Juan
Torrijos
Periodista
El
17 de noviembre está llamado a declarar como imputado el alcalde de Roquetas,
Gabriel Amat. En el entorno del presidente de la Diputación me dicen que
hay tranquilidad ante el Caso Fabriquilla, ya que los informes técnicos
avalaron en su momento la decisión tomada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.
Juicios tengas y los ganes, dice el viejo refrán.
Por
muy tranquilo que se diga que está Gabriel y el resto de sus ediles, la
procesión en estos casos se lleva por dentro. La situación de la justicia no
avala garantías suficientes como para creer en sentencias justas, por lo que cualquier
decisión nos podemos esperar en esta cuestión. Sólo tenemos que ver lo ocurrido
con el Algarrobico o lo último sobre Cándido Trabalón, para que el personal
esté preocupado, o debería estarlo.
La
oposición se ha lanzado al cuello de Gabriel, y desde el Psoe e Iu se pide su
dimisión o cese ante la imputación. Se viene diciendo que la imputación no debe
presuponer nada, que sólo es una citación para contar ante el juez la versión de
esa persona. Yo puedo entender la petición de la oposición, hay que cazar la
pieza, pero no veo que ellos hagan lo mismo cuando son sus piezas y ha habido y
hay casos claros le quitan valor a lo que diga el Psoe sobre Gabriel Amat.
Creo
que si Chaves y Griñán son inocentes mientras una sentencia firme no diga lo
contrario, y sigan ocupando escaño importante en las cortes de España, de igual
modo deber ser tratado el alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación , inocente mientras
no se tenga sentencia firme.
¿Tendrían
que dimitir de sus cargos políticos todos los imputados y no aparecer en lista
electoral alguna? Esa es la gran pregunta que se hace el ciudadano y su contestación
tras los últimos y gran escándalos conocidos es bastante clara: debería dimitir
y no aparecer en lista alguna.
Pero
ustedes no parece que lo vean así, señores políticos, ustedes no la quieren poner
sobre la mesa pero no nos dicen por qué. Si es el rival imputado, que dimita,
si es el nuestro, la imputación sólo es una declaración ante el juez. La toma
de decisiones por parte de los dirigentes tienen sus riesgos, el político lo
sabe y a ello se ajusta.
Ahora
sólo queda esperar a que la justicia diga si la decisión tomada por los ediles
de Roquetas era legal o ilegal. Mientras, en esas estamos.
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