Agustín
de J. Muñoz Soler
Comentarista
político
La
imputación judicial del concejal roquetero Juan F. Ortega Paniagua ha evidenciado,
una vez más, las distintas varas de medir que existen en los partidos políticos,
que en estos asuntos sí manifiestan las clases en contraposición con la
concepción más pura de su sentido en un Estado de Derecho.
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| Juan F. Ortega |
Viene a producirse este distingo justamente en una provincia donde se evidencia
el más elevado grado de indignación popular en esta manifestación de
comportamientos en los que no deben reflejarse representante político alguno. Y
me explico, para que se me entienda con absoluta claridad lo que vengo a decir.
Cuando se desarrolló la
Operación Poniente , con la detención e imputación judicial
del alcalde de El Ejido, el presidente del PP-A le pidió persistentemente a
Juan Enciso la dimisión por el mero hecho de su situación judicial, a lo que le
respondí que manifestara públicamente si todos sus alcaldes y concejales imputados
deberían dimitir, comprometiéndome a no dejar uno en la provincia de Almería
porque yo soy de los que piensan que un alcalde comete un delito diario.
Ahora
se ha producido un hecho singular que ha colocado en la picota al PSOE, y es la
sonora imputación del alcalde de Albox con anterioridad a la reciente del
concejal de Roquetas de Mar. Ambos son concejales y únicamente parece diferir
la imputación en la causa que la ha provocado, lo que intuyo que ha sido
determinante en la valoración política que el secretario general provincial ha
hecho, cometiendo, en mi opinión, el más grave y craso error político que un
cargo orgánico puede cometer.
Vengo sosteniendo, y en honor a la verdad, a tenor del interés despertado, con reconocido éxito, que nuestros gobernantes se encuentran sumidos en un estado de pánico que solo les conducen a cometer error tras error, y uno de los más interesados es concebir como corrupción política el latrocinio pero no la anulación de derechos constitucionales.
En
la provincia de Almería se ha venido a producir una imputación judicial por
conculcar supuestamente derechos fundamentales y otra imputación judicial por
asuntos económicos. En el primer caso se encuentra el alcalde de Albox en tanto
que en el segundo un concejal de Roquetas de Mar. Y el tratamiento que están
recibiendo los dos cargos electos socialistas por la Ejecutiva Provincial
del PSOE es indignantemente opuesto, ya que en al alcalde se le permite
presentarse a la reelección y al concejal se le obliga a dimitir.
Con
su comportamiento, el secretario general ha conseguido hacerle la campaña
electoral al PSOE en Roquetas de Mar, donde, también es verdad, deseaba
ajustarle cuentas a la actual Ejecutiva Municipal y a la candidatura
socialista. Es público y notorio que la Ejecutiva Provincial
no admite a la
Ejecutiva Municipal de Roquetas de Mar tras haber destituido
a la anterior que es la que contaba con todo su incondicional apoyo.
Es
un extracto del artículo completo que se puede leer pinchando en este enlace:
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