Rocío Velis
El Correo de Andalucía
El
exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Martín Soler
tendrá que comparecer de nuevo ante la jueza Mercedes Alaya por el fraude de
los ERE. En esta ocasión, la magistrada le ha citado tras ampliar su imputación
por una ayuda de 450.000 euros a la empresa Avantia Ticsa. Soler, que ya acudió al juzgado el pasado 17 de junio,
ha sido llamado para el próximo 22 de septiembre, fecha en la que la
instructora ya tenía fijadas las comparecencias de otros siete imputados, entre
ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
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| Martín Soler |
La
titular del Juzgado de Instrucción número 6 explica en una providencia que
«realizado un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado,
se observa que a Martín Soler no se le imputó expresamente la autorización de
pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el
15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de
Innovación». Ante este despiste, la magistrada ha decidido rectificar y citar
al exresponsable de Innovación «para declarar sobre estos extremos».
La
cita será el próximo 22 de septiembre a las 12.45 horas , justo después de que
hayan desfilado por su despacho siete imputados ya conocidos de la instrucción,
a los que la magistrada les amplió la imputación en el auto dictado el 4 de
septiembre. Entre ellos se encuentran, además de Fernández, los
exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas, así como el ex
director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Martín
Soler, que ocupó el cargo entre 2009 y 2010, ya estuvo el pasado día 17 de
junio ante la instructora, aunque entonces se acogió a su derecho a no declarar
después de que ésta le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y
malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción
ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado.
La
magistrada imputó al exconsejero el pasado 3 de junio, en un auto en el que le
recrimina que la Agencia
IDEA , dependiente de esta consejería, siguiera «abonando las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Empleo», pese a que recibió en noviembre de
2009 un informe de la
Intervención General de la Junta en el que se destaca que «el procedimiento
administrativo utilizado por la
Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no
se consideraba adecuado para financiar el gasto público».
El
abogado del exconsejero ya solicitó a la jueza de los ERE la «remoción» de su
imputación porque es «por entero inocente» y «durante su periodo como máximo
responsable político» en la
Consejería «actuó con entero acomodo a la legalidad».
Junto
a Martín Soler, la magistrada mantiene imputados o señalados a diez exconsejeros
más de la Junta
de Andalucía, entre los que se encuentra su homólogo y aforado, Francisco
Vallejo.
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