Emilio
Ruiz
Hasta
hace unos meses, los sueldos de los cargos electos locales dependían exclusivamente
de la decisión de sus plenos. Por esa razón había tanta disparidad y, a veces, tanto
desmadre. La Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
ha puesto orden en el tema. Son ahora los Presupuestos Generales del Estado los
que marcan las pautas de lo máximo que pueden cobrar los integrantes de las corporaciones
locales.
El sueldo
más alto se estipula en 100.000 euros brutos y está reservado para poblaciones
de más de medio millón de habitantes. A partir ahí, los sueldos menguan según
la población. En el caso de Almería, que está en el escalón de entre 150.001 y 300.000
habitantes, el límite salarial es 80.000 euros. Los cargos electos de El Ejido
y Roquetas -entre 75.001 y 150.000 habitantes- pueden percibir 75.000 euros. Los
de Adra, Níjar y Vícar –entre 20.001 y 50.000 habitantes-, 55.000 euros. Los
electos de poblaciones entre 10.001 y 20.000 habitantes tienen su límite en 50.000
euros, y los que están entre 5.000 y 10.000 habitantes, 45.000 euros. Por
debajo de 5.000 y por encima de 1.000 pueden percibir hasta 40.000 euros. Los miembros de Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes
no pueden tener dedicación exclusiva.
“El Ayuntamiento de Almería podría equipararse, por su
dimensión, a una gran empresa de la provincia”
Durante
estos días son tema de debate las retribuciones aprobadas por el Ayuntamiento
de Almería. Vienen a ser éstas: el sueldo del alcalde es de 76.000 euros
anuales, 2.000 más que el del primer teniente de alcalde. Los demás tenientes
de alcalde, cerca de 68.000 euros. El resto de concejales del equipo de
Gobierno con dedicación exclusiva perciben en torno a 65.000. Los concejales
liberados de la oposición, 59.400 euros, y los que tienen dedicación parcial al
75%, 38.600 euros. Los portavoces de los grupos cobran 65.000 euros. Para
calcular el sueldo neto hay que restarles la oportuna retención (en torno al
40%).
Como
es lógico, ninguna de esas retribuciones supera los límites legales. Creía que,
con esta premisa, el debate estaba agotado. Pero no es así. Algunas reacciones
son muy viscerales: “Latrocinio político”, proclama el periodista Pepe
Fernández. “Políticos avariciosos”, acusa su colega Marta Soler. Reconozco que
a mí también me produce pudor hablar de sueldos de uno o varios miles de euros
cuando hay familias que apenas pueden llevar algo a casa. Comprendo igualmente la
frustración del periodista que ve cómo lo más que su empresa le hace es un
contrato en precario. Pero ni la demagogia es el mejor vehículo para arreglar los
problemas de la gente ni las proyecciones personales deben formar parte de un debate
sereno.
El
Ayuntamiento de Almería podría equipararse, por su dimensión, a una gran empresa
de la provincia. Por sus responsabilidades y exigencias, sus cargos electos
podrían asimilarse a los directivos de ese tipo de empresas. Las retribuciones
acordadas no son exageradas. Cuestión distinta es que no nos satisfaga la
gestión. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo que hace cualquier empresa
con sus directivos: echarlos. En este caso, no elegirlos. Y, por supuesto, dar
la opción a cualquier ciudadano –periodistas soliviantados incluidos- de
someterse a la voluntad popular para ocupar uno de estos puestos que, por lo
que se ve, algunos tanto anhelan.
