuntamiento no cuenta con la pertinente autorización judicial. Las obras del Mesón Gitano están suspendidas cautelarmente por el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) a instancias de una denuncia del Colegio de Arquitectos de Almería, que establecía que era ilegal convocar el proyecto y la obra en la misma licitación.

Manuel Guzman

Ante esta suspensión, el Ayuntamiento solicita una fianza; el juez accede y la fija en 536.432 euros; el Colegio de Arquitectos recurre la decisión judicial; y en este momento se está pendiente de la resolución de este recurso. El concejal Guzmán (PP) propone no esperar a tener la resolución judicial para que comiencen las obras, lo que para UPyD Almería es un “suma y sigue” en la ya larga lista de despropósitos que pesan sobre esta obra y sobre las inversiones del Plan Urban.

Reclamamos más sensatez para comenzar las obras y esperar a la resolución judicial, así como la realización de un informe jurídico que avale la decisión municipal y un informe económico que dictamine los posibles perjuicios a las que se enfrentan todos los almerienses en el caso de que las obras, una vez comenzadas, sean paralizadas por mandato judicial. Sin un informe jurídico y otro económico, nunca.

Se debería solicitar un informe jurídico independiente porque después de las últimas sentencias judiciales que han costado a los ciudadanos más de 10 millones de euros, y las que quedan pendientes de juicio, hay que ser más cautos.

En cualquier caso y dada la transcendencia de las obras y el hecho de que la actuación puede derivar en reclamaciones por daños y perjuicios que terminará pagando toda la ciudadanía, esta formación presentará una moción para que sea el pleno municipal el que se pronuncie sobre la idoneidad de acometer las obras sin la resolución judicial.