Adela
Segura
Diputada
de Andalucía por el PSOE
Ha
tenido que pasar todo un año entero para que la empresa pública Galasa, dependiente
de la Diputación Provincialla Diputación , Javier
Aureliano García, dijera de manera irresponsable: “Si el delegado Territorial de
Salud, Alfredo Valdivia, dice que no es apta para el consumo, yo digo todo lo
contrario y recomiendo a los ciudadanos que usen el agua”.
 |
| "Cuando el negocio entra por la puerta el interés general salta por la ventana" |
Pues
bien, 12 meses después de esta ‘proeza’ del agua apta, el presidente de la Diputación Provincialla Diputación se ha orquestado en su intento de
modificar los estatutos, que nadie quiso aprobar, para aumentar de manera brutal
las tarifas en hasta un 175%.
Y es
que ni siquiera pudieron convencer a los Ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular, a los que metieron en un callejón sin salida. El PP, por lo
tanto, no solo no ha solucionado el problema de Galasa, sino que lo ha agravado,
dejando, además, en ridículo a los alcaldes del PP que forman parte de la Junta General de
Accionistas de Galasa.
El
PSOE está dispuesto a colaborar para encontrar una solución al problema de la
deuda que ha generado Galasa, siempre y cuando esa solución no vaya en contra
de la autonomía local de los Ayuntamientos, en contra de los intereses de los ciudadanos
y en contra de lo que marca la normativa. El agua no puede convertirse, tal y
como pretende el PP, en un negocio sino en un derecho para todos los vecinos y
vecinas de Almería, de una provincia donde escasea este bien y en cuyo reparto
tanto los Ayuntamientos como la Diputación Provincial
La
derecha, sin embargo, insiste en hacer del agua su “chiringuito” particular y
ahora vuelve a la carga auspiciando un convenio entre el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y el de Almería para esquilmar aun más el sobreexplotado Acuífero
del Poniente mediante la extracción de agua de los conocidos como pozos de
Bernal.
La
medida resulta aun más escandalosa si se tiene en cuenta que el Gobierno de
Rajoy está finalizando –según reconoce la propia Administración central- las
obras de la desaladora del Campo de Dalías. ¿Qué hará entonces Gabriel Amat
cuando esta infraestructura, que cuenta con una inversión de más de 100 millones
de euros, esté terminada? ¿Tomará el mismo camino que el Ayuntamiento de Almería
y permitirá que la instalación permanezca ociosa mientras continúa explotando el
Acuífero con el consiguiente perjuicio para regantes y población en general?
Van
a tener que explicar, y muy bien, todos estos ‘acuerdos’ contrarios al interés
de todos. El alcalde almeriense también debe de responder por su inoperancia a
la hora de poner en marcha las obras para conectar los depósitos de la Pipa y de San Cristóbal que
permitirían que el agua desalada llegara a toda la ciudad, lo que haría innecesaria
la extracción de agua de los acuíferos o, al menos, su reducción.
A
pesar de que todas las alertas están encendidas, el PP hace caso omiso a los
avisos y pone en juego el futuro de toda una comarca como la del Poniente,
haciendo bueno el dicho de que cuando el negocio entra por la puerta el interés
general salta por la ventana.
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