El Ayuntamiento de Almería, subcampeón nacional en la falta de transparencia

Juan Folío

La Opinión de Almería

Lo que son las casualidades: el mismo día que el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, se pone a escribir un artículo (que se puede leer aquí: http://www.laopiniondealmeria.com/2015/01/caos-en-el-psoe-municipal.html) sobre la deficitaria situación en la que se encuentra el Grupo Municipal Socialista, titulado ‘Caos en el PSOE municipal’, Transparencia Internacional hace pública la relación de municipios menos transparentes de España. Y precisamente el municipio del que Sánchez es portavoz, el de Almería, es declarado el segundo menos transparente de España.

Carlos Sánchez, portavoz

La puntuación media de transparencia para los 110 mayores ayuntamientos de España es de 85,2 puntos. Los diecinueve ayuntamientos que obtienen la nota máxima son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Badalona, Barcelona, Bilbao, Getxo, Guadalajara, Lérida, Móstoles, Oviedo, Palma de Mallorca, Sabadell, San Cugat del Vallés, Soria, Torrejón de Ardoz, Torrent, Vitoria y Zaragoza. Los menos transparentes son Granada (28,8 puntos), Almería (30), Badajoz (32,5), Jaén (37,5) y Teruel (38,8). De los 110 municipios analizados, 102 ayuntamientos han llegado al aprobado.

El Índice Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) elaborado por Transparencia Internacional España analiza un total de 80 indicadores de seis áreas principales que van desde la transparencia de la corporación municipal, los contratos y costes de los servicios, o la información económico-financiera, de urbanismo, obras públicas y medioambiente.

Desde el PSOE de Almería se denuncia esta doble moral que practica el equipo de Gobierno municipal. Mientras su portavoz, Carlos Sánchez, dedica su tiempo a dar lecciones al PSOE de cómo debe hacer oposición, su mutismo ha sido clamoroso tras los datos hechos públicos por Transparencia Internacional España. Precisamente es el concejal Sánchez el responsable del tema en el consistorio de la capital.

Según Déborah Serón, concejala socialista, el problema ya no es solo que el Ayuntamiento de Almería ha suspendido su calificación, sino que va de mal en peor. Mientras en 2008 obtuvo una calificación de 32 sobre cien ahora ha conseguido 30 sobre cien. Y, encima, Carlos Sánchez dando lecciones de cómo hay que ejercer la oposición.

La concejala socialista ha recordado que en febrero de 2014, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción del PSOE dirigida a poner fin al oscurantismo que caracteriza la gestión del PP en el Ayuntamiento de Almería. En el debate, el equipo de gobierno asumió las propuestas socialistas. Según Serón, el portavoz del Grupo Popular condicionó el desarrollo de las mismas a los plazos y condiciones que, por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, se propongan, dado que se iban a ver afectados derechos regulados por la normativa de protección de datos de carácter personal, y plazos legales que cumplir. Lo acordado, pero no llevado a la práctica adecuadamente, es lo siguiente:

Inicio inmediato de los trámites administrativos necesarios para la adaptación a la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el menor tiempo previsto.

Que se publique en el portal web del Ayuntamiento de Almería, a la mayor brevedad posible, la información institucional, organizativa, de planificación, económica, presupuestaria y estadística o de cualquier relevancia jurídica a la que hacen referencia el capítulo II del Título I de la mencionada ley.

Que los órdenes del día de las reuniones de La Junta de Gobierno local estén disponibles en el portal web municipal, con carácter público, al menos con un día de antelación a la fecha de celebración.

Que el texto de los acuerdos adoptados y los documentos que correspondan se publiquen en el portal web del Ayuntamiento de Almería en un plazo no superior a tres días desde la celebración de la reunión , con los límites legales establecidos (intimidad de las personas, protección de datos de carácter personal, seguridad pública, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, secreto industrial y comercial, así como la protección del interés general y de los derechos e intereses legítimos de terceros.

Que el acceso a dichos acuerdos y a la documentación se mantendrá, al menos, durante el plazo de tres meses desde la adopción de los mismos. En todo caso, transcurrido ese plazo seguirán siendo accesibles previa solicitud.