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Armadores y mayoristas de pescado, en pie de guerra

Gabriel Sánchez Ogáyar
Escritor

Se incrementa la venta ilegal de pescado en el puerto de Almería, haciendo que los ánimos de mayoristas y armadores empiecen a caldearse,  amenazando con provocar un conflicto de resultados imprevisibles. Y no es para menos. Si no, juzguen ustedes mismos.

Desde que hace dos meses denunciásemos la segunda venta de pescado prohibida por ley y la venta ilegal de productos del mar que se realiza en furgonetas fuera de la lonja, aunque dentro del recinto portuario, la actividad, lejos de erradicarse, ha ido “in crescendo”. Pero lo que antes era malestar se ha convertido en indignación después de que los vendedores ilegales, lejos de realizar dicha venta de "tapadillo “como hasta ahora la venían realizando, utilicen con impunidad las nuevas tecnologías que los teléfonos móviles les aportan.

whatsapp
Recordemos que si bien, tras la denuncia, Trinidad Cabeo convocó de inmediato a J. Manuel Ortiz, delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, a una reunión en las oficinas portuarias con los representantes de los afectados donde estos pusieron sobre la mesa la situación, el problema a día de hoy se ha enquistado aún más.

Cierto es que las dos Administraciones competentes se comprometieron a actuar y que rápidamente, a pesar de ser fecha vacacional, empezaron a tomar medidas. Sin embargo, visto lo visto,  estas han tenido escasos resultados, al menos hasta el momento.

Desde la delegación se han llevado a cabo inspecciones in situ, comprobando si, como mayoristas y armadores denunciaban, se llevaba a cabo segunda venta. Por otro lado, la Autoridad Portuaria ha encargado a su equipo jurídico un decreto que prohíba dicha actividad ilegal que perjudica gravemente al sector pesquero que ve como el pescado traído de otros puertos compite con el descargado en la lonja por nuestros pescadores, bajando el precio del producto que se vende en la misma al ofertarse mucho más barato, más aún teniendo en cuenta que se vende sin IVA; dicho de manera coloquial, en negro, sin la obligatoria factura y sin pasar los preceptivos controles sanitarios.

Las medidas, por el momento, han sido poco efectivas. Es más, lejos de erradicar el asunto, ha “encabronado” a los vendedores ilegales que ahora se muestran incluso provocadores.

Para muestra sirva uno de esos Whatsapp que minoristas, armadores y mayoristas recibieron el pasado lunes 29 de septiembre y cuyo texto es el siguiente: “mañana almejas, lo fueron berberechos, pescado y lechas, rapes, brecas, herreras, calamares, brótolas de piedra y gallo Pedro, lengueron". Debajo, en otro whasapp, se puede leer: “almejas, coquinas y berberechos” y añaden en actitud claramente provocativa e insultante: “vamos a dar por culo, almejas de Huelva”

La indignación y las quejas por parte de los afectados no se han hecho esperar. A través de su portavoz hemos podido saber que preparan una reunión con el ánimo de movilizarse y estudiar acciones de protesta además de denunciar ante los tribunales a la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y Seprona, por permitir dicha actividad.

Puestos en contacto con Trinidad Cabeo, quien ha tenido acceso a dicho whatsapp, se ha pronunciado de la siguiente manera: "He dado indicaciones claras de no permitir dicha actividad en el puerto, y echar a los vendedores ambulantes del mismo. He comunicado el tema a la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía para que se personen y sancionen dicha actividad. Sé que soy parte del problema, un problema que estoy dispuesta a afrontar y al que voy a dar solución a pesar  de no tener capacidad sancionadora. Que a nadie le quepa duda de que actuaré con contundencia".

La patata caliente con la que Trinidad Cabeo se ha encontrado no es un hecho nuevo. Dicha actividad permitida y acallada se viene realizando de manera encubierta desde hace muchos años sin que hasta el momento nadie se haya atrevido a poner coto a la misma. Una solución que no solo compete a la Autoridad Portuaria, sino también a la Junta de Andalucía y al Seprona, que están obligadas a constatar la procedencia de la mercancía.

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