Emilio
Ruiz
La rocambolesca
historia del más popular de los hoteles inacabados de España, El Algarrobico,
se remonta al mes de marzo de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras
concede la licencia de obras, “en zona urbana”, según todos los informes y las
propias palabras de quien era entonces delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan
José Luque, ratificadas por su consejera, Fuensanta Coves, que consideraba que el
terreno contaba con derechos consolidados antes de ser declarado parque
natural.
Desde
2003 hasta 2014 han pasado por el Ministerio de Medio Ambiente cinco ministros
y se han acumulado 22 resoluciones judiciales, de las que 20 son contrarias al
hotel, entre ellas tres del Supremo y cuatro de la Audiencia Nacional, y dos, de la Sala Tercera del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, a favor. Y el hotel, ahí sigue.
El
primero de los ministros fue Jaume Matas, actualmente en desagradable estancia. Según la secretaria socialista de
Cambio Climático y Sostenibildad, Pilar Lucio, fue él quien “debió haber
intervenido en la tramitación de la licencia y detenido el procedimiento
amparándose en la legislación de costas”.
Quien
sí intervino fue su sucesora, la socialista Cristina Narbona, ministra entre
2004 y 2008. “Su actuación fue por motivos personales”, dice el alcalde que más
apostó por el proyecto, Cristóbal Fernández, en unas recientes declaraciones.
Hace unos días, la exministra le ha respondido vía Twitter: “¿Cuestión personal
defender la Ley
de Costas? Falso”.
La
actuación de Cristina Narbona en el “Caso Algarrobico” suma por igual
detractores y defensores. Hay quien le acusa de ser la causante de la
endiablada situación político-judicial en la que se encuentra el hotel. Y no
falta quien la considera la héroe que ha evitado el mayor atropello
paisajístico de los últimos tiempos en la costa española.
Narbona
siempre ha estado convencida de lo que hacía y siempre ha considerado que todos
sus pasos se han mantenido dentro del margen de la legalidad, si bien, a veces,
también de la incomprensión. El pasado mes de abril, explicaba que el hotel tenía
permiso de obras dos años antes de su llegada al Ministerio y que las mismas se
iniciaron cuando todavía no se había hecho el deslinde que marcaba la ley.
"Intenté”,
recuerda, “persuadir al promotor y al Ayuntamiento de que se modificase el
proyecto, con un retranqueo factible en ese momento, advirtiéndoles de que, de
seguir adelante con el proyecto inicial, cuando el deslinde definitivo
estableciera una franja de 100
metros , el hotel incumpliría la Ley de Costas y el ministerio
estaría legitimado para actuar". “Lamentablemente no se llegó a ningún
acuerdo, y la obra siguió adelante sin ninguna modificación”, añade.
A
Narbona le sucedió Elena Espinosa (2008-2010), que se limitó a decir que su
ministerio se mantenía en permanente contacto con la Junta de Andalucía y ponía
de relieve su voluntad de colaborar para proceder al derribo en cuanto
culminara el procedimiento judicial en curso. El mismo guión siguieron Rosa
Aguilar (2010-2011) y Miguel Arias Cañete (2011-2014). De Isabel García
Tejerina aún no se tienen referencias.
El
futuro del hotel pasa por dos posibles soluciones y una no solución. La no
solución es dejarlo como está. Las dos soluciones son demolerlo o terminarlo.
Posiblemente tengamos que esperar aún a ver pasar a otros cinco ministros para
que el asunto se resuelva.
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