Emilio Ruiz
El
paro y la corrupción son los dos grandes problemas que ahora mismo preocupan a
los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Lo del paro está más que justificado, por esos cinco
millones de personas que aún carecen de un puesto de trabajo. Lo de la
corrupción, también, por los innumerables casos que estos últimos meses copan
las portadas de los periódicos.
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| Mari Carmen Ortiz, con Ortiz Bono |
A
estas alturas de la película, nadie duda de que hay sectores mediáticos y
políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum revolútum, tal vez con
el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de un volcán descontrolado.
Pero es conveniente discernir el grano de la paja. No se puede equiparar el
caso de Luis Bárcenas, con sus cuentas y millones de euros en Suiza, con, por
ejemplo, el caso de Juan Carlos Monedero, que lo que hizo fue utilizar una
argucia fiscal cuya ilegalidad aún está por demostrar. O el caso de Rato con el
de Chaves y Griñán.
“Hay sectores
mediáticos y políticos interesados en hacer de la corrupción un tótum
revolútum, tal vez con el propósito de diluir casos sangrantes en el magma de
un volcán descontrolado”
En
medio de este mar revuelto se da por hecho que todo político imputado es un
corrupto. Enorme disparate. Como tremendo disparate es pedir el cese de
cualquier político imputado sea cual fuere la causa de su imputación.
Durante
estos días, algunos medios de comunicación y formaciones políticas están
pidiendo a Susana Díaz el cese de cinco cargos públicos de la Junta de Andalucía “por
corruptos”. Recordemos las razones de la imputación de cada uno de ellos:
José Manuel Ortiz Bono, delegado territorial
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. Está imputado a raíz
de la denuncia presentada por el Grupo Ecologista Mediterráneo por posibles
irregularidades cometidas en el cambio de uso de forestal a agrícola de 300 hectáreas de
terreno en Tabernas para plantar olivos. Según los ecologistas, no se ha
realizado la evaluación de impacto ambiental.
María Inmaculada Oria, delegada de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada. El Juzgado de Instrucción
6 de Granada dilucida si pudo incurrir en los delitos de prevaricación omisiva
contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de
los vertidos de aguas fecales desde la depuradora de la prisión de Albolote.
Sandra García, delegada del Gobierno en
Granada. Imputada también por los vertidos de aguas fecales de la cárcel de
Albolote por sus responsabilidades cuando era delegada de Medio Ambiente.
Manuela de Paz, presidenta de la Autoridad Portuaria
de Huelva. Imputada tras una denuncia de CCOO por presunta comisión de
delitos medioambientales en el proyecto de ampliación del muelle, que requería
evaluaciones ambientales que no se habrían realizado.
Francisco Javier Madrid, director de
Gestión del Medio Natural. Imputado por un presunto delito de prevaricación
por no impedir la caza de fringílidos.
Dice
el DRAE que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o
viciar”. Sayed y Bruce definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del
poder público para beneficio personal y privado”. ¿Realmente a estos cinco
cargos públicos de la Junta
de Andalucía hay que considerarlos políticos corruptos? Creo que no, que la
corrupción es algo más grave que la autoría de un acto administrativo
equivocado.
