Juan
Folío
Las
explicaciones de Martín Soler no terminan de convencer a la juez Mercedes
Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)
irregulares. En un auto dictado hoy mismo ha impuesto al exconsejero una fianza
de 4.070.633 euros. Al presidente de la Corporación Tecnológica
de Andalucía, el almeriense Joaquín Moya-Angeler, también le ha impuesto una
fianza de 152.950 euros.
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| Martín Soler, con su abogado |
En
total, las fianzas de responsabilidad civil exigidas por la juez alcanzan los 40.317.001,21
euros para 24 imputados. La fianza más alta, de 10,7 millones de euros, ha sido
impuesta al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez. A Braulio
Medel, presidente de Unicaja, también le ha impuesto una fianza civil de 482.790
euros.
La
juez da un día de plazo a los 24 imputados para que presten las respectivas
fianzas impuestas, en cualquiera de las formas admitidas por la Ley y con apercibimiento que,
de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente
a cubrir las mismas.
Respecto
a Martín Soler, la juez argumenta que fue consejero de Innovación desde el 25
de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, por lo que “abarca un periodo en
el que la Consejería
de Innovación quiere eliminar cualquier apariencia de colaboración con la Consejería de Empleo:
desde mayo de 2008 ya no se firman convenios con la Consejería de Empleo,
pero siguen existiendo las ayudas sociolaborales cuyos fondos son adelantados
por IDEA y en el presupuesto de 2010 desaparece el crédito de las
transferencias de financiación a IDEA".
La
juez también destaca "la expresa vulneración" por parte del
exconsejero del contenido del artículo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad ,
"que impone que los créditos y presupuestarios son limitativos y
vinculantes", pues el imputado "autorizó el abono de una subvención
de 450.000 euros a Abantia Ticsa concedida por la Consejería de Empleo
mediante resolución de 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación".
Para cuantificar la fianza civil a imponer, la juez le impone el cinco por ciento del importe de las ayudas concedidas durante el ejercicio de su cargo, que ascendieron a 61,2 millones de euros, y le suma el tercio legalmente exigido.
Para cuantificar la fianza civil a imponer, la juez le impone el cinco por ciento del importe de las ayudas concedidas durante el ejercicio de su cargo, que ascendieron a 61,2 millones de euros, y le suma el tercio legalmente exigido.
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