Íñigo de Barrón
El País
El
Banco de España ha reclamado al grupo Cajamar que incremente las provisiones en
unos 300 millones de euros. El supervisor envió un acta de inspección a la
entidad en julio pasado, según confirmaron fuentes de Cajamar a este periódico,
en la que les exigió este dinero tras comprobar que algunas carteras con
créditos malos no estaban cubiertas adecuadamente.
Cajamar |
Cajamar
ha aprobado el test de solvencia del Banco Central Europeo (BCE), si bien ha
sido el cuarto peor colocado en España. Por otro lado, fue la entidad española
que sufrió más depreciación de sus activos en la revisión de las carteras, el
AQR por sus siglas en inglés.
Según
las últimas cuentas publicadas por Cajamar, a 30 de junio pasado, la entidad
ganó 123,7 millones y tiene previsto cerrar el tercer trimestre con un
resultado de 95 millones, lo que supone un descenso del 23,4%. Hasta la mitad
de año había realizado provisiones por 155 millones, por lo que la exigencia
del Banco de España supone duplicar su esfuerzo actual.
Fuentes
de la entidad aseguraron que se dotaron las provisiones días después de recibir
el acta. Incluso, afirmaron que ahora las provisiones llegan a los 600 millones
de euros. La
entidad ha encontrado parte de los fondos en la venta de su plataforma
inmobiliaria al fondo Cerberus. Obtuvo 225 millones y todos ellos se destinaron
a reforzar las dotaciones.
La
petición del Banco de España se debe a que Cajamar, que consolida en el Banco
de Crédito Cooperativo, no tenía bien cubiertos algunos riesgos de sus
carteras. En concreto, las que provenían de la cooperativa valenciana Ruralcaja, una entidad que absorbió en 2012. Fuentes de la entidad admitieron que
hasta 2013 no encontraron los créditos procedentes de Ruralcaja que no estaban
bien dotados o con las garantías que no eran adecuadas.
Se
da la circunstancia de que la revisión de las carteras, el AQR, concluyó en
junio por lo que el acta se trasladó pocos días después. Fuentes del mercado
mostraron su extrañeza por esta coincidencia. Por
otro lado, Vicente Imbroda, nombrado en mayo presidente de la comisión de auditoría,
ha presentado su renuncia por motivos personales.
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