Simón Ruiz
Periodista
El
‘caso Fabriquilla’, una denuncia que se investiga en el ámbito judicial por la
licencia de obras para construir diez viviendas en Roquetas de Mar, abrió ayer
una nueva página en el amplio capítulo de la confrontación política en esta
provincia. Nada
menos que un portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael
Hernando, y el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez,
elevaron el caso a un asunto de política nacional y autonómica.
Mientras
el primero de ellos salió en defensa de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y
llamado a declarar en calidad de imputado, el segundo pidió claramente la
dimisión del regidor “para lavar la imagen” de Almería y la provincia, dado
que el político popular también preside la Diputación. La
dirección socialista almeriense dio ayer un paso al frente. El jueves, el
secretario de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, subrayó que
“ahora es hora de que la justicia aclare lo que está pasando con este caso –en
referencia al de La Fabriquilla ,
por el que se ha imputado a Amat- y con otros casos” y que “entonces, nosotros
pediremos y exigiremos responsabilidades políticas y públicas” al respecto de
lo ocurrido.
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| Gabriel Amat |
Ni
24 horas pasaron para que Mario Jiménez y el secretario provincial,
José Luis Sánchez Teruel, pidieran sin tapujos que el alcalde de Roquetas deje
el cargo. Y dieron un paso más. Anunciaron que el PSOE se personará en el caso
que se instruye en el Juzgado de Roquetas número uno, surgido a raíz de una
denuncia hace dos años. Jiménez,
a preguntas de los periodistas, dijo que los cargos públicos deben dimitir
cuando son imputados y llamados a juicio oral. “No es el caso de Amat”, le
respondió un periodista. El portavoz del PSOE en la Cámara andaluza vino a
decir que se quiere evitar que aparezca “manchada” la imagen de Almería y
Roquetas de Mar.
Opinión
distinta expresó en rueda de prensa Rafael Hernando, del Partido Popular, que
recordó a los socialistas que no piden la dimisión de Manuel Chaves, José
Antonio Griñán y Gaspar Zarrías por el caso ERE. “No están imputados”, le
aclaró Mario Jiménez al portavoz del PP. Hernando
Fraile dio otro nombre, el de José Blanco. Fue imputado y luego absuelto.
“Durante su imputación, el PSOE no pidió que dimitiera el exministro”. “Los
jueces juzgan en las salas, no en las escaleras como algunos hacen
desgraciadamente con una doble moral (...) La imputación es una garantía
procesal”, añadió.
El
diputado nacional por Almería y portavoz adjunto en el Congreso, Rafael
Hernando, dijo ayer que el caso en el que se investiga la concesión de una
licencia por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la construcción de
diez chalés en la zona de la
Fabriquilla es el resultado de “la situación de inseguridad
jurídica que se ha venido creando de forma deliberada por la Junta de Andalucía”. Hernando
avaló la decisión adoptada en su día por la comisión de gobierno de Roquetas a
raíz de los informes técnicos y jurídicos con los que se daba ‘luz verde’ a la
concesión de la licencia por la que ahora se ha llamado a declarar en calidad
de imputados a siete miembros de la Corporación.
La
oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha empezado a dar pasos tras la
citación judicial a siete miembros de la Corporación por el ‘caso Fabriquilla’. Ayer,
las posiciones que se dieron a conocer no eran coincidentes. Falta por conocer
la postura de Indapa. De
un lado, los socialistas se inclinaron por pedir la celebración de un pleno
extraordinario, pero a la misma vez eran conscientes de que con solo cinco
concejales su propuesta caerá en saco roto. “El PSOE buscará el apoyo del
resto de fuerzas políticas para forzar un pleno extraordinario en Roquetas de
Mar”, rezaba el titular de una nota de prensa enviada ayer tanto desde la sede
provincial como desde la autonómica, ubicada en Sevilla.
Los
socialistas ya intentaron hace un año, sin éxito, que el alcalde, Gabriel Amat,
diera las “explicaciones públicas oportunas” con respecto a la investigación de
la Fiscalía Superior
de Andalucía a raíz de una denuncia que relaciona a la empresa constructora
Hispano Almería “con una presunta financiación ilegal del PP de Almería”.
De
otro lado, Izquierda Unida fue más allá que el PSOE a la hora de pedir
responsabilidades políticas y exigió que dimitan los siete miembros de la Corporación Municipal
citados por la juez para mediados del mes que viene. “Pedimos
la dimisión del alcalde y los concejales, porque ¿con qué autoridad van a
gobernar la ciudad? ¿qué responsabilidades van a exigir a los vecinos si ellos
actualmnte vuelven estar bajo imputación e investigación judicial?”, se
pregunta el portavoz de IU, Ricardo Fernández.
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