Isabel
Morillo
Jefa
de Andalucía de El Correo de Andalucía
208
tomos, más de 80.000 folios y 201 imputados. Cuando en los pasillos de los
juzgados sevillanos se rumoreaba que la jueza Mercedes Alaya había asumido por
fin que su instrucción estaba agotada y estaba ya trabajando en el escrito para
elevar la causa de los ERE al Tribunal Supremo, atendiendo así a la reclamación
de la Fiscalía
Anticorrupción , la magistrada ha sorprendido a propios y
extraños con un nuevo giro tan inesperado como sorprendente.
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| Mercedes Alaya / Ideal |
Hace solo días, la Fiscalía alertó del
«crecimiento desmesurado y no justificado» de la causa. Pidió no incorporar más
documentación del Parlamento o la
Cámara de Cuentas. Las tesis de Anticorrupción no son nuevas.
Se suceden desde hace meses. Se alerta del riesgo de prescripción de delitos,
de las dificultades para recuperar los fondos públicos supuestamente
defraudados, se insta a la división de la causa en piezas separadas que
permitan agilizar y juzgar lo antes posible. Reiteradamente desde marzo se
encadenan los avisos.
Pese
a que Alaya ha empezado a emitir señales de que está terminando su trabajo, la
petición de ayer al Gobierno andaluz para que en 48 horas aporte la documentación
de las ayudas sociolaborales en 2011 y 2012 es difícil de entender. Se señala
una maniobra judicial algo alambicada para que el Supremo le devuelva el caso a
sus manos y le pida que siga investigado. Se apunta a una maniobra política, a
la que se abonó raudo el PP, señalando por primera vez a un Gobierno en el que
estuvo sentada su actual presidenta, Susana Díaz, en la consejería de la Presidencia.
La basura
de los ERE salpica hasta el consejero Manuel Recio, que ocupó el cargo de 2010 a 2012, y al que le
estalló el escándalo en las manos hace tres años y medio. La investigación
policial arrancó tras detectarse intrusos en varios ERE, con origen en el de la
lonja sevillana, Mercasevilla. Recio, aforado como diputado andaluz y señalado
por Alaya, fue el encargado de abrir la primera investigación interna. Su
director general de Trabajo, Daniel Rivera, está imputado por supuestamente
tratar de disimular el fraude que se estaba destapando. Fue un escándalo que
paralizó a la
Administración andaluza. La arrolló. No supieron calcular su
alcance. Pero desde el primer momento se paralizó la concesión de ayudas y se
adoptaron medidas.
Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas acredita
que ya en abril de 2010 se regularizó, mediante la encomienda de gestión, el
procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas sociolaborales.
Hasta entonces, ni existía. Fue una medida de emergencia. El 6 de abril de 2011
se publicó en BOJA la nueva orden para regular las ayudas. El procedimiento fue
después endurecido incorporando varias resoluciones parlamentarias al respecto.
Se dejaron de pagar sobrecomisiones a las aseguradoras.
En el Gobierno de 2012 la Consejería de Empleo
desapareció. Sus competencias se diluyeron en varios departamentos. La Junta se apresuró a intentar
poner orden tras una década de caos y agujeros administrativos. ¿Qué busca
Alaya? Ni se sabe ni se entiende.
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