Antonio
Quesada
@AntonioFQuesada
No
alcanzo a imaginar qué puede mover a alguien a retorcer la realidad de la
manera que lo ha hecho el Ayuntamiento de Almería para disculpar lo ocurrido
con la anulación de la adjudicación realizada a la empresa concesionaria de los
servicios funerarios. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
señala, entre otras cosas y de manera clara, que el equipo de Gobierno municipal
se habría saltado los trámites legales correspondientes y que la transparencia
en esa concesión habría brillado por su ausencia.
Todo
lo ocurrido con este caso nos recuerda mucho a otros que también han salido a
la luz pública relacionados con distintas concesiones administrativas y por las
que aún se deben muchas explicaciones. Una vez más, ya ven, la transparencia –esa
bandera que en la capital parece estar siempre a media asta- queda en entredicho,
tal y como apuntaba recientemente un estudio que situaba al Ayuntamiento de
Almería en penúltimo lugar en el conjunto del país. Feo asunto.
Me
cuesta trabajo, por lo tanto, entender que si la ventolera que nos ha
acompañado durante estos días no ha influido de manera determinante en las
justificaciones que se han ofrecido a este nuevo varapalo judicial, cómo es
posible que no se estén asumiendo responsabilidades y pidiendo disculpas al máximo
nivel.
No
parece, sin embargo, que nadie esté dispuesto a seguir esa línea de entonar el mea
culpa. Lejos de eso, se ha culpado a la oposición de airear estas y otras
sentencias contra el Ayuntamiento y de ir contra los intereses de la ciudad y
de los ciudadanos. El mundo al revés.
Si
alguien ha entendido que la que fiscalización de las decisiones que toma una Administración,
especialmente cuando pueden conllevar un quebranto de las arcas públicas,
supone un ataque directo a los almerienses es que no ha entendido nada o que,
entendiéndolo, solo pretende salvar su trasero y muy poco más.
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