Mª del Carmen Cerezuela
Periodista
A primera hora de la mañana un fuerte dispositivo policial, compuesto por la
Policía Nacional y Local, rodeaba la Ciudad de la Justicia de El Ejido. El
alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, estaba citado para declarar a las 9,00
horas en calidad de imputado por los delitos presuntamente cometidos contra la
hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documento público y tráfico
de influencias. Todos ellos relacionados con la compra de una finca y su
posterior venta, durante su etapa de concejal de Urbanismo. También han
comparecido como imputados su padre, su hermano y un cuarto socio de la empresa
Agrícola Euro-Alpujarra de la que eran administradores.
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| Francisco Góngora |
Una hora antes, a las
8,00 de la mañana, se congregaban los medios de comunicación, así como el grupo
político IU, que portaba una pancarta en la que se podía leer: “Basta de
alcaldes CorruPPtos” y en la que, además, se solicitaba la dimisión de Góngora. También se encontraban observando el panorama
representantes de Podemos e incluso del Partido Popular. A todos ellos conseguía
eludir el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien presumiblemente accedía
sobre esas misma hora por las cocheras de la Ciudad de la Justicia en un Renault
Megane rojo con los cristales oscuros y escoltado por la Policía Nacional, una
situación que ha enfadado a IU.
“Es una bajeza política y no tiene la
suficiente valentía”, recriminaba Serafín Pedrosa, portavoz de IU. “Si tan
seguro estaba de su inocencia, ¿por qué no da la cara?”, ha manifestado Pedrosa.
Por su parte, Góngora ha permanecido cerca de cinco horas en el interior de la
Ciudad de la Justicia, aunque su declaración ha durado unos 30 minutos, y volvía
a salir sobre las 12,45 en el vehículo y nuevamente por las cocheras.
Minutos después salían por la puerta principal de los juzgados los abogados.
Joaquín Montereal, el abogado de Góngora, se marchaba rápido y sin realizar
ninguna declaración a los medios; mientras que el letrado del PAL, que ejerce la
acusación, Juan Carlos Calatrava, daba cuenta de lo ocurrido horas antes. “Los
testimonios de los imputados son exculpatorios, pero la prueba documental tiene
mucho peso”.
Calatrava entiende que “se ha obtenido un beneficio”, con la venta
de la finca y que “este no se ha declarado”. Justo lo contrario que ha defendido
Góngora, quien, según el testimonio de Calatrava, ha declarado que “cuando entró
en política la finca ya tenía la calificación urbanística” y que “no ganó
dinero con la operación”, por tanto, no se hubiera producido tráfico de
influencias.
El abogado ha dicho que los imputados aún no han depositado la
fianza civil de 2,3 millones de euros impuesta por el supuesto delito fiscal y
que tienen diez días de plazo antes del embargo de los bienes.
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