Jorge
Lirola Delgado
Profesor de la UAL
El 2
de junio de 2015, Carmelo Rodríguez Torreblanca asume el rectorado de la UAL y lo hace con un
significativo retraso pues ganó las elecciones el 10 de marzo. La presidenta en funciones
de la Junta ,
Susana Díaz, ha antepuesto sus tareas al frente del PSOE a aquellas otras por
las que le pagamos su sueldo todos los andaluces. Y el
día de antes, el rector saliente, Pedro Molina García, nos ha escrito a todos
los miembros de la
Universidad despidiéndose y agradeciéndonos a todos la
comprensión, el apoyo, las sugerencias e incluso las críticas.
No
dudo de su sinceridad al asegurar que la Universidad ha sido el centro de su vida, si bien
considero que se le ha olvidado añadir que, durante todos estos años, la ha
tomado como cortijo particular, para hacer y deshacer a su antojo y al de su
compañero inseparable, José Antonio Guerrero Villalba.
Pedro Molina |
Somos
muchos los que nos alegramos de que, tras más de 25 años de gestión
universitaria, el Sr. Molina se jubile de la misma, y pronto lo hará de la
docente, tarea que dejó hace muchos años. Es un hecho incontestable que quienes
querían continuar su gestión, aglutinados en torno a la figura de Javier de las
Nieves, con José Antonio Guerrero a la sombra, perdieron las últimas elecciones
con un sistema electoral que les había favorecido hasta entonces.
Muchas
de sus actuaciones han sido más que polémicas, favoreciendo un clientelismo
dentro de la Universidad
(baste recordar el caso del ex-concejal del PSOE Rafael Guijarro Calvo, entre
otros muchos). Y, con el gran mal de la impunidad que sufrimos los
administrados, se vio amparado por los presidentes de la Junta de Andalucía ante la
vulneración de la ley de incompatibilidades, pues tuvo la ocurrencia de aceptar
ser asesor de un banco al tiempo que gestionaba el dinero público.
Y lo
dice quien suscribe, que ha padecido una feroz represión por denunciar algunas
de sus actuaciones ante la fiscalía y públicamente. Pedro Molina entendió que al
criticar yo sus actuaciones no solo mostraba falta de respeto con un superior,
que era él mismo, sino que también atentaba gravemente contra la Universidad , y me
sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de cuatro años y tres meses, en los que
no podría ni sacar un libro de la biblioteca de la Universidad (incluso llegó a dar la orden de que
cambiaran la llave del despacho que tengo asignado).
Soy
consciente de que muchos compañeros han tenido peor suerte que yo, pues, en mi
caso, conseguí resistir y ganar el juicio, de modo que se me anulara
la sanción, con una fuerte sentencia que le decía que no se puede ser juez y
parte, como había querido ser él. No obstante, la anulación no es firme aún
pues, en otra actuación que no hacía sino profundizar en lo dicho en la
sentencia, decidió personalmente que la
UAL la recurriera ante el TSJA, sin prestarse a que fuera la Junta de Gobierno la que
tomara la decisión, a pesar de que miembros de la misma así se lo solicitaron.
En
la querella y en las denuncias que he presentado contra él ante los juzgados
por lo que entiendo que han sido abusos de poder, ha utilizado los servicios
jurídicos públicos, cuando, de ser cierto lo que denuncio, habría cometido
delitos punibles, lo cual afecta a la persona y no al cargo, por lo que debía
haberse pagado un abogado y un procurador como he tenido que hacer yo.