José Luis Sánchez Teruel
Secretario General del PSOE de Almería
Con
esta sencilla y contundente expresión, que no es mía, sino de las víctimas:
castigad a los culpables pero no a las víctimas los terceros de buena fe que
compraron una vivienda en nuestra provincia ignorando que era ilegal reclaman a
la sociedad y, en especial nos exigen a los políticos, que hagamos lo que
tengamos que hacer para que, en ningún caso, quienes son en realidad víctimas,
terminen siendo castigadas como si fuesen culpables.
¿Y
cómo puede ser que se termine castigando a quien es una víctima? Pues muy
sencillo, esto ocurre cuando en un proceso judicial el juez, que con las leyes
actuales no puede hacer otra cosa, acuerda la demolición de una vivienda,
comprada por quien no sabía que era una vivienda ilegal, y el culpable de ello
no indemniza al comprador de buena fe por las razones que sean: insolvencia o
similares. El culpable en estos casos cobró, se llevó el dinero y voló. La
víctima, sin embargo, se queda sin casa, porque se ha acordado su demolición, y
también sin indemnización. Eso está pasando en nuestro país, pero tiene
remedio.
Castigad a los culpables |
Tras
escuchar y trabajar muchas horas con los afectados hemos avanzado bastante. En
Andalucía se está haciendo lo que se puede hacer, modificar la LOUA para dar respuesta a
muchos de esos problemas. Ante el Gobierno de Rajoy también estamos trabajando
desde la oposición para que se haga lo que se puede hacer, si se quiere.
Esta
semana, hemos acordado los socialistas de toda España plantear al Partido
Popular y al resto de grupos políticos en las Cortes Generales que en la
reforma del Código Penal, que actualmente se está tramitando, se garantice a
estos terceros de buena fe que no se llevará a cabo la demolición de la
vivienda que compraron hasta que se les haya asegurado la indemnización.
También
vamos a pedir que puedan ser parte en esos procedimientos, para que no se
enteren de la demolición por la prensa o cuando lleguen las maquinas a su
puerta. Por último, también vamos a tramitar una modificación de la ley estatal
del suelo en esta misma dirección para asegurarles siempre la indemnización. En
todo caso, el culpable siempre debe ser castigado.
Estos
cambios son algo sencillo, de sentido común, justos, que podemos hacer, que no
cuestan dinero. La solución a este problema no requiere de millones de euros,
no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política, de querer o
no querer solucionarle los problemas a la gente. Y nosotros sí queremos.
Hasta
ahora, el Partido Popular no ha querido. Conocen este problema, desde Arenas,
que cuando se hacía llamar Javier se entrevistó con los afectados en la campaña
electoral de 2012, hasta otros muchos compañeros de su partido, sin que hasta
la fecha los afectados hayan tenido noticia alguna suya.
Pero
es que cuando llegaron las elecciones europeas también se interesó por este
asunto el ya eurodiputado popular González Pons y ocurrió lo mismo que con
Javier, que no han vuelto a tener noticias de él ni de sus gestiones.
El
PP tiene ahora una magnífica oportunidad de arrimar el hombro, de poner su
grano de arena, y de demostrar voluntad política. Hasta ahora, solo se ha
interesado por el tema para preocuparse por la suerte del promotor que resulta
ser el pillo o el pícaro de turno, que vendió una vivienda a sabiendas de su
ilegalidad, les cobró a los afectados y ahora tiene que devolver lo cobrado; y
claro, quieren que se escape de rositas. ¿Cómo? dejando sin demoler la vivienda
que se hizo ilegalmente para así no tener que indemnizar. Es lo que pasa cuando
solo te preocupas de los pillos y no de la gente. Ya está bien.
No hay comentarios:
Publicar un comentario