Alejandro
López Martínez
Partido
Andalucista
A
raíz de la información publicada en diversos medios sobre la situación de
inexistencia de responsabilidad penal de Antonio Peñuela, alcalde de Partaloa
por el PSOE, dicha información tiene como único propósito tratar de confundir a
la directiva provincial del PSOE sobre su implicación en los hechos que se
están juzgando por delitos urbanísticos, así como su condición a la fecha de
acusado por delito de prevaricación.
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| Antonio Peñuela |
El
mismo que tiene expediente de expulsión aperturado por el PSOE en el año 2011 seguramente
no ha explicado a la directiva provincial del PSOE el por qué dispone de un
poder notarial absoluto, “tan amplio y extenso como permite la ley”, de las
tres empresas que han tenido relación en la construcción de los numerosos chalet
que se han construido de forma irregular en Suelo No Urbanizable, y que hoy se
encuentran con una petición de orden de derribo por el fiscal.
Muy
al contrario, el Sr. Peñuela hace alarde de un archivo por un error de
calificación por parte del fiscal en el escrito de acusación, donde lo
imputaban erróneamente por prevaricación, y no por un posible delito contra la
ordenación del territorio tal y como ponía en la denuncia que originó dicho
procedimiento judicial.
En
dicha causa, aún pendiente de sentencia, consta la existencia de poder notarial
a su nombre, emitido por las diferentes empresas que han construido las
viviendas irregulares en el Residencial Retamar de Partaloa, existiendo
numerosas peticiones de licencias de obras y contratos privados de venta
firmados por este señor, los cuales habrían servido para adquirir viviendas por
ciudadanos ingleses –adquirientes de buena fe- y que hoy se encuentran ante una
petición de derribo por parte del fiscal.
Es
una incongruencia que el Sr. Peñuela pudiera liderar una candidatura en el
mismo partido que elevó al Senado propuesta para la modificación del Código
Penal al objeto de evitar los derribos de viviendas en Suelo No Urbanizable, hasta
el resarcimiento por los responsables de los daños, a los adquirentes de buena
fe.
El
Sr. Peñuela olvida así mismo recordar que pesa sobre él una denuncia presentada
ante la Fiscalía
Provincial de Almería, la Comandancia de la Guardia Civil y ante
la Gerencia
Territorial del Catastro, por la desaparición –según informe
técnico- de un extenso terreno de titularidad comunal, es decir, del común de
los vecinos, en donde aparecen los chalet hoy construidos por las empresas de
las cuales el candidato socialista gozaba de un amplio poder notarial.
Relacionado
con la trama urbanística, existe igualmente denuncia presentada en el juzgado
de Huércal-Overa por la presunta comisión de delito de prevaricación del
Sr.Peñuela y resto de miembros del Grupo Municipal Socialista, al haber votado
a favor de la aprobación del Plan General existiendo obligación legal de
abstenerse por interés personal (según informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial
de Almería), y en contra de un informe desfavorable de la Agencia Andaluza
del Agua, haciendo caso omiso a las advertencias de la Secretaría del
Ayuntamiento, todo ello con el presunto interés de dar cobertura legal a la
construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable en las que directamente
tendría intereses, como demuestran los poderes notariales.
Todos
estos hechos constituyen la clara prueba de la existencia de una presunta trama
de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Partaloa que, a la fecha, sigue
investigándose, existiendo procesos pendientes de resolución judicial en los
cuales podría estar implicado el Sr. Peñuela, y por los que su compañero de
filas como concejal actual y ex-alcalde de Partaloa y presidente de la Agrupación Local
del PSOE, el Sr. Federico Molina, tiene en firme petición de siete años y medio
de cárcel en uno de los procedimientos.
Un
partido que abandera la lucha contra la corrupción urbanística no debería tener
en sus filas a concejales y mucho menos alcaldables que se encuentren
relacionados con dichos casos de corrupción, y que tanto daño están haciendo a
los propietarios de viviendas.
Por
último y no menos importante, el Sr. Peñuela olvida mencionar que a la fecha se
encuentra imputado por delito de prevaricación, teniendo señalada apertura para
juicio oral, en el que resulta ser acusado por cesar ilegalmente a un secretario
habilitado a nivel nacional, enfrentándose a una petición por parte del fiscal
de inhabilitación especial para empleo o cargo público de ocho años y seis
meses y una petición por parte de la acusación de diez años.
En
definitiva, es claro que el Sr. Peñuela no está exonerado de cualquier delito,
tal y como se manifestó en los medios de comunicación, entendiendo que es una
clara artimaña con el objeto de eludir la resolución del expediente de expulsión
que tiene aperturado por su partido desde el año 2011.