Elena Torres
Directora de Teleprensa.com
El
intento del presidente de la
Diputación de Almería, Gabriel Amat, por hacer funcionarios a
buena parte de los contratados laborales con los que cuenta la institución
provincial no es buena idea y huele más a precampaña que a un intento de querer
ser ‘justo’ con personal que lleva años trabajando en esta casa sin tener aún
su plaza fija.
Gabriel Amat |
Ya
lo dijo hace unos días en la junta directiva provincial del PP, el partido está
en recesión. Aunque en aquel encuentro no quiso reconocer el bajón monumental
que se refleja en las encuestas y apenas lo valoró como ‘una chispa’ menos de
respaldo el que ahora tienen los populares, el hecho de referirse a datos
negativos para el partido en un acto público del PP que siempre se utiliza para
decir aquello de que ‘somos los mejores y estamos más fuertes que nunca’, es
toda una asunción del declive que se vive detrás de estas siglas. Por primera
vez parece que los excesos de gobernar desde la soberbia con una mayoría
absoluta y sin dar respuesta a la corrupción empiezan a pasar factura.
Como
digo, este panorama parece que es el que está llevando al PP a buscar voto
cautivo allí donde pueda encontrarlo y en este contexto se enclava ese intento
de funcionarización que ha emprendido en la Diputación de Almería.
Sin embargo, como ya nos tiene demasiado acostumbrados este partido, una vez
más el proceso que trata de llevar a cabo cuenta con todos los ingredientes de
una decisión arbitraria y sin rigor que no parece compatible con el marco legal
en el que se debe desenvolver la contratación en una administración pública.
El
proceso que se pretende emprender ya está levantando el recelo de muchos y
contra el mismo ya se han presentado alegaciones. Y es que no se puede tratar
con el mismo rasero a quien entró en la administración tras pasar una prueba y
los que han accedido a través de una comisión de servicio, es decir, quienes
internamente han promocionado a dedo.
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