Anna
Flotats
Público
La
asociación centrosdemenores.es ha
difundido un vídeo en el que se observa a dos menores internados en el Centro
de Menores Tierras de Oria, en Almería, siendo supuestamente maltratados. Los jóvenes
aparecen atados a una cama, llorando y gritando. "¡Dadme agua, por favor,
os lo pido!", exclama uno de los jóvenes, entre sollozos.
No
es la primera vez que este centro es acusado de vejar a sus internos. En abril
de 2012, la delegación del Gobierno de la Junta en Almería ivestigó su funcionamiento después
de que la familia de un interno denunciara "continuadas represiones físicas
y verbales" contra su hijo.
El
centro, de titularidad pública, está gestionado por la empresa Ginso, que saltó
a la palestra en 2011 tras la extraña muerte de un interno en sus instalaciones
de Brea de Tajo (Madrid). Ramón Barrios, de 18 años, murió de un paro cardíaco,
pero su familia pidió que se abriera una investigación sobre su fallecimiento
porque observaron arañazos y moratones en el cuerpo del joven funeral.
En
este caso, el vídeo que ha difundido la asociación centrosdemenores.es
"muestra que el centro aplica medidas de contención fuera de la ley",
explica a Público uno de sus portavoces, Alfonso Galiana.
El Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece que sólo pueden
utilizarse medios de contención "para evitar actos de violencia o lesiones
de los menores a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga, para
impedir daños en las instalaciones del centro y ante la resistencia activa o
pasiva a las instrucciones del personal del centro en el ejercicio legítimo de
su cargo".
Galiana
insiste en que la sujeción que muestra el vídeo está "fuera del marco
legal" porque los menores pasaron "cinco horas amarrados",
cuenta, y porque "no están supervisados por personal educativo".
En
este sentido, la ley refleja que la contención "nunca supondrá una sanción
encubierta y sólo se aplicará cuando no exista otra manera menos gravosa para
conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario".
Además, señala que "cuando se aplique el aislamiento provisional (...) el
menor será visitado por el médico o el personal especializado que
precise".
El
director del centro, Manuel Madrid, no ha querido especificar contra quiénes ha
interpuesto la demanda aludiendo que se trata de "un tema reservado"
relacionado con "el despido de un trabajador por motivos muy graves".
Aun así, Madrid ha asegurado a Público que "el centro no tiene nada que
temer" y que siempre "actúa con una transparencia absoluta".
"Maltratan
a un chaval y, acto seguido,
lo denuncian para cubrirse las espaldas"
Mientras
la Junta de
Andalucía investiga al centro de menores Tierras de Oria de Almería por
supuesto maltrato a internos, a Laura (nombre falso) se le rompe la voz cuando
cuenta por teléfono que las vejaciones que refleja el vídeo difundido por la
asociación centrosdemenores.es son
el pan de cada día en esta institución.
Sabe
de lo que habla porque su hijo lleva varios años en este centro dependiente de la Consejería de Justicia
e Interior de la Junta
de Andalucía. Esta madre, que prefiere no aportar detalles ni fechas concretas
que puedan delatar la identidad de su hijo, denuncia "graves
irregularidades" en los procedimientos terapéuticos y de contención
practicados a los internos en este centro de titularidad pública gestionado por
la empresa Ginso.
"A
mi hijo lo han atado varias veces. Un día le vi cicatrices en la cara y tenía
las muñecas y los pies hinchadísimos, ni siquiera podía ponerse unas
chanclas", recuerda esta mujer, cuyo testimonio se une al de Alfonso
Galiana, presidente de centrosdemenores y ex interno del Tierras de Oria que denunció
agresiones en 2012 aunque finalmente su caso se sobreseyó.
Los
medios de contención pueden utilizarse legalmente "para evitar actos de
violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas, para
impedir actos de fuga, para impedir daños en las instalaciones del centro y
ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro
en el ejercicio legítimo de su cargo", según refleja el Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
De
hecho, el Defensor del Menor de Andalucía recomendó cambiar las medidas de
"aislamiento y sujeción mecánica" del centro tras las quejas de tres
jóvenes. En el informe La atención a menores infractores en centros de internamiento
de Andalucía entregado al Parlamento autonómico en diciembre de 2014, los
menores afectados por el incidente "coincidían en lamentar el tiempo
excesivo que permanecían inmovilizados, sujetos por correas", así como el
"daño psicológico" que les producía la luz continúa de la habitación
"al no permitirles conciliar el sueño con facilidad".
Laura
explica el que, según ella, es el modus operandi del centro: "Ellos
maltratan a un chaval y, acto seguido, lo denuncian para cubrirse las
espaldas". De hecho, una de las veces que los trabajadores del Tierras de
Oria ataron a su hijo, Laura y su familia tuvieron que indemnizar a uno de los
trabajadores porque el juez le dio la razón".
Este
lunes, justo después de anunciar que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
investigará los supuestos maltratos en este centro, su representante, Emilio de
Llera, ha afirmado: "Me extrañaría mucho que hubiese ese tipo de
irregularidades en ese centro" porque "es emblemático en la justicia
juvenil andaluza y tiene unos resultados extraordinarios".
En
el vídeo —denunciado por el centro ante el Juzgado de Instrucción Único de
Purchena— aparecen dos jóvenes atados a una cama, llorando y gritando. "¡Dadme
agua, por favor, os lo pido!", exclama uno de los chicos, entre sollozos.
El director del centro, Manuel Madrid, declaró este lunes a Público que las imágenes
"están manipuladas y tienen fines sensacionalistas".
Madrid
ha insistido en que el equipo profesional del Tierras de Oria está "muy
tranquilo" aunque "consternado" por si "estas
mentiras" empañan "el trabajo impecable de una plantilla volcada en
unos chavales que, por otra parte, son muy difíciles". El director del
centro repite que "todo está conforme a derecho". "Ojalá
pudieran venir al centro y ver cómo trabajamos de verdad", concluye.
Laura
no sólo denuncia agresiones físicas en el centro, sino también malas prácticas
terapéuticas. Asegura que los chavales "no reciben tratamiento psicológico",
sino que el centro se limita, cada tres meses, a hacer rellenar un cuestionario
a los niños para mandarlo al juzgado". Madrid afirma que estas
afirmaciones son "inciertas".
Laura,
sin embargo, repite que en el Tierras de Oria todo funciona al revés que fuera
de sus instalaciones: "Aquí te pueden quitar la custodia por darle una
bofetada a tu hijo y allí pueden darle palizas y no pasa nada", sentencia.
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